Estados Unidos prohibió la entrada al país de otros 100 funcionarios de Nicaragua: ya son más de 1.000 los sancionados del régimen

Estados Unidos incluyó a otros 100 funcionarios municipales de Nicaragua en la lista de sujetos con entrada prohibida al país. Así, ya suman más de 1.000 las personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sancionadas por la Casa Blanca.

“El Departamento de Estado impuso restricciones de visa a 100 funcionarios municipales nicaragüenses por su papel en el apoyo a los ataques del régimen de Ortega a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión de las organizaciones de la sociedad civil”, declaró el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken en un comunicado.

Junto a su condena por la persecución a disidentes y vecinos que protestan ante las injusticias del régimen, Blinken rechazó el reciente avance del binomio Ortega-Murillo sobre instituciones académicas independientes en el país.

En el último tiempo, las autoridades dispusieron el cierre de la Universidad Centroamericana (UCA) y de la escuela de negocios Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una acción que, según Blinken, “altera los sueños de los nicaragüenses” que buscan un futuro mejor.

El más reciente de estos casos fue el del INCAE, este mismo lunes. A comienzos de la semana, el Ministerio de la Gobernación canceló el ente educativo y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, que quedaron en manos del Estado. Según justificaron, estaba “en incumplimiento con sus obligaciones” ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro de la cartera, tal como está establecido en el Acuerdo Ministerial número 106-2023, publicado en el Diario oficial La Gaceta.

Precisamente, funcionarios de Gobernación dijeron que las acciones se dieron ante la falta de presentación de los estados financieros correspondientes al 2020, 2021 y 2022, junto con “inconsistencias” en los datos del período 2015-2019.

Por último, sumaron que incumplían con “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”.

Sin embargo, lo cierto es que el INCAE había participado en 2019 de una fallida mesa de negociación con el Vaticano y la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se buscó una salida para la crisis en la que el país está inmerso desde 2018.

En tanto, poco más de un mes antes, el 16 de agosto, Ortega había ordenado el cese de actividades de la UCA y pidió también que sus bienes sean transferidos al Estado.

Entonces, las autoridades acusaron a la institución educativa de haber funcionado “como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales” aunque, fuera del discurso oficial, se consideró una nueva persecución del régimen.

La UCA era vista como el último centro de pensamiento independiente en el país, así como una de las universidades más importantes. Durante las protestas de 2018, acogió a decenas de estudiantes perseguidos y se convirtió en un actor político de peso en los intentos por entablar diálogos entre el oficialismo y la oposición.

“Hay un espíritu de venganza y de pasada de cuentas dirigidos hacia una institución que siempre ha alzado la voz contra las injusticias y las graves violaciones de derechos humanos y ha defendido su autonomía universitaria en las últimas décadas”, dijo la catedrática universitaria Asunción Moreno.

A la par de los reclamos por estas persecuciones, Blinken exigió en el comunicado la liberación de todos los presos políticos en el país, entre los que figura el obispo Rolando Álvarez, acusado de traición a la patria.

El religioso fue una de las tantas víctimas de la Iglesia Católica que fue puesto tras las rejas hace más de un año y se negó a abordar un avión junto a otros 200 presos políticos, que huyeron del país.

“Estados Unidos sigue trabajando con la comunidad internacional para promover la rendición de cuentas de personas que socavan la democracia en Nicaragua”, concluyó en la nota.

Este mismo viernes, la policía de Nicaragua detuvo al diputado indígena Brooklyn Rivera en la ciudad de Puerto Cabezas.

“Desconozco su paradero y cualquier cosa que le pase a su integridad física y mental”, declaró su hija, Tininiska Rivera Castellón, y agregó que las fuerzas del orden allanaron su domicilio sin una orden judicial y haciendo referencia a supuestos “brotes de malaria”. “Simplemente entraron, forzaron las puertas”, explicó.

Liza Henríquez, dirigente del partido YATAMA, dijo que “nuestro máximo líder” fue llevado hacia la capital “de manera vil y cobarde” y responsabilizó al Gobierno por “cualquier forma de violencia física y psicológica”.

Rivera fue uno de los líderes opositores que se enfrentaron militarmente a Daniel Ortega durante su primer mandato, en 1980. Fue aliado de los sandinistas en las elecciones de 2006 y 2011 pero, luego, tomó distancia y se declaró diputado independiente.

En abril, había participado de un foro de las Naciones Unidas en Nueva York, en el que se denunciaron las frecuentes invasiones de tierras indígenas en el Caribe norte, y ante lo cual el régimen le impidió ingresar al país a su regreso.

“Tengo responsabilidades de liderazgo, con el pueblo, con la organización YATAMA y, también, tengo mi trabajo en la Asamblea y mi familia”, explicó entonces.

(Con información de EFE y The Associated Press)