La Corte Suprema de Estados Unidos discute el futuro de la libertad de expresión en internet

Es un episodio más de las guerras culturales en los Estados Unidos —encendido por los estados súper republicanos de Florida y Texas— y podría definir, ni más ni menos, lo que se entenderá por libertad de expresión en internet, al menos en ese país.

La Corte Suprema comenzó a trabajar en los casos Moody v. NetChoice y NetChoice v. Paxton, que tratan sobre dos leyes estatales promulgadas para eliminar la capacidad de moderación en las redes sociales. Si las redes son una plaza pública, cualquiera tiene derecho a expresarse por repugnantes que sean sus perspectivas (para reclamos, ir posteriormente a la justicia); si son un medio de comunicación, pueden editar su contenido y elegir qué publican (y deben asumir la responsabilidad de lo publicado).

Instaladas en la ambigüedad de una moderación que no satisface ni a conservadores ni a progresistas, y que no ha impedido masacres de rohingyas, suicidios de adolescentes ni manipulación de elecciones presidenciales, las redes sociales provocaron el hartazgo de los grupos más a la derecha entre los republicanos cuando cerraron las cuentas del ex presidente Donald Trump, luego del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Las leyes HB 20 de Texas y SB 7072 de Florida, sancionadas ese mismo año, fueron la reacción al modo en que las compañías de Mark Zuckerberg y —por entonces— Jack Dorsey apagaron el micrófono a Trump. Quien, vale la pena recordar, no había invitado a sus seguidores a ir al Capitolio en esas plataformas, sino en un mitín en Washington DC. Sucede que las habituales rabietas del ex —¿y futuro?— presidente en las plataformas habían llegado a extremos en las semanas anteriores. Trump insistía en que no había perdido las elecciones que había ganado Joe Biden, con diatribas más llamativas que aquel enigmático tuit “Covfefe” del 31 de mayo de 2017.

Lo cierto es que muchos políticos y medios conservadores se sintieron cancelados —en sus palabras— y las legislaturas de Texas y Florida votaron estas leyes. “La libertad de expresión está bajo ataque en Texas”, declaró Greg Abbott, gobernador del estado, al promulgar la suya. " Existe un movimiento peligroso de algunas empresas de redes sociales para silenciar las ideas y los valores conservadores. Esto está mal y no lo permitiremos en Texas”.

Ambas leyes fueron apeladas. Dado que un tribunal de segunda instancia declaró inconstitucional la de Florida mientras que otro permitió que la texana se mantuviera, se abrió una brecha legal que llegó a la Corte Suprema.

Mientras tanto, Trump —que creó su propia red social, Truth— volvió a la rebautizada X de Elon Musk en noviembre de 2022 y a las cuentas de Meta en enero de 2024.

La ley de Texas prohíbe a las plataformas de redes sociales eliminar contenido debido al “punto de vista” del usuario o al que se expresa en un post. Y la ley de Florida impone multas a las plataformas que prohíban de sus sitios a cualquier candidato a un cargo político en el estado. The New York Times sintetizó las diferencias citando el fallo del juez Andrew S. Oldham: la de Florida “prohíbe toda censura de algunos oradores”, mientras que la de Texas “prohíbe cierta censura de todos los oradores”.

En todo caso, ambas les quitan a las plataformas el poder de frenar el contenido que consideren inaceptable. Y, según la demanda de grupos de la industria tecnológica como NetChoice y la Asociación de la Industria de Computación y Comunicaciones (CCIA), las normas van más allá en la vida real: convierten en legal la obligación de que las empresas deban hospedar el discurso discriminatorio o la apología del delito.

NetChoice argumentó que los requisitos de las leyes equivalen a obligar a un periódico a publicar algo que no quiere, por ejemplo un editorial contra su propia línea, y argumentó que eso viola la libertad de expresión de la empresa. Los estados rechazaron el razonamiento: solo tratan de controlar lo que sucede en plataformas que consideran un espacio público dentro de su jurisdicción, dijeron.

Ambas partes omitieron una particularidad de las redes sociales: cualquier discurso, sea la apología de los gatitos o la apología de las masacres en las escuelas, es sometido al mismo logaritmo que tiene por fin amplificarlo para conseguir tantos usuarios como sea posible y no dejar escapar su atención, a fin de ganar dinero. Las redes sociales fueron concebidas para crear esas cámaras de resonancias.

