El estado de la Florida tiene una cruzada contra el comunismo, y la última batalla se está librando contra los gobiernos, empresas o ciudadanos de países considerados “preocupantes”, como China, Irán, Corea del Norte, Cuba y Venezuela.
De acuerdo a una nueva ley aprobada por amplia mayoría por la legislatura estatal y firmada por el gobernador, Ron DeSantis, que entrará en vigor el próximo 1 de julio, los ciudadanos de estos países (que no sean residentes permanentes de Estados Unidos o que no tengan visas inmigrantes) o empresas cuyos dueños sean de esos países, no podrán comprar tierras agrícolas en el estado de la Florida. Tampoco podrán adquirir ningún tipo de propiedad que se encuentre a menos de 16 kilómetros de bases militares, o infraestructura vital -como puertos, aeropuertos, puentes, etc. Es decir, los ciudadanos de estos países no pueden comprar ningún inmueble en un lugar como el condado de Miami Dade.
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“Queda claro que no queremos al Partido Comunista Chino en el estado del sol. Ellos han establecido un poderío económico y militar mucho mayor hoy que lo que era hace 20 o 25 años. Y quieren expandir su poderío en todo el mundo”, decía DeSantis durante la ceremonia de firma de la ley.
Según el gobernador de Florida, los regímenes imperantes en los países que entran en la ley tienen intereses que van en contra de los ideales estadounidenses. Por eso es que no quiere que ciudadanos de esos lugares tengan poder sobre tierras o propiedades clave en el estado de Florida. Si las personas nacieron en esos países pero viven de manera permanente en Estados Unidos, la ley no los afecta.
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Además, el gobernador firmó como ley otra medida que prohibe a las universidades estatales y a sus empleados que acepten regalos de centros de estudios de los mismos países de la lista de lugares que generan preocupación, o que firmen programas de acuerdos.
Por último, DeSantis decidió expandir un decreto de septiembre de 2022 que creó una lista de redes sociales que venden datos a los regímenes de estos países, además de prohibir el acceso a esas redes desde conexiones de internet que pertenecen al estado.
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