Avanza en Texas una legislación que aumentaría las detenciones y las expulsiones de migrantes ilegales

El estado de Texas está avanzando en una legislación que otorgaría poderes adicionales a la policía para detener a migrantes ilegales y ordenar su salida de Estados Unidos. El progreso de esta medida en la Cámara de Representantes del estado acerca al gobernador republicano Greg Abbott a una posible confrontación con la administración Biden sobre la crisis migratoria que afecta en gran medida al estado fronterizo con México.

Durante los últimos dos años, Texas ha desafiado los límites de la aplicación de la ley en temas de inmigración, por ejemplo, al trasladar a migrantes fuera del estado y reforzando la frontera con alambres de púa y barreras flotantes en el Río Grande.

El proyecto ha generado intensos debates en el Capitolio de Texas. Líderes de la minoría hispana demócrata alzaron la voz en largas protestas por cuestiones de raza y la legalidad del plan. A pesar de ello, los republicanos de la Cámara aprobaron el proyecto antes del amanecer. Ahora deben lograr un consenso para llevarla hasta el escritorio de Abbott.

“Nuestras solicitudes de ayuda en la aplicación de las actuales leyes federales de inmigración han sido ignoradas por el presidente Biden. Hemos tenido suficiente”, fueron las declaraciones del representante estatal republicano David Spiller, autor del proyecto de ley de la Cámara, citadas por CNBC.

Sin embargo, quienes se oponen a la propuesta advierten que esta podría conllevar al arresto involuntario de ciudadanos estadounidenses y pondría en peligro a familias de estatus migratorio mixto durante el desarrollo de sus actividades cotidianas. Además, podría causar temor entre las víctimas de delitos para pedir ayuda a la policía.

De hecho, desde 2021, las autoridades texanas han arrestado a miles de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México bajo cargos de invasión de propiedad privada. Pero la nueva ley ampliaría considerablemente los poderes de arresto a toda la policía de Texas, permitiéndoles llevar a los migrantes a los puertos de entrada a lo largo de la frontera y ordenarles que regresen a México, confirmó CNBC.

Los oponentes argumentan, según Los Angeles Times, que la capacidad de regular la inmigración recae principalmente en el gobierno de los Estados Unidos, y que los esfuerzos recientes de Texas contravienen la ley estadounidense.

En anteriores ocasiones, otros estados fronterizos se han esforzado por ejercer su propio control, como lo hizo Arizona hace más de una década, cuando se vio confrontada con un gran número de migrantes. En aquel momento el estado promulgó una ley que permitía la detención de migrantes creyéndolos deportables. Partes cruciales de esta ley fueron derribadas por el Tribunal Supremo dos años después, según confirmó The New York Times.

Algunos expertos legales ven la decisión de la Corte Suprema como un freno a leyes estatales similares a la que avanza en Texas.

Esta polémica ley texana parece ir más allá de la ley de Arizona, al permitir que oficiales de la policía local ordenen la salida de migrantes del país. Según declaró a The New York Times la ex directora de la clínica de inmigración de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas, Barbara Hines, “Esto no tiene precedentes”.

Sin embargo, los oficiales de la policía estatal en Texas ya han discutido acerca de cómo utilizarían la nueva ley para detener a los migrantes atrapados cruzando el Río Grande, devolverlos a los puentes internacionales y ordenarles cruzar hacia México, o de lo contrario ser arrestados y acusados.

Respecto a esto, Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, indicó en una audiencia legislativa que no se necesitarán grandes nuevas instalaciones carcelarias para lidiar con un gran número de arrestos, siempre que la mayoría de las personas decidan regresar a través de la frontera. Afirmó que no quieren separar a las madres de sus hijos, en un intento de evitar la controversial separación familiar que definió a la administración Trump.

Además, la legislación no contempla excepciones para aquellos que llegan entre los puntos de entrada oficiales con la intención de solicitar asilo al gobierno federal, una opción que está consagrada en la ley federal. Este aspecto podría suscitar más desafíos legales, según expertos en derecho constitucional.

Según el reporte de The New York Times, los acontecimientos recientes muestran que miembros de la Guardia Nacional de Texas y oficiales de la policía estatal se han vuelto más agresivos al momento de enfrentarse a migrantes que intentan cruzar el Río Grande.

Se han presentado nuevas tensiones entre funcionarios estatales y federales debido a la instalación de boyas en el río y alambre de púas por parte del estado, hecho que generó una demanda por parte del fiscal general de Texas, Ken Paxton, a la administración de Biden por el corte del alambre por parte de los agentes, alegando daño a la propiedad de Texas y perjuicio en los esfuerzos del estado por disuadir la llegada de migrantes.