La Corte Suprema aceptó examinar dos aspectos claves: el imperativo de publicar discursos aunque no quieran (”cumplimiento obligado”) y los requisitos de transparencia. Su decisión podría conocerse en junio, pero desde el primer día de las audiencias el lunes 26 de febrero, hay gran expectativa: se abriría un nuevo capítulo en la interpretación y la aplicación de la Constitución (en particular, la Primera Enmienda, que garantiza la libertad de expresión) en la era digital.

Lo único que los medios estadounidenses dan por seguro es que difícilmente el tribunal máximo bloquee ambas leyes en su totalidad, ya que se conoce la división existente entre los miembros de la corte sobre cómo entender el concepto de moderación de contenido en contraposición a la censura.

“Estos casos tienen potencialmente un alcance enorme”, dijo Scott Wilkens, del Instituto Knight de la Primera Enmienda, a The Hill. ”Será la primera vez que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los derechos de la Primera Enmienda de las plataformas de medios sociales y, por tanto, sobre la forma y los contornos de la libertad de expresión en línea”.

Entre lo que se conoció sobre las conversaciones del lunes, se destacaron los argumentos de los jueces Samuel Alito y Brett Kavanaugh, ambos conservadores. Alito fue el más duro: preguntó al representante del gobierno de Biden por qué, cuando una plataforma retira una publicación o cierra una cuenta, se habla de “moderación de contenidos” en lugar de “censura”. El magistrado dijo que le preocupaba “la tentación orwelliana de recategorizar conductas ofensivas en términos aparentemente anodinos”.

Kavanaugh intervino con una interpretación clásica de la Primera Enmienda: se aplica sólo al Leviatán hobbesiano, no a la ciudadanía. “Cuando pienso en ‘orwelliano’, pienso en el Estado, no en el sector privado ni en los particulares”, dijo. “Quizá la gente tenga concepciones diferentes de ‘orwelliano’”.

La jueza Elena Kagan, a quien se considera entre moderada y progresista, señaló que el tono de los tuits cambiaron mucho desde la compra de Musk en octubre de 2022. “A muchos usuarios de Twitter les pareció muy bueno. Y muchos usuarios de Twitter pensaron que era espantoso”, dijo. Aunque la plataforma era no apta para cardíacos desde antes de convertirse en X, el argumento de Kagan apuntó a que el cambio de tono reflejaba un cambio en el discurso de la empresa, y que todo discurso está blindado contra la intrusión estatal por la Primera Enmienda.

La jueza Ketanji Brown Jackson, del ala progresista de la corte, fue directo al centro del asunto, que probablemente lleve muchas audiencias y quién sabe si se zanje: definir si las redes sociales son como una empresa de telefonía, que no es responsable de lo que habla la gente, por delictivo que sea, o como un canal de televisión, que tiene responsabilidad editorial. “Hoy en día internet es la plaza pública”, dijo. “Comprendo que estas plataformas son empresas privadas pero si el discurso ahora se produce en este entorno, ¿por qué no cabrían las mismas preocupaciones sobre la censura?”.

Alito intervino entonces mostrando que será difícil que el tribunal invalide las leyes en su totalidad sobre la base de la libertad de expresión: “¿Tiene Gmail derecho, en virtud de la Primera Enmienda, a eliminar las cuentas de Tucker Carlson [un presentador pro Trump] o Rachel Maddow [una presentadora anti Trump] si no están de acuerdo con sus puntos de vista?”.

Por último, Kavanaugh preguntó de qué modo leyes como las que están en cuestión podrían aplicarse en casos de incitación al delito. El procurador general de Texas, Aaron Nielson, le respondió que, en lugar de establecer, como sucede ahora, que “se acepta el discurso anti al-Qaeda pero no pro al-Qaeda”, simplemente se fije como criterio “aquí nadie habla de al-Qaeda”.

El caso importa mucho a los medios de comunicación, y por eso tuvo una cobertura con live blogging en sitios como The New York Times, CNN y The Washington Post. Además, organizaciones de la industria editorial como la Asociación de Librerías por la Libertad de Expresión y el Comité de Reporteros por la Libertad de Prensa se expresaron contra las leyes en disputa. “Apoyar la intrusión de Texas y Florida en la autonomía editorial socavaría los derechos de los editores de todo tipo”, argumentaron.

Este tema llegó a la corte en un año de campaña presidencial y de exasperación de las disputas ideológicas. En Florida, por ejemplo, el gobernador Ron DeSantis promulgó en mayo de 2023 una ley que permite la prohibición de libros, principalmente de temas como el racismo o la identidad de género. DeSantis impulsó esa y otras normas, como las restricciones al tratamiento de reafirmación de género, cuando intentaba competir por la candidatura republicana, que debió abandonar.