Las cuatro amenazas del crimen internacional organizado que enfrentan Estados Unidos y Latinoamérica, según un experto

El investigador Douglas Farah -presidente de IBI Consultores y especialista en los vínculos que mantienen algunos gobiernos, el narcotráfico y los grupos terroristas- presentó este miércoles ante la Cámara de Representantes de EEUU un balance sobre las actuales amenazas que las organizaciones delictivas transnacionales representan para el continente americano y pidió mayor atención a la influencia de China, Irán y Rusia en la región.

Farah afirmó que América Latina se enfrenta a un “sinfín de retos transversales y transfronterizos” que amenazan directamente no sólo los intereses estratégicos de Estados Unidos, sino también los pilares clave que han sustentado las alianzas de larga data en toda la región. “A medida que las redes ilícitas amplían su control territorial, sus ecosistemas de corrupción, su poder político y sus líneas de productos, cuentan con la ayuda y la instigación de actores extrarregionales como China, Rusia e Irán, que socavan el Estado de derecho y desafían directamente los objetivos y las iniciativas de Estados Unidos en el hemisferio occidental”, declaró ante un comité de la Cámara baja del Congreso de EEUU.

“Rusia y China consideran América Latina un escenario clave de la competencia entre grandes potencias y actúan en consecuencia. Estados Unidos debe renunciar a la autocomplacencia inherente a haber sido el socio internacional preferido de la mayoría de la región durante un siglo, y buscar nuevos compromisos creativos con sus socios. Un compromiso de mayor calidad, más amplio y más sostenido con las comunidades adecuadas contribuirá en gran medida a reforzar la democracia, la sociedad civil y la estabilidad regional”, aseveró el experto.

Y señaló cuáles son los mayores focos de crimen organizado que “plantean nuevos retos a las fuerzas de seguridad y a las comunidades políticas de la región, que son de gran alcance y amenazan con acelerar las tendencias negativas si no se abordan con eficacia”.

Farah manifestó que el tráfico ilícito de recursos naturales no sólo abre nuevas vías de ingresos para las organizaciones delictivas transnacionales y para el blanqueo de dinero, sino que es uno de los principales responsables de la degradación masiva del medio ambiente, los riesgos para la salud, el trabajo infantil, la trata de seres humanos y la pérdida de legitimidad del Estado. “La mercancía más lucrativa es el oro -especialmente el oro extraído ilegalmente-, un comercio en gran medida no regulado que está en auge en todo el hemisferio, desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana y, en el norte, hasta las regiones de Madre de Dios de Perú y Bolivia y la cuenca del Amazonas en Brasil”, dijo.

Expuso que el régimen de Maduro en Venezuela ha recaudado cientos de millones de dólares a través de la venta de oro extraído ilegalmente, a menudo con el apoyo o acciones por poder de actores armados no estatales colombianos afiliados a diferentes grupos de las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“A medida que ha aumentado la presión de EEUU para detener el flujo de lo que los grupos de derechos humanos y otros llaman ‘oro de sangre’ al mercado internacional, cantidades crecientes de oro han fluido desde Venezuela, Nicaragua, Surinam, Ecuador y otros lugares hacia actores estatales y empresas criminales que operan fuera del hemisferio, incluyendo Turquía, China, Kenia, los Emiratos Árabes Unidos y otros lugares”, explicó. Y alertó que, en los últimos años, China se ha convertido en un mercado cada vez más importante para el oro extraído por el régimen de Maduro y que un grupo de intermediarios libios que tenían largos vínculos con los esfuerzos de evasión de sanciones del régimen de Khadafi en la década de 1990 son facilitadores clave en este nuevo espacio de convergencia criminal.

Douglas Farah remarcó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se ha convertido en los últimos tres años en la organización de tráfico de cocaína más importante de América Latina, superando al cártel de Sinaloa y a otras estructuras de narcotráfico mexicanas y colombianas. Denunció que ahora opera en al menos 29 de los 33 estados de México, así como en el norte de Centroamérica, Ecuador, Colombia y Venezuela, y que está expandiendo su operación en diferentes partes del mundo.

“Para lograr su ascenso, el CJNG se ha centrado con éxito en la expansión de su control territorial en múltiples jurisdicciones con el fin de controlar todas las actividades ilícitas en lugar de operar únicamente como plaza de cocaína y en el uso indiscriminado de la violencia generalizada para combatir a otros cárteles, a las fuerzas del orden, a los enemigos percibidos, como los periodistas, y a los posibles competidores”, afirmó.

Y apuntó que uno de los principales ámbitos del perfil económico ampliado y diversificado del CJNG incluye ahora un dominio cada vez mayor del tráfico de medicamentos falsos y productos farmacéuticos falsificados, una industria ilícita multimillonaria cuyo origen se atribuye en repetidas ocasiones a este cártel.

