Hace unos meses, los medios dieron la noticia de un grupo de estadounidenses secuestrados y heridos -y, hasta uno de ellos, asesinado- en Tamaulipas, México.
Este episodio cobró rápida relevancia por la rareza de su naturaleza ya que los sujetos habían cruzado la frontera para realizarse un procedimiento cosmético médico. Inclusive, la propia banda detrás del crimen reconoció su “error” en este caso.
Pero lo cierto, es que estos grupos delictivos operan a diario con total impunidad gracias a un esquema que les permite moverse con facilidad y hacerse con todos los recursos que necesitan para sus crímenes.
Una de las aristas fundamentales de este negocio es el tráfico de armas, que cada vez más tiene vínculos con el sur de los Estados Unidos, en el estado de Texas.
Los envíos de armas ilegales a través del Río Bravo representan un grave problema para ambos países que se ven avasallados por sus consecuencias e inundados por la alta tasa de criminalidad, en lo que podría considerarse, irónicamente, un fenómeno para nada natural.
México cuenta en todo su territorio con una sola armería, en Ciudad de México, que solicita a los compradores siete tipos de documentación, antecedentes penales y hasta prueba de su empleador antes de entregarles las armas, en una ventana de meses en la que se verifican todos los datos.
Sin embargo, los delincuentes mexicanos parecen no estar dispuestos a esperar tanto tiempo y cumplir con semejantes formalidades. Entre 2007 y 2021, 192.000 armas incautadas por las fuerzas de seguridad mexicanas resultaron ser de fabricación estadounidense. Inclusive, se cree que esto es tan sólo la punta del iceberg y que la suma total de armas contrabandeadas por año podría superar las 200.000.
Esto no es una novedad para ninguno de los Ejecutivos a ambos lados del curso de agua; data de décadas de ineficiencia en las políticas públicas que no han logrado dar una respuesta efectiva al crimen organizado y sus derivaciones.
Esto sólo llevó a un empeoramiento de la situación, por lo que el tema escaló a lo más alto de la agenda bilateral y hasta derivó en denuncias por negligencia a empresas de armas estadounidenses.
Tanto la Casa Blanca como el Palacio Nacional han dejado en claro que su prioridad es “detener el tráfico de armas” y “reducir el poder de fuego de las organizaciones criminales” que, a su vez, ha encontrado en Estados Unidos un importante mercado para el fentanilo.
En 2021 se alcanzó un nuevo récord de muertes por sobredosis en el país, contabilizándose 107.000 víctimas, de las cuales 71.000 tenían trazas de esta droga en sus organismos. Esto acompañó el segundo récord, de 2.000 kilos incautados de esta sustancia, en el primer trimestre de este año.
Varios legisladores republicanos han pedido que el Cártel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación y cualquier otro que opere en territorio mexicano y cruce la frontera sur sea declarado grupo terrorista y pueda ser perseguido por el Ejército estadounidense.
Dos de los principales voceros de esta iniciativa fueron Dan Crenshaw y Mike Waltz -de Texas y Florida-, quienes en enero aseguraron que “los cárteles están en guerra con nosotros, envenenando a más de 80.000 estadounidenses con fentanilo cada año, creando una crisis en nuestra frontera y convirtiendo a México en un narcoestado fallido. Es hora de que nos dirijamos directamente a ellos”.
Como primer paso de esta lucha, las autoridades necesitan una victoria sobre este “río de hierro” y ello sólo puede implicar su drenaje.
El trabajo debe realizarse a la par, en ambas orillas. Además de perseguir a los criminales, Washington debe arremeter contra las ferias irregulares de vendedores de armas que, sólo en Dallas, suman 700 puestos. Allí, si bien hay comerciantes autorizados, hay una gran cantidad de distribuidores privados que, por el contrario, ofrecen sus productos “sin impuestos, sin papeleo, por la puerta”.
Esta tarea no es sencilla ya que entra en juego la laguna legal que contempla la compraventa de armas de colección entre aficionados, y de la que muchos se aprovechan y abusan para hacerse con grandes cantidades de estos artículos.
