La otra cara de la hermosa San Francisco: drogas, delincuencia, corrupción y una policía en decadencia

San Francisco es una de las principales ciudades de Estados Unidos, hermosa y vibrante, y una de las más elegidas por los turistas de todo el mundo.

Desde los noventa es, además, cuna de las empresas de tecnología, que mudaron allí sus headquarters y, en poco tiempo, coparon las oficinas, edificios y manzanas de la ciudad. Su cercanía a Silicon Valley, el hub tecnológico, convirtió a San Francisco en el sitio ideal para los jóvenes para distenderse y gastar sus riquezas.

A esto, se suman la presencia anterior de tradicionales firmas bancarias, de inversión y jurídicas, que contribuyeron también al alza en los precios de alquileres y de vivienda.

Mientras ocurría este boom, llegó la pandemia para empeorarlo todo.

La irrupción del coronavirus obligó a los trabajadores a continuar sus tareas de forma remota, por lo que muchas de las firmas allí radicadas prescindieron del alquiler de sus oficinas. Donde antes se veían carteles con anuncios y decenas de hombres y mujeres en trajes elegantes ingresando a los edificios, ahora se ven letreros de “se alquila”.

Mientras tanto, las fuertes fluctuaciones en la Bolsa han derivado en una ola de despidos masivos -entre ellos destaca el caso de Twitter, con la llegada de Elon Musk a la dirección- y una parálisis en la contratación que desalientan hasta la más remota posibilidad de un retorno a la imagen pre pandémica.

Es entonces que se dio el escenario perfecto para que afloren males que estaban contenidos en una suerte de olla a presión, lista para detonar.

Tenderloin es un barrio ubicado a unos 5 kilómetros del Ayuntamiento y del famoso distrito comercial Union Square y fue, durante muchos años, el lugar en el que acababan quienes no podían costear una vida en el centro.

Si bien no siempre corrió esa suerte -su notable arquitectura de principios del siglo XX delata su apogeo pasado- hoy en día está mayormente en ruinas y apestado de plagas de insectos. Sus inmuebles son, principalmente, hoteles de una sola habitación, generalmente tomados por personas con ingresos bajos o nulos.

También es a menudo utilizado por el Departamento de Personas Sin Hogar de la ciudad como albergue para personas con problemas de adicciones y que sufren enfermedades mentales.

Lejos de lo que supo ser, el Tenderloin es ahora un barrio desgarrador y peligroso, invadido por carpas, cobertizos viejos, sacos de dormir, sillas de ruedas rotas y pilas de basura desparramadas por las calles.

A su lado, suelen verse personas inconscientes, aturdidas y delirantes por los efectos de distintas sustancias (fentanilo y heroína, sobre todo), perros y cadáveres, sorteados por los traficantes que transitan cada día las calles en busca de su negocio.

Entre enero de 2021 y noviembre de 2022 se registraron 1.225 muertes por sobredosis en San Francisco.

Tenderloin se volvió el destino favorito de los adictos que saben que los opiáceos, la cocaína y las metanfetaminas se venden al aire libre, gracias a la actitud indulgente de las autoridades hacia la vigilancia. Inclusive, es sabido que la zona está controlada por un poderoso cártel hondureño.

Para peor, el problema comenzó a expandirse por fuera de las invisibles fronteras de este barrio y copó áreas anteriormente seguras de la urbe. El consumo de fentanilo aumentó notablemente en el último tiempo por su bajo precio y la situación llegó a ser tan delicada que la alcaldesa London Breed debió declarar el estado de emergencia en enero de 2022 para tratar de contener esta crisis que parecía salirse de control.

A principios de aquel año, el Ejecutivo local inauguró el Linkage Center en UN Plaza, que acabó siendo un fracaso humillante para las autoridades. El objetivo del sitio -cuyo costo fue de USD 22 millones- era que fuera un espacio en el que los adictos pudieran acudir para obtener tratamiento y servicios críticos pero, casi de inmediato, la corrupción pudo más y se transformó en un lugar destartalado, mugriento y financiado por el propio ayuntamiento para promover el consumo.

Los trabajadores distribuían drogas y naloxona a los adictos y los narcotraficantes se instalaban en las puertas del Centro para vender sus sustancias. Un negocio redondo.

Mientras tanto, madres y padres -que no perdían las esperanzas de recuperar a sus hijos- se organizaron en la agrupación Madres contra la Drogadicción y la Muerte, convocaron a una protesta en el centro de la ciudad y colgaron pancartas con el mensaje “Famosas en todo el mundo por nuestro cerebro, belleza y, ahora, fentanilo barato”.

Sus reclamos generaron tal revuelo que para diciembre de ese año el centro había cerrado.

Si bien fue una victoria para este grupo de madres, lo cierto es que sólo se trató de la punta del iceberg. El consumo masivo de drogas sólo es posible si hay, por detrás, una red que da lugar a que tales actos ilícitos ocurran con total impunidad.

La Policía de San Francisco fue una de las primeras en ser señalada. La institución se encuentra en su punto más bajo, con una fuerte carencia de moral, un déficit de 500 oficiales y un acentuado desfinanciamiento que lleva ya tres años.

La alcaldesa Breed informó entonces de un recorte de 120 millones de dólares al Departamento.

La deficiente seguridad en las calles disparó los robos de automóviles, los asaltos a plena luz del día, los atracos a tiendas, los mercados de droga al aire libre y las tomas de viviendas. A la gente le roban las bicicletas, los celulares y hasta los perros, comentó un vecino.

San Francisco Chronicle constató este descontento social en una encuesta que difundió en julio de 2022 en la que la delincuencia y la seguridad pública se ubicaron como la segunda mayor preocupación de los residentes, apenas por delante de la falta de vivienda.

Otra de las puntas del iceberg apuntó contra la Fiscalía, más específicamente, contra el controvertido Chesa Boudin. Desde su llegada al cargo en enero de 2020 se ocupó de dejar libres de forma rutinaria a los traficantes de drogas que eran detenidos y vació las cárceles de los más peligrosos delincuentes.

También fue señalado el sargento Daniel Solórzano, acusado de discriminación tras detener a 53 narcotraficantes latinos en Tenderloin, y a la espera de una definición por posibles medidas disciplinarias y hasta el despido.

En este contexto, Breed dio marcha atrás en los recortes anunciados sobre la Policía y convocó a una reunión de urgencia para analizar el nuevo presupuesto.

Pero hay una tercera arista: la corrupción al interior del Gobierno local.

Matt Haney, ex supervisor de la ciudad, aprobó la construcción de un baño público por USD 1.7 millones que nunca se concretó. También destinó USD 427.500 para la prueba de cinco prototipos de contenedores de basura. Mohammaed Nuru, director de Obras Públicas de San Francisco, fue detenido por fraude y tras ofrecer tratos preferenciales a empresas a cambio de pagos.

Más de USD 1.000 millones -del presupuesto anual de USD 14.000 millones de la ciudad- fueron donados a más de 600 ONG que prestaban servicios a ciudadanos en condiciones de vida inadecuadas pero no se han visto mejoras sustanciales. Otros 25 millones de dólares se destinaron a organizaciones, sólo para conocerse que éstas estaban suspendidas e inoperantes. Es decir, 18 organismos municipales no notaron que estaban pagando millones de dólares de los contribuyentes a organizaciones desaparecidas.

Esta cara de San Francisco aún está a tiempo de revertirse, sin embargo. El agudo daño creado por años de mal manejo político y desigualdad económica podría ser reenfocado con un plan adecuado de crisis para devolver a las calles de San Francisco el color y la magia que supieron tener.

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