El legislativo de Oregón en Estados Unidos votó a favor de revertir su histórica ley de despenalización de drogas, una decisión que deja el futuro de esta medida en las manos de la gobernadora demócrata Tina Kotek. Esta legislación, pionera en su tipo, eliminó las sanciones criminales por la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilícitas, como heroína, cocaína y metanfetaminas, en un intento por priorizar el tratamiento sobre el encarcelamiento.
Sin embargo, ante el incremento de las tasas de sobredosis mortales en el estado, un cambio en la percepción pública y política ha empujado a los legisladores a considerar una reintroducción de las penalizaciones criminales para la posesión de drogas para uso personal.
La ley original, denominada Medida 110, fue aprobada por los votantes en el 2020, con la intención de redirigir considerables sumas de ingresos fiscales del cannabis hacia servicios de adicción. A pesar de las intenciones, la implementación ha enfrentado obstáculos; los fondos destinados a los servicios de tratamiento tuvieron retrasos en su distribución y el sistema sanitario, ya de por sí tensionado por la pandemia de COVID-19, luchó para establecer el nuevo sistema de tratamiento, según hallaron auditores estatales.
Los partidarios de la ley original argumentaban que décadas de arrestos por posesión y uso de drogas no habían contribuido a solucionar la crisis de adicción y que el tratamiento era un enfoque más efectivo. No obstante, el surgimiento de la crisis del fentanilo y un preocupante aumento en las sobredosis mortales llevaron a una intensificación de la oposición republicana y a una campaña bien financiada para modificar o derogar la Medida 110.
Aunque algunos estudios sugieren que la despenalización no está directamente asociada con el incremento en las sobredosis mortales, otros consideran que aún es prematuro tener datos concluyentes. Con Oregón experimentando uno de los mayores aumentos en fatalidades por sobredosis a nivel nacional, demócratas que en su momento apoyaron con entusiasmo la ley, están reconsiderando su posición.
De acuerdo con la agencia de noticias The Associated Press, el proyecto de ley recientemente aprobado convierte nuevamente en un delito la posesión de drogas para uso personal, clasificándola como un delito menor punible con hasta seis meses de cárcel. Busca facilitar la actuación policial contra el consumo de drogas en áreas públicas, como parques, y mejorar la posibilidad de procesar a quienes vendan drogas.
Sin embargo, este giro ha provocado una preocupación significativa entre algunos sectores, que temen un incremento en los arrestos y un agravamiento de las desigualdades sociales. “Este proyecto de ley tendrá impactos devastadores en las comunidades afroamericanas y los oregonianos de bajos ingresos”, destacó el senador demócrata Kayse Jama, reflejando el temor de que la medida sobrecargue un sistema judicial ya tensionado y profundice las barreras para aquellos condenados por posesión, incluso por cargos menores.
A pesar de las preocupaciones, la propuesta recibió un respaldo bipartidista, pasando el Senado estatal con una votación de 21 a 8 y la Cámara estatal con 51 a 7 votos.
Bajo la legislación de Oregón, la gobernadora Kotek tiene cinco días hábiles para vetar un proyecto de ley una vez que este llegue a su escritorio. Si decide firmarlo, o no hacer nada, la ley entrará en vigor. No obstante, si la Legislatura se cierra antes de que inicie la cuenta atrás de cinco días, la gobernadora dispondrá de un plazo de 30 días para emitir un veto. Aunque Kotek se ha mostrado previamente abierta a considerar la ley, su decisión final permanece en el aire, con el tiempo corriendo desde que el proyecto se desplazara hacia su escritorio.