Más de 6.000 menores ucranianos, entre los cuatro meses y los 17 años de edad, fueron enviados por las tropas de Vladimir Putin a campos de reeducación o al sistema de adopción ruso, según un estudio del Laboratorio de Investigación de la Universidad de Yale, financiado por el Departamento de Estado de EEUU.
De acuerdo con ese estudio, Rusia mandó a más de 6.000 menores de Ucrania a esos campos u otras instalaciones desde el inicio de la invasión rusa del territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022.
El experto Nathaniel Raymond, director ejecutivo de ese laboratorio estadounidense conocido en inglés como Yale HRL, indicó en una rueda de prensa que disponen de pruebas de que Rusia violó la Convención de Ginebra y “otros elementos” de la ley internacional sobre los derechos de los menores y su protección en un conflicto armado.
Según la investigación, Moscú retiene a los menores ucranianos en 43 centros, de los que 41 fueron utilizados en el pasado para campamentos de verano infantiles.
Raymond precisó, además, que “el 78 % de esas instalaciones lleva a cabo alguna forma de reeducación de menores ucranianos, principalmente de zonas como Donetsk y Lugansk”, en el este Ucrania.
Agregó que hay otros menores que confirmaron que han sido puestos en el sistema de adopciones y en orfanatos rusos.
El experto advirtió sobre el alcance geográfico “masivo” de estas actividades rusas, porque los centros adonde son enviados los menores ucranianos están en varias partes, como en la península de Crimea -ocupada por Rusia-, Moscú, el mar Negro y Siberia.
Incluso hay una instalación de ese tipo en Magadan, en la costa rusa del Pacífico, “más cerca del EEUU continental que de Moscú”, apuntó Raymond.
El experto explicó que hay dos grupos de menores: por un lado, están los procedentes de Donetsk y Lugansk, que constituyen el grueso de los 6.000 niños, cuyo número ha sido calculado en base a los informes sobre transferencias a los campos de reeducación.
El segundo pertenece a lo que Rusia denomina “evacuados” de Kherson, Kharkiv y Zaporizhzhia, que, según Raymond, está siendo puestos en el sistema de adopción ruso.
El experto estadounidense subrayó que han podido identificar unos 32 centros donde se están llevando a cabo “esfuerzos sistemáticos de reeducación” para “exponer” a los menores ucranianos a una educación militar, además de una enseñanza académica rusa y un patriotismo cultural.
Otra de las responsables del estudio de EEUU, Caitlin Howarth, detalló que en lo que respecta al entrenamiento militar no se trata de menores sentados en un aula escuchando lo que dicen sus instructores, sino que consiste “en el manejo de armas de fuego”.
“Tenemos imágenes de video y fotográficas de (los menores) pasando por vías con obstáculos, en entrenamiento físico, manejando vehículos y armas...”, enumeró.
Raymond concluyó que con estos actos Rusia está adoptando un enfoque global a nivel gubernamental para reeducar, reasentar y llevar a cabo adopciones forzadas de menores ucranianos.
“Esto es exactamente consistente con lo que supusieron algunos de los primeros juicios de nazis ante el tribunal de Nuremberg. No hay duda de que no existe confusión en la ley internacional: Las acciones de Rusia son ilegales y pueden constituir un crimen de guerra y contra la humanidad”, aseguró.
El pasado mes de enero, la ONU pidió que se investigue como crímenes de guerra los bombardeos de las tropas rusas contra edificios residenciales.
Entretanto, el presidente ucraniano Volodimir Zelensky acusó a Rusia de tratar de encubrir sus crímenes de guerra ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de campañas de desinformación en el seno del organismo.
El señalamiento de Kiev llegó después de que el representante ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, aseguró que el Gobierno ucraniano estaba preparando iniciativas para “eliminar por completo” a la Iglesia Ortodoxa de Ucrania.
El representante ucraniano ante Naciones Unidas, Sergei Kislitsia, afirmó que es “lamentable” que su homólogo ruso, Vasili Nebenzia, “sea capaz de abusar de su asiento permanente para hacer que el Consejo escuche sus narrativas de desinformación”.
“Moscú todavía intenta desviar la atención del Consejo de las amenazas reales a la seguridad derivadas de su agresión”, declaró.
Kislitsia sostuvo que la libertad de religión es un derecho humano, tal y como está recogido en varios documentos de organismos internacionales.
Sin embargo, denunció que durante la guerra las tropas rusas han destruido más de 270 iglesias y edificios sagrados.
(Con información de EFE y Europa Press)
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