“Desde su aparición en el panorama delictivo como bandas carcelarias a mediados de la década de 1990, tanto la MS-13 (Mara Salvatrucha) en Centroamérica como el PCC (Primeiro Comando da Capital) en Brasil han sido identificados principalmente como matones callejeros conocidos por su violencia despiadada, sus llamativos tatuajes, sus redes de extorsión en los barrios y su insularidad cultural”, declaró Farah. Y advirtió que aunque esta tipología fue válida durante muchos años, ambos grupos se han convertido en amenazas delictivas transnacionales, por lo que la nomenclatura anterior resulta obsoleta e inexacta.

Farah remarcó que esta unión de grupos delictivos transnacionales que han pasado de ser bandas a ser grupos integrados en comunidades “plantea enormes y poco comprendidos desafíos a los intereses estratégicos de Estados Unidos y a su capacidad para responder eficazmente a la creciente inestabilidad hemisférica”. Arraigados en sus comunidades, es probable que este tipo de grupos delictivos se expandan por todo el hemisferio.

“La MS-13, que opera principalmente en el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), y el PCC, con base en São Paulo (y activo en la mayoría de los estados brasileños), son ahora amenazas criminales, políticas y militares de primer orden para la estabilidad del hemisferio”, dijo, y afirmó que estos grupos están cada vez más implicados en el tráfico mundial de drogas, la política y los conflictos armados del hemisferio.

Señaló que ambas estructuras “han alcanzado cierto entendimiento con el régimen de Maduro en Venezuela y las estructuras criminales aliadas que operan en territorio venezolano para adquirir cocaína y armas” y que ambas se basan en el control territorial como su principal reclamo de legitimidad. Alertó que han sustituido al Estado como árbitro del poder en la mayoría de las zonas en las que operan, y que en muchos sentidos tienen más legitimidad que las instituciones gubernamentales.

Advirtió que la MS-13 sigue circunscrita en gran medida al norte de Centroamérica y Estados Unidos, con una presencia cada vez mayor en México. Y manifestó que supone una “amenaza existencial” para los gobiernos de El Salvador y Honduras, países pequeños cuya principal importancia estratégica deriva de su proximidad a Estados Unidos.

“Aunque avanza agresivamente para hacerse con el control de las rutas de tráfico de cocaína en la región, la MS-13 está mucho menos implicada en el comercio transnacional de drogas que el PCC. Sin embargo, la mayoría de las actividades de la MS-13 repercuten directamente en Estados Unidos, lo que la convierte en un desafío más directo”, consideró Farah.

Aunque el PCC, a diferencia de la MS-13, no tiene sucursales operativas en Estados Unidos y no opera cerca de una frontera estadounidense, su estructura tiene una capacidad demostrada para perturbar y desestabilizar múltiples países del hemisferio -sobre todo Paraguay y Bolivia-, así como la capacidad operativa para suministrar cocaína y otros productos ilícitos a Brasil, África y Europa. “Este amplio alcance, que ahora se extiende a Colombia, Perú y Venezuela, impulsa a su vez la corrupción masiva y está sentando las bases para el colapso del Estado en múltiples países. El impacto acumulado supone una importante amenaza estratégica para Estados Unidos y sus aliados hemisféricos”, aseveró.

“Durante la mayor parte de la historia de la producción y los envíos de cocaína a gran escala en América Latina, los principales grupos operativos eran colombianos o mexicanos, y los grupos caribeños y las estructuras centroamericanas desempeñaban un papel menor. Con la diversificación tanto de los mercados como de los productos, el rostro de la delincuencia organizada transnacional en América Latina se está diversificando mucho más”, dijo Farah.

Advirtió que en la actualidad, junto a las estructuras regionales que se fragmentan y realinean, y a veces compitiendo con ellas, hay una presencia cada vez mayor de grupos de Europa del Este, China, Turquía, Italia y los Balcanes que compiten por un espacio.

“Grupos delictivos albaneses, kosovares y griegos compiten por el poder en Ecuador con los cárteles mexicanos. A finales de enero de 2022, un ciudadano albanés, al parecer un importante enlace entre las redes de narcotráfico sudamericanas y las redes delictivas balcánicas, fue asesinado a tiros en un restaurante de Guayaquil”, manifestó, y remarcó que los medios de comunicación ecuatorianos han confirmado al menos seis asesinatos de albaneses desde 2019.

Mencionó que el crimen organizado turco viene desarrollando incursiones en Venezuela desde al menos 2020 y que en noviembre de 2022 salió a la luz el papel de Panamá como eje logístico central de organizaciones criminales extrarregionales. “Las autoridades detuvieron a 49 personas en Dubai, España, Francia, Bélgica y los Países Bajos, todas ellas con presuntos vínculos con el llamado ‘Supercártel’. Los acusados coordinaban presuntamente una operación de tráfico de drogas a gran escala desde Panamá, con el apoyo de los principales cárteles de Irlanda, Italia, Bosnia, los Países Bajos y Marruecos. Según el fiscal general de Panamá, ciudadanos panameños habían estado ayudando al ‘Súpercártel’ a transportar drogas y mantener comunicaciones en todo el mundo”.

Y declaró que la delincuencia organizada italiana, en particular los grupos vinculados a la ‘Ndrangheta, también actúa en Argentina y Chile, con lazos en Centroamérica a lo largo de las rutas del narcotráfico hacia Europa.

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