A esta altura no es novedad para nadie que lo que se ve en redes sociales pocas veces sea la realidad de la vida de las personas. Pero lo que seguramente no sabían los seguidores de Daniela Rendon, influencer de origen colombiano y agentes de bienes raíces de lujo de Miami, es que muchos de los lujos que se veían en las fotos y videos habían sido financiados con dinero del estado obtenido de manera fraudulenta durante la pandemia.
La mujer, que se ganaba la vida vendiendo apartamentos de lujo en la zona de Sunny Isles, se mostraba ante más de 30 mil seguidores en Instagram conduciendo un lujoso automóvil Bentley, que alquiló con dinero de origen fraudulento, así como un apartamento de lujo en el que vivía.
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El pasado mes de febrero, a Rendon le impusieron dos cargos por lavado de dinero, siete cargos por transferencias fraudulentas y un cargo sobre robo de identidad agravado, todos relacionados con un préstamo de 317.290 dólares de los que entregaba para empresas el gobierno federal durante tiempos del COVID-19, más otro préstamo de 10 mil dólares de la administración federal de pequeños negocios.
Ese dinero estaba supuesto a solventar gastos de pequeñas empresas durante la pandemia, como el pago de alquileres, pago de servicios o sueldos del personal. Rendon lo utilizó para realizar gastos personales excéntricos y llevar una vida de lujo. Sin siquiera tener empleados (pero falsificando datos de empleados inventados) obtuvo el dinero que invirtió, según comprueban los documentos de la corte, en tratamientos estéticos y zapatos de diseñador hechos a medida.
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Rendón presentó falsa documentación al gobierno federal indicando que su empresa de bienes raíces facturaba 92 millones de dólares al año. En realidad, en aquellos años (entre 2019 y 2020), Rendon trabajaba como agente inmobiliaria para otra empresa con un sueldo de 2 mil dólares por quincena.
Sus abogados lograron un acuerdo con la fiscalía en el que le quitaron la mayor parte de los cargos, pero ella se declaró culpable de un cargo de fraude por el que tendría que pagar una multa de 250 mil dólares y cumplir una condena de prisión de hasta 20 años. Ahora será el juez el que decida que pena le cabe por la ofensa que reconoció que cometió.
Además, el fraude en tiempos de COVID-19 se había convertido en un tema familiar para Rendon. Su prometido también fue encontrado culpable de un fraude similar, aunque por cifras aún mayores.
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