Las tres leyes más controversiales que entran en vigor mañana en la Florida

Más de 200 leyes aprobadas por la legislatura de la Florida y firmadas por el gobernador Ron DeSantis este año entran en vigor mañana. Lógicamente, con esa gran cantidad de legislaciones, hay medidas de todo tipo y color incluídas en este año legislativo donde el estado aprobó además un presupuesto récord.

Pero hay tres leyes que han capturado una enorme cantidad de atención: la nueva ley de portación de armas, las nuevas penas para pedófilos y la nueva ley migratoria estatal.

Se trata de la ley HB543, aprobada en marzo por la legislatura y firmada con bombas y platillos por el gobernador DeSantis. El significado básico de la ley es que se puede portar armas en público, sin que se vean abiertamente siempre y cuando el arma haya sido comprada legalmente. Para esto, no hace falta tener una licencia.

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Pero como siempre hay que leer la letra chica. La ley tiene una enorme cantidad de excepciones. No se puede portar armas sin licencia en estaciones de policía o bomberos, en sitios considerados por la ley como lugares peligrosos para la sociedad (sitios de apuestas, de entretenimiento adulto, etc), en ningún tipo de corte, prisión, centros de votación, casas de gobierno, escuelas, universidades, lugares en los que se venda alcohol, aeropuerto, puertos o edificios federales.

Además, quienes porten armas deben ser mayores de 21 años y ser ciudadanos o al menos residentes permanentes de los Estados Unidos. Ninguna persona que alguna vez haya sido encontrada culpable de una felonía puede portar armas legalmente en el estado.

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La primera curiosidad es que haya una ley de inmigración, cuando esto pertenece al ámbito federal. Pero la legislatura de Florida, apoyada por el gobernador, pasó la ley SB1718 que ha generado gran polémica por muchos considerarla anti-inmigrante.

En ningún lugar del país se puede trabajar si una persona es indocumentada. Pero en Florida quisieron endurecer aún más el concepto. Las empresas en este estado que tengan más de 25 empleados están obligadas a utilizar el sistema e-Verify, un programa que conecta con una base de datos para revisar si el candidato a trabajar efectivamente tiene autorización del gobierno de Estados Unidos para hacerlo.

La ley además intensifica las penalidades para aquellos que den trabajo a una persona indocumentada, obliga a los hospitales a compartir información migratoria de los pacientes, y penaliza el transporte de indocumentados desde o hacia el estado.

La ley HB1297 dispone que una persona mayor de 18 años encontrada culpable de abuso o intento de abuso sexual a un menor de 12 años, puede ser condenada a pena de muerte.

Si el fiscal busca la pena de muerte, el caso debe tener factores agravantes que sean demostrables sin dudas razonables.

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