72 horas cruciales para evitar el shutdown: qué significa el “cierre del gobierno” en Estados Unidos y a quién afectaría

(Washington, Estados Unidos) El fantasma de un nuevo “shutdown” o cierre del gobierno federal en Estados Unidos vuelve a sobrevolar Washington. A tres días para que venza el plazo del presupuesto actual, demócratas y republicanos aún no logran ponerse de acuerdo.

Por ahora las mayores diferencias están entre los republicanos de la Cámara de Representantes, que no logran unificar una propuesta para discutirla con los demócratas. De no haber un acuerdo antes del sábado, al día siguiente se producirá un cierre que implica suspender muchos servicios y funciones no esenciales del gobierno.

La opción de conseguir más tiempo, ampliando por 45 días el presupuesto actual para poder seguir negociando fue tirada a la borda por los republicanos más radicales la semana pasada, que en el último año ya han enfrenado en más de una oportunidad al líder de su partido en la Cámara de Representantes.

Mientras, la Casa Blanca presiona públicamente para mostrar a algunos de los opositores como culpables. “Los republicanos extremistas de la Cámara de Representantes están jugando juegos partidistas con las vidas de las personas y llevando a nuestro país hacia un cierre del gobierno que tendría impactos perjudiciales en todo el país”, señaló la administración de Joe Biden en un comunicado difundido este jueves a la mañana.

Un cierre o “shutdown” del gobierno sucede cuando no se aprueba a tiempo, antes del comienzo del nuevo año fiscal el 1° de octubre, el financiamiento necesario para que las agencias gubernamentales federales puedan seguir operando con normalidad. Cuando se da esta situación, es en general entre octubre y comienzos de año, en función de si se han aprobado o no extensiones temporales para seguir negociando.

Estos episodios suelen producirse cuando el partido en la Casa Blanca no cuenta con mayoría propia en las dos cámaras en el Congreso. Allí la oposición intenta impulsar iniciativas o frenar gastos del Ejecutivo y no hay acuerdos, por los que cuando se cumple el plazo del presupuesto aprobado anteriormente el gobierno federal se queda sin dinero aprobado para pagar su funcionamiento.

Esto fuerza a detener una gran cantidad de servicios y funciones consideradas no esenciales. Así el gobierno se queda sin autorización para poder desembolsar dinero y cubrir todas sus funciones.

Desde mediados de los años 70, cuando el Congreso consolidó su poder presupuestario, esta situación se ha repetido periódicamente en Estados Unidos.

Desde 1976 a la fecha, ya van 21 veces que se producen cierres del gobierno por falta de acuerdo en el Congreso. El más largo fue en 2019, durante el gobierno de Trump y duró 34 días. En 1995, durante el gobierno de Bill Clinton, el cierre duró 21 días. En 1978 la administración de Jimmy Carter sufrió un cierre durante 17 días corridos, pero un año antes había tenido uno de 12 días, dos más de 8 días y un año después tendría otro de 11. En total Carter tuvo cinco cierres en su único mandato, totalizando 56 días de shotdown. La administración Obama tuvo en el 2013, cuando se discutía sobre el Obamacare, un cierre durante 16 jornadas.

Este año, en mayo, el Congreso y la Casa Blanca tuvieron un episodio que casi lleva a recortar algunas acciones del gobierno federal, pero no por un “shutdown” sino por haber alcanzado el límite del techo de la deuda. EEUU a diferencia de la mayoría de los países, además de necesitar que el Congreso apruebe el presupuesto, también tiene fijado por ley un techo del nivel de deuda que puede asumir. Y solo los congresistas pueden levantarlo si ya se llegó a ese endeudamiento límite.

Esa fue la situación que se produjo en mayo, cuando los Republicanos, que dominan la Cámara de Representantes, se negaron durante algunas semanas a aumentar ese límite de la deuda que podía contraer EEUU para pagar sus cuentas.

En ese momento las agencias federales tenían asignado presupuesto por el Congreso, pero no podían acceder a él porque el Tesoro no podía tomar más deuda para enviar el dinero. Finalmente lograron un acuerdo y EEUU no entró en default, lo que hubiese sido dramático para la economía mundial.

Con el control dividido del Congreso (los demócratas manejan el Senado y los republicanos la Cámara de Representantes) y los puentes de negociación cada vez más complicados, el conflicto central está en la cámara baja. Allí la pelota quedó del lado de la oposición, que empezó a articular un proyecto para realizar recortes en el Presupuesto.

Del otro lado, en el Senado, tanto republicanos como demócratas sí lograron un acuerdo bipartidista del Presupuesto. Pero en la Cámara de Representantes el conflicto continúa, por la acción del grupo de legisladores republicanos más radical que quiere imponer recortes y no se muestra muy dispuesto a negociar.

Si el proyecto del Senado se pusiera a votación entre los Representantes es probable que se llegue a votar, porque contaría con el respaldo de muchos congresistas republicanos y de todos los democrátas.

