La prohibición de libros en escuelas estadounidenses aumentó un 33% en el último año

La organización de libertad de expresión PEN America reportó un preocupante aumento del 33% en la prohibición y restricción de libros en las escuelas de Estados Unidos durante el último año escolar. El estado de Florida ha liderado esta tendencia con más restricciones que cualquier otro lugar del país.

PEN America documentó 3,362 casos de libros prohibidos en el periodo 2022-2023, lo que representa un crecimiento significativo en comparación con los 2,532 ocurridos durante el año 2021-2022. Kasey Meehan, autora principal del informe, resaltó en declaraciones recogidas por la Radio Pública Nacional (NPR), que este aumento no parece tener un final a la vista y señala que esta tendencia contradice la opinión pública generalizada.

Quienes promueven las restricciones de libros, argumentan que estas son cada vez más frecuentes debido a la creciente cantidad de libros inapropiados en las escuelas. Para Michelle Beavers, miembro del capítulo local Madres por la Libertad en Florida, esto era de esperarse: “Por supuesto, iba a explotar”, dijo Beavers a la NPR “Una vez que muestras a la gente lo que está en las escuelas de sus hijos, se quedan boquiabiertos... y sienten la necesidad de actuar”.

Según la organización PEN America, los libros censurados estaban destinados principalmente a “adultos jóvenes, libros de grado medio, libros de capítulos o libros ilustrados”. Entre ellos 1,557 títulos únicos, escritos por más de 1,480 autores, ilustradores y traductores, con temáticas sobre salud y bienestar, así como situaciones de abuso y la muerte; el tema de raza o el racismo o que presentaban personajes de color o LGBT+.

Además, el 63% de todas las prohibiciones de libros ocurrieron en ocho estados con legislación que ha facilitado directamente restricciones o que ha creado las condiciones para que los grupos locales presionen e intimiden a educadores y bibliotecarios para la remoción de libros. Florida encabeza la lista con más del 40% de las prohibiciones con 1,406 casos, le siguen Texas con 625 casos, 333 en Missouri, 281 en Utah y 186 en Pensilvania.

Sobre la tendencia revelada por PEN America, la Radio Pública Nacional se unión con Ipsos, una de las organizaciones de investigación de mercado más grandes del mundo, para adelantar una encuesta que reveló que, si bien la sociedad estadounidense confía en los docentes para tomar las decisiones sobre el currículo escolar, la opinión está dividida respecto a quién debería tener la responsabilidad principal sobre lo que se enseña en las escuelas públicas.

En total fueron dos mediciones, una centrada en los docentes de K-12, quienes trabajan en el sistema de educación primaria y secundaria de los Estados Unidos, que se denomina de esta manera como una abreviatura de “kindergarten a 12º grado”. Mientras la segunda se enfocó en el público en general con un muestreo de padres de niños en edad escolar.

El estudio destacó que, a pesar de que tres cuartas partes de los padres de estudiantes de K-12 confían en los docentes de sus hijos para tomar decisiones sobre el contenido del plan de estudio e currículo escolar, hay un fuerte desacuerdo en quién debería tener principalmente la responsabilidad de lo que se enseña.

Aproximadamente, tres de cada diez estadounidenses consideran que estas decisiones corresponden a los docentes (30%) o a los padres (27%), y cerca de un cuarto (26%) opina que corresponde a las juntas escolares. Sin embargo, hay un aspecto que parece sí estar claro para la mayoría de los padres de K-12: que los políticos no deberían tener la última palabra sobre dicho contenido.

Por otro lado, tanto la sociedad estadounidense en general como los padres de K-12 se oponen a que las juntas escolares individuales y a que los legisladores estatales implementen prohibiciones de libros o restricciones sobre lo que se discute en el aula. En este sentido, destaca que la mayoría de ciudadanos, sin importar la afiliación política, apoyan la enseñanza de la historia de la esclavitud, el racismo y la segregación en las escuelas públicas.

La organización PEN America ha denominado como “Ed Scare” el creciente movimiento encaminado a ejercer un control ideológico sobre la educación pública en los Estados Unidos, mediante la imposición de restricciones sobre el contenido educativo.

También ha registrado la propagación de barreras explícitas para controlar la enseñanza de áreas como la raza, el género, la historia estadounidense y las identidades LGBT+ en la educación básica y superior, descritas como “órdenes de mordaza educativa”.

Paralelamente, se han implementado leyes que exigen la supervisión rigurosa de profesores y bibliotecarios, conocidas como “proyectos de ley de intimidación educativa”. Estas acciones legislativas se combinan con campañas coordinadas a nivel local que permiten a grupos y personas cuestionar los planes de estudio, las películas, la música, el arte, las obras teatrales y miles de libros.

Las escuelas públicas siempre han sido consideradas fundamentales para la democracia estadounidense, como fuentes de conocimiento e intercambio de información indispensables para la preservación de los derechos y libertades, según palabras del expresidente estadounidense, John Adams.

Sin embargo, en los últimos dos años las aulas y bibliotecas de las escuelas públicas han sido el blanco de campañas de intimidación y legislación rígidamente ideológicas, que limitan el acceso de los estudiantes a la lectura e impacta sus derechos constitucionales, concluyó la organización.