Italia es uno de los países más desbordados por el turismo. Según datos del Istituto Nazionale di Statistica, en 2023 se registraron 134 millones de llegadas al país. En los lugares con un mayor número de visitantes, especialmente del Mediterráneo, se está empezando a caldear el ambiente con movimientos antiturísticos. Esto es debido a, entre otras cosas, la cantidad de inmuebles que, por estar destinados a un uso turístico de alquileres de corta duración quedan fuera de la circulación para los ciudadanos locales, provocando una subida de los precios al reducir la oferta. En Florencia, por ejemplo, más de un tercio de las viviendas está registrada como AirBnb, según Uco Digital.
En particular, servicios como AirBnB están en el foco de estas demandas sociales, ya que desde hace algunos años está monopolizando el sector. A lo largo de este año, han tenido lugar manifestaciones multitudinarias en contra de esta tendencia, en Madrid, Barcelona, Andalucía, Canarias o Baleares, y este pasado mes de noviembre, en Milán: los lugareños, indignados, se dedicaron a destruir las cajas de llaves empleadas por los propietarios para que los inquilinos de sus AirBnB accedan sin necesidad de hacer ningún tipo de Check-In. Suelen ser pequeños recipientes con código, adheridos a las fachadas o a las puertas de las viviendas.
El movimiento antiturístico empieza a dar sus frutos
Aunque no sea tanto por el motivo de las protestas sino por “razones de seguridad nacional”, el gobierno italiano ha decidido deshacerse de este método de Check-In: con vigencia a partir del próximo año, en todo Italia estará prohibido usar este tipo de cajas de llaves. A partir de ahora, los turistas deberán reunirse en persona con los propietarios para que estos verifiquen su identidad.
Según Vittorio Pisani, el jefe de la Policía Nacional italiana, esta prohibición ayudará a las autoridades a controlar a los “individuos peligrosos” o aquellos “vinculados a organizaciones terroristas”. Alegan que “los terroristas” y demás personalidades peligrosas pueden haber comenzado a alquilar este tipo de residencia temporal utilizando documentación falsa y sin verificar, por lo que “es necesario implementar medidas estrictas destinadas a prevenir amenazas al orden público y a la seguridad asociadas con el posible alojamiento de personas peligrosas asociadas con organizaciones criminales o terroristas”.
Se desconoce si se trata de una reacción a algún caso particular que haya hecho saltar las alarmas o si es una medida enteramente preventiva, aunque según Pisani, la orden se emitió a la luz de la “intensificación del fenómeno de los llamados ‘alquileres a corto plazo’” así como “los numerosos eventos políticos, culturales y religiosos que se están planificando”, incluidas las celebraciones del Jubileo de la Iglesia Católica en 2025.
Aunque esta medida ha recibido algunas críticas, tachándola de “discriminatoria” y argumentando que tendrá efectos negativos sobre los negocios locales, otros como Roberto Gualtieri, el alcalde de Roma, acogieron con satisfacción la orden, que primero llegó del Ministerio del Interior, diciendo que significaría “controles de acceso más efectivos y un primer freno a la competencia desleal”, añadiendo también que esas cajas mecánicas “arruinan nuestras calles”.
Esta es solo una de las medidas en contra del turismo excesivo impuestas por el gobierno italiano, prometiendo, quizás, la llegada de un tiempo de cambio hacia una mayor regulación que permita a los residentes de los puntos turísticos clave vivir dignamente sin quedar como segunda prioridad ante los visitantes extranjeros. Claro, la industria de turismo es importante, pero no si su existencia depende de la precariedad de la población local para subsistir.