El colapso del edificio sur del complejo Champlain Towers, en Surfside, que causó 98 muertes, provocó importantes cambios en las regulaciones de los condominios en Florida. Para impedir otra tragedia, los legisladores estatales aprobaron una ley que establece restricciones estrictas para garantizar la seguridad de las estructuras. Sin embargo, surgen preocupaciones sobre las posibles consecuencias no deseadas para los propietarios, quienes pueden enfrentar dificultades financieras para pagar las renovaciones costosísimas que requiere la nueva normativa.
La Ley de Seguridad en la Construcción de Florida, impulsada por las familias de las víctimas del derrumbe, fue reconocida como necesaria. Sin embargo, algunos expertos expresan preocupación sobre el impacto de su aplicación. Entre ellos, Jordan Isrow, abogado del sur del estado especializado en propiedades inmuebles, advirtió al sitio Axios Miami que el mantenimiento necesario podría resultar inaccesible para algunas personas, lo cual las obligaría a vender sus hogares a inversionistas.
La legislación exige que los edificios residenciales de al menos tres pisos realicen inspecciones a los 30 años de construcción, y posteriormente cada década. En el caso de las estructuras ubicadas en la costa, la primera revisión se hará a los 25 años. Estas fiscalizaciones podrían resultar en renovaciones significativas si se encuentran problemas.
Sin embargo, la nueva normativa establece un cambio importante en los plazos de inspección estructural para los edificios ubicados a tres millas de la costa. Anteriormente se requería la primera a los 40 años, pero a partir del 1 de julio de 2023, es a los 30 años. La ley también otorga a los gobiernos locales la facultad de adelantar esa revisión a los 25 años por circunstancias locales, entre ellas los factores ambientales y la proximidad al mar.
Es fundamental destacar que todos los estudios para la conservación de la integridad estructural se tienen que completar antes de diciembre de 2024 y los condominios deben presupuestar reservas anuales para futuras renovaciones. Estos cambios en las regulaciones buscan garantizar la seguridad de los edificios y la vida de los residentes.
A pesar de las buenas intenciones de la ley, surgieron preocupaciones sobre su posible impacto negativo. Isrow advirtió a Axios Miami que, además de la carga financiera que impone a los propietarios, la ley no establece medidas suficientes para garantizar que las inspecciones requeridas se cumplan, ya que permite que los gobiernos locales otorguen extensiones.
Greg Main-Baillie, consultor de asociaciones de condominios, coincidió al advertir al sitio de noticias que los propietarios comenzarán a experimentar dificultades económicas un año o dos después de que se cumplan los plazos máximos que otorga la ley. Aunque la encuentra necesaria, teme que podría provocar una migración forzada.
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