Pero el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, si bien intenta evitar un cierre ya que sabe que puede volverse en contra políticamente, no quiere avanzar sin acordar con el grupo de legisladores disidente. Esa ala más radical de su partido no se la está haciendo fácil, al igual que lo que pasó en otras instancias clave de su aún corto mandato. Cuando se discutía su proclamación, a comienzos de año, los mismos representantes más radicales impidieron su nominación durante 14 votaciones, imponiéndole exigencias duras para terminar aceptándolo.

McCarthy podría avanzar dejando de lado a los 20 congresistas que la Casa Blanca califica como “extremistas” y que estuvieron entre los que se negaban a certificar los resultados de las elecciones de 2020 que dieron la victoria a Biden.

McCarthy incluso esta semana, en medio de los trancazos con las negociaciones con sus socios de partido lanzó una frase muy crítica hacia ellos. “Este es un concepto completamente nuevo de individuos que sólo quieren quemar todo el lugar. No funciona”, dijo.

Aún así, no quiere avanzar sin convencerlos, porque los radicales ya amenazarn que si el proyecto se vota sin un respaldo de ellos podrían forzar una discusión para sacarle el puesto de la presidencia de la cámara.

En las últimas semanas hubo intentos de negociación pero las diferencias aún parecen grandes.

“No deberíamos estar en una situación en la que les pidamos a nuestras tropas que salgan y arriesguen sus vidas sin recibir pago. Sería un fracaso de nuestra parte si llegáramos a ese punto”, reconoció el representante republicano Garret Graves de Luisiana, un aliado de McCarthy.

Sin embargo, hasta ahora los republicanos no logran articular una propuesta que cierre los frentes internos del partido y que a la vez sea posible trasladar al Senado, donde hay mayoría Demócrata. Allí, recortes como los que intentan los representantes más radicales no serían aprobados.

Desde la Casa Blanca empiezan a culpar a los republicanos cada vez con más dureza, cuando además se aproxima la campaña electoral del año próximo. El presidente Joe Biden dijo el sábado que todo esto es culpa de “un pequeño grupo de republicanos extremistas”.

A la vez, tanto portavoces como las redes sociales de la Casa Blanca y algunos representantes demócratas empezaron a generar el temor de qué pasaría si se da el cierre y quienes serían los afectados. “Los repu­bli­ca­nos están lite­ral­mente dis­pues­tos a cerrar el gobierno y sacar comida de la boca de los bebés ham­brien­tos para hacer un punto polí­tico”, dijo el repre­sen­tante demó­crata de Massachusetts, Jim McGo­vern.

De concretarse finalmente la falta de acuerdo antes del sábado 30 de septiembre, un cierre del gobierno afectaría a numerosas dependencias y millones de ciudadanos de diferentes formas.

Muchos empleados federales quedarían en una situación de incertidumbre, ya que no serían llamados a trabajar hasta que el Congreso apruebe nuevos fondos para las agencias donde trabajan.

Otros, de servicios escenciales, tendrán que seguir trabajando pero sin tener la certeza de que van a recibir sus pagos. Tal es el caso de las fuerzas armadas y de seguridad, al igual que los controladores aéreos.

La Casa Blanca comenzó a aconsejar a las agencias federales que se preparen para un cierre del gobierno. “Un cierre del gobierno podría afectar todo, desde la seguridad alimentaria hasta la investigación del cáncer y los programas Head Start para niños”, dijo Biden.

Se suspenderían muchos servicios públicos, como los parques nacionales, la investigación científica y se vería afectada la entrega de nuevos préstamos para pequeños negocios o la aprobación de contratos gubernamentales.

El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, dijo que el cierre puede afectar los vuelos aéreos, que tendrían “interrupciones”, dado que los controladores aéreos, por más que son parte de un servicio escencial, no tendrán su pago asegurado. En anteriores cierres eso sucedió, porque muchos empleados se enfermaron o decidieron renunciar.

La Casa Blanca está presionando con mostrar cómo algunos programas que atienden a poblaciones vulnerables se van a ver afectados con un largo cierre del gobierno. Pusieron como ejemplo el Pro­grama Espe­cial de Nutri­ción Suple­men­ta­ria para Muje­res, Bebés y Niños, que ayuda a satis­fa­cer las nece­si­da­des nutri­cio­na­les y ali­men­ta­rias de muje­res emba­ra­za­das o lac­tan­tes de bajos ingre­sos, bebés y niños de hasta 5 años de edad.

El programa de cupones de ali­men­tos, con el que se le da la posibilidad a millones de pobres de acceder a comida, tiene fon­dos disponibles hasta media­dos de octu­bre. Si el cie­rre no se resuelve antes, allí sí los bene­fi­cia­rios no tendrán cober­tura.

El impacto económico de la paralización de tantas actividades gubernamentales también puede ser alto. El cierre récord de 2019 le costó al país unos 11 mil millones de dólares, según cálculos oficiales.

Mientras al reloj le queda cada vez menos arena, el fantasma de la parálisis acecha nuevamente a Washington.