La Justicia de EEUU evalúa si los funcionarios públicos pueden bloquear a sus críticos en las redes sociales

El Tribunal Supremo de Estados Unidos evalúa si los funcionarios públicos tienen derecho a bloquear a sus críticos en sus páginas personales de redes sociales, en medio del desarrollo de dos importantes casos en los que ciudadanos denunciaron censura por parte de servidores públicos.

Uno de ellos es Kevin Lindke, un conocido crítico del gobierno de Port Huron, Michigan, quien demandó al director administrativo de la ciudad, James Freed, por haberlo bloqueado de su página personal de Facebook. Lindke, quien se ha enfrentado en diferentes ocasiones a las personas en el poder a través de sus redes sociales, presentó quejas en el perfil personal de Facebook de Freed en marzo de 2020, en respuesta a una supuesta mala gestión del COVID-19.

En entrevista con ABC News Lindke aclaró que sus comentarios no representaban ningún tipo de amenaza para Freed, aseguró que entre ellos compartió expresiones como “Su respuesta a la pandemia ha sido abismal” y “La ciudad merece algo mejor” y argumentó que lo hizo porque el mandatario usaba su perfil personal como una cuenta oficial en la que ostentaba fotos y publicaciones relacionadas con su gestión pública. Tras varios días fue bloqueado del perfil y sus comentarios fueron eliminados.

El director administrativo de Port Huron, James Freed, aclaró en una entrevista con el ayuntamiento recogida por el mismo medio, que ha “tenido Facebook desde la universidad. Había muchas fotos que me gustaban sobre comer, soy un entusiasta de la comida, muchas fotos de mi esposa e hijos, nuestras vacaciones, fotos de mi perro” dijo Freed “La única diferencia era que yo tenía unos 15.000 seguidores”.

Según Freed, por la cantidad de seguidores en su red social, se le exigía que su página fuera pública según la política de Facebook y si bien algunas publicaciones estaban relacionadas con su trabajo, aseguró que el perfil no era propiedad del gobierno, ni tenía relación alguna con su trabajo como administrador de la ciudad.

“Cuando se trata de comunicaciones desde mi oficina como administrador de la ciudad con respecto al trabajo para nuestra residencia, utilizamos comunicados de prensa formales, comunicados de prensa a los medios oficiales de la ciudad. Facebook era solo algo secundario” explicó Freed.

Frente al Bloqueo denunciado por Lindke, el administrador justificó que este lo fue por el contenido de las críticas, sino por su identidad como un ciudadano con un historial criminal: “No lo bloqueé de lo que publicó, porque realmente no puedo recordar lo que publicó. Lo bloqueé de quién era: un delincuente convicto”.

Según Freed, la página “no es un foro público. Puede escribirme una carta a la dirección de correo electrónico de mi ciudad. Puede venir a mi oficina y hablar conmigo. Hay literalmente 100 formas diferentes de hacerme llegar sus críticas. Pero mi página personal de Facebook no tiene por qué ser uno de ellos”, enfatizó.

Lindke ha apelado a la Corte Suprema argumentando que el aspecto de la página, que parecía una prolongación oficial de la oficina de Freed, debería someterla a las protecciones de la libertad de expresión. La abogada Katie Fallow, del Instituto de la Primera Enmienda Knight de la Universidad de Columbia, consultada por USA Today, estuvo de acuerdo con la postura de Lindke y aseguró que “es extremadamente importante que las personas puedan hablar a sus funcionarios públicos sin temor a ser censurados por sus puntos de vista”.

Sin embargo, Freed, respaldado por la administración del presidente Joe Biden, recibió el favor del Sexto Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos en Cincinnati el año pasado, que dictaminó que su página de Facebook era “personal”.

Ahora el aspecto clave a determinar para la Corte Suprema es, si los funcionarios públicos que tienen presencia en las redes sociales están actuando en su capacidad oficial cuando publican en estos sitios. El veredicto, que se espera para finales de junio de 2024, podría establecer un precedente para los funcionarios a nivel nacional en relación a sus actividades en las redes sociales.

El otro caso que debe examinar el Tribunal Supremo de Estados Unidos, fue presentado por padres en el sur de California quienes denunciaron que les fue bloqueado el acceso a las páginas de Facebook de los miembros de la junta escolar, luego de que publicaron cientos de comentarios en los que se manifestaban sobre el racismo en las escuelas locales.

Los miembros de la junta escolar aseguraron que dichas páginas de redes sociales eran una extensión de sus páginas de campaña y, por lo tanto, eran personales. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos no aceptó ese argumento y sostuvo que siempre que los funcionarios públicos tengan páginas de redes sociales abiertas a comentarios públicos, no pueden bloquear los comentarios molestos y repetitivos.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, infringió la Primera Enmienda al bloquear a ciertos seguidores en su cuenta de Twitter, según ha dictaminado el Tribunal de Apelaciones de ese país en julio de 2019. Según el fallo, las medidas disciplinarias de Trump afectaron a sus críticos y fueron en contra de la libertad de expresión garantizada por la Constitución estadounidense.

La historia de Twitter de Trump, que había sido utilizada como un canal de comunicaciones oficial, se asemejó a un foro público y, en consecuencia, estaba sujeta a las garantías de la Primera Enmienda, según el tribunal. Al bloquear a los usuarios que ofrecían discursos críticos, limitó injustamente sus derechos constitucionales.

De acuerdo con algunos expertos, la decisión representó amplias implicaciones para los funcionarios públicos que utilizan las redes sociales para comunicarse con el público: “Este caso requería que el tribunal considerara si partes de la Primera Enmienda se aplican a las redes sociales. Respuestas a preguntas como esta tienen enormes implicaciones”, comentó a la Radio Pública Nacional (NPR) Jameel Jaffer, director del Knight First Amendment Institute en la Universidad de Columbia, quien representó a los demandantes bloqueados por Trump.

“Esta decisión garantizará que las personas no sean excluidas de estos foros simplemente por sus puntos de vista, y que los funcionarios públicos no estén aislados de las críticas de sus electores”, dijo Jaffer. “La decisión ayudará a garantizar la integridad y vitalidad de los espacios digitales que son cada vez más importantes para nuestra democracia”.

El tribunal rechazó las afirmaciones de los abogados de Trump de que el ex presidente bloqueó a los usuarios como una “decisión personal”, y no como un funcionario público. El fallo establece que un funcionario no puede evitar el escrutinio público, incluso en plataformas de redes sociales privadas.