Sin embargo, la implementación de una comprobación universal de antecedentes en cada transacción podría ser de gran utilidad como primer paso en esta lucha. Inclusive, lejos de lo que podría llegar a pensarse, encuestas del último año de Morning Consult y Político, expusieron que un 88% de la población estadounidense está a favor de la medida y sólo un 8% se opone a ella.
Otra posible vía es la persecución a los testaferros que adquieren armas en nombre de los cárteles -incluso por bajas sumas de dinero- dado que la Justicia suele ser blanda en estos casos. Muchos de ellos aseguraron haber obtenido la libertad condicional simplemente mintiendo en los formularios.
Para hacerle frente a esta cuestión, Estados Unidos podría valerse de la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras aprobada en junio de 2022, que endurece las penas y eleva hasta los 15 años la condena de cárcel para estos delincuentes.
El único tema, entonces, sería lograr una correcta aplicación de la ley.
Hay un tercer obstáculo que las autoridades aún deben afrontar: se trata de la venta de “armas fantasma”, cuya popularidad ha escalado el último tiempo y que, tal como su nombre sugiere, es difícil de seguir.
Ante los avances de la policía sobre las ventas irregulares, los delincuentes se han visto obligados a reacondicionar su negocio para poder continuar operando. Para ello, montaron modestos talleres en los que fabrican armas caseras no serializadas y que son montadas a partir de kits que se adquieren fácilmente por Internet.
Esta práctica mantiene fuera del sistema a estas armas -por lo que es imposible calcular una cifra exacta de cuántas se han producido ya- pero que, en base a operativos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, en California ya constituye el 30% de las circulantes por las calles.
Ahora bien, esto no tendría tal popularidad de no haber, del otro lado, ansiosos clientes deseando adquirirlas.
Ya abordadas las tareas a realizar por la administración de Joe Biden, cabe analizar el escenario en la otra orilla del río, donde gobierna Andrés Manuel López Obrador.
A los cárteles mexicanos también les gustan los fantasmas. Golpes a los cárteles que datan de 2014 ya exponían el uso de estas armas junto con otras de mayor calibre y que dan cuenta de otro grave problema.
Muchas veces estas bandas optan por manejarse con armas de fuego de munición más pesada -de calibre .50-, utilizada en ametralladoras militares.
Estos artículos tan preciados para los narcos les permiten perforar el metal de las patrullas de la policía y hasta dejar inutilizable el motor de un barco grande.
Lo curioso es cómo logran hacerse con ellas si en Estados Unidos este negocio es muy poco rentable ya que cada una de ellas cuesta más de USD 8.000 y no son fáciles de conseguir.
Es entonces que entra en juego la responsabilidad de López Obrador, quien debe afrontar traidores entre sus propias filas: muchas veces, las fuerzas de seguridad mismas son las que venden sus armas.
Luego de que tropas federales tomaran la base de la policía en Acapulco en 2018 se descubrió que faltaban 342 armas, el 19% de su arsenal. Sumado a esto, el Departamento de Defensa informó que entre 2006 y 2018, 15.592 armas propiedad de policías y soldados fueron reportadas desaparecidas.
Mientras las narcobandas aplican sus maniobras y se reinventan con tal facilidad, los índices de violencia y muerte en México y Estados Unidos sólo aumentan.
En 2022, México registró más de 30.000 asesinatos, el 70% de ellos por armas de fuego, y decenas de ciudades están bajo control de los cárteles.
A la par, Estados Unidos teme por la vida de sus ciudadanos que, en el país mueren cada vez más por sobredosis de fentanilo y, al cruzar la frontera, son perseguidos y asesinados por las bandas a las que proveen.
En el medio están los refugiados, que huyen de un país al otro, con la esperanza de evitar el derramamiento de sangre, pero tampoco son bien recibidos ni llegan a la tierra de las oportunidades con la que tanto sueñan.
El tiempo corre y las consecuencias son cada vez peores: las autoridades necesitan coordinar sus esfuerzos para dar una respuesta efectiva y contundente a estos grupos y pongan fin a la violencia.
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