El estricto control del régimen chino sobre su población no es una novedad y tampoco lo es la persecución que encabeza contra disidentes exiliados en todo el mundo.
Hasta el momento, se han identificado comisarías de espionaje en Canadá, el Reino Unido y Argentina -entre otros países- que forman parte de una estrategia global que vigila, acosa y exporta su modelo de control totalitario para garantizar su poder dentro y fuera de las fronteras. Sin embargo, la preocupación llegó a Estados Unidos, su principal adversario en el plano económico y político, luego de que se registrara un considerable aumento en el número de denuncias por maniobras intimidatorias sobre ciudadanos chinos.
Están “atacando cada vez más a personas en suelo estadounidense”, advirtió al respecto el congresista republicano por el estado de Wisconsin, Mike Gallagher, en diálogo con Daily Mail antes de ingresar en una sesión especial en la que el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino (PCCh) abordará este tema y buscará soluciones para reducir esta “represión transnacional”.
Para ilustrar la gravedad de la situación en el país y basarse en casos concretos y no solo recortes de denuncias, el panel recibirá a una de las víctimas de los ataques para los que no hace falta irse muy atrás en el tiempo: los acosos de los agentes datan de hace apenas unas semanas en San Francisco, justo cuando Xi Jinping estaba en la ciudad en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Inclusive, el propio Gallagher recordó que durante su primer viaje en calidad de Presidente del Comité visitó una de estas comisarías secretas en Nueva York y estuvo reunido con algunas víctimas, que le contaron sus “horribles” historias de “agresiones físicas”.
Anna Kwok, una ex ciudadana de Hong Kong, participará del encuentro y narrará cómo por su trabajo en el ámbito de Defensa en el Capitolio fue puesta en una lista del PCCh, se dispuso una recompensa de USD 1 millón y se emitió una orden de arresto en su contra por “connivencia con fuerzas extranjeras”.
Kwok publicó en sus redes sociales algunas de las amenazas y el acoso que recibió en el último tiempo, algunas de ellos durante las manifestaciones encabezadas por pro democráticos críticos de las violaciones de derechos humanos de Xi y sus amenazas contra Taiwán, a las que se sumó en noviembre.
Durante este evento, su coalición protestó pacíficamente frente a las sedes de los actos que Xi encabezó en la APEC pero fueron objeto de “acoso, intimidación, hostigamiento y agresiones violentas por parte de activistas pro-Beijing”. “Hombres sospechosos” con vestimenta similar a la de los agentes de seguridad nacional de Hong Kong y otros “agentes de civil” del consulado chino los siguieron a todas partes, sumó a continuación.
Kwok recordó que aquellas concentraciones tenían el ánimo de transcurrir pacíficamente pero se vieron alteradas con la presencia de los partidarios de Xi, que hicieron lo imposible por opacar las críticas a su visita y su status de “invitado de honor” en Estados Unidos.
Estos hechos, comentó, son una muestra de que la red del Frente Unido del régimen está creciendo en el país y que ya, inclusive, no se limitan a la oscuridad sino que se producen “a plena luz del día”.
A pesar de vivir en “el País de la Libertad”, “no soy libre, estoy desconcertada”, lamentó. “Estoy atrapada en la constante presión mental de ser perseguida. Por supuesto, éste era el objetivo del PCCh: querían paralizar mis iniciativas de defensa contra su régimen”, sostuvo y agregó que desde entonces se siente como si tuviera “un objetivo en la espalda”.
Human Rights in China (HRIC) publicó un informe sobre estos incidentes de noviembre y apuntó que más de diez personas sufrieron lesiones físicas y otro tanto no especificado debió ser hospitalizado.
A la luz de estos datos, el Departamento de Justicia se enfrenta a la exigencia por el inicio de una investigación sobre estas agresiones, impulsada por un grupo de legisladores que, el mes pasado, envió una carta exponiendo que las víctimas habían sido atacadas con “barras de metal, astas de bandera, paraguas cerrados y gas pimienta”.
“Este es sólo uno de los muchos ejemplos de los intentos del PCCh de intimidar, silenciar y perjudicar a los disidentes de la República Popular de China que viven en Estados Unidos”, concluyó la carta enviada a la Justicia.
Por su parte, Gallagher insistió en que el país “debería ser un refugio contra la persecución y no terreno de cacería para el régimen autoritario”. “Esto debería preocupar mucho a los estadounidenses, tenemos que defender nuestra soberanía”, insistió.