Las claves del auto con el que LaLiga pretende multar por ver el fútbol pirata: “Pueden pedir tus datos por meros indicios”

Si la vertiente audiovisual del fútbol ya era objeto de debate en España debido a los precios que se demandan para su consumo legal, la novedad de relevancia con respecto a las visualizaciones ilegales tan sólo aporta más picante a la conversación. En las últimas horas, LaLiga ha estado a pie de calle, en las redes sociales y fuera de ellas, por un auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona que abre la puerta a una persecución más seria contra el pirateo asociado a la máxima categoría del deporte rey en nuestro país. Una realidad que pasa a estar ahí, aunque no se trate de una sentencia judicial firme.

“Ha avalado que se permita sancionar a individuos particulares. Es decir, en su ámbito residencial. Antes, las sanciones eran principalmente para las plataformas audiovisuales. Ya fuera Movistar, Orange, etcétera. O, por ejemplo, también se daban las famosas sanciones para los bares y restaurantes que tenían ese uso comercial y que si utilizaban transmisiones ilegales podían tener sanciones económicas. Lo que realmente es polémico, o al menos yo lo entiendo así, es que ahora mismo el juez ha establecido una suerte en la cual prácticamente está legislando hasta cierto punto. Porque está creando un tipo de norma cuando tampoco le corresponde. Lo que permite es que ahora las plataformas tengan que identificar a los usuarios (con IP, nombre y apellidos, los datos identificativos como el DNI) para poder sancionar a los usuarios que detecten que están utilizando este tipo de contenido ilícito”, explica Gonzalo Jiménez Illana, socio de Derecho Deportivo en Martínez-Echevarría Abogados, a Infobae España.

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El abogado considera que estamos ante “un conflicto con los derechos de los usuarios, de protección de datos”. Es así porque “sin tú saberlo y sin dar ningún tipo de consentimiento, la compañía de teléfonos que tienes contratada y que tiene un acuerdo con cláusulas de confidencialidad contigo le va a poder facilitar los datos, en este caso, a LaLiga, que no es un órgano judicial”. Y, además, “cuando haya indicios razonables”.

“¿Quién es LaLiga para evaluar lo que es un indicio razonable y lo que no? Entendemos que es probable, pero no tenemos la certeza de que esté viéndolo a través de un sistema ilícito y le pedimos estos datos sin ninguna autorización judicial a Movistar o a quien sea. Y a partir de ahí, tienen la obligación de dárnoslos, claro. La polémica viene de esta desproporción entre la protección de la intimidad y de la protección de los datos de los usuarios con respecto al bien protegido, que no deja de ser el interés económico de LaLiga. Basado en que hay un 4% de las personas que utilizan los datos o ese contenido que se sospecha que pueden haberlo hecho de manera fraudulenta, aunque tampoco se tiene la certeza de ello”, completa Jiménez Illana.

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A su juicio, “se están equiparando estos delitos contra la propiedad intelectual con otros muy graves para los que ya existen unas garantías incluso superiores”. “Si una persona fuera por la calle, le robara 300 euros a otra (es decir, por debajo de 400) y con ese dinero pagara su suscripción a Amazon o a Movistar, estaría incurriendo en una falta. Sin embargo, si no roba a nadie, pero utiliza un USB que le permite ver el partido de forma ilícita, sería considerado delito”, ejemplifica el letrado. Así pues, una persecución que hasta la fecha quedaba reducida a mafias y negocios se amplía para afectar de lleno al ciudadano raso. Otra analogía “rocambolesca” y que vuelve “muy grave” la comparativa: “Esto ya se hace, para algunos casos, con plataformas que bloquean contenido para pornografía infantil”.

Este nuevo escenario resulta complicado de predecir, ya que “genera ciertas obligatoriedades para las plataformas” y “verdaderamente, no sabemos cuál va a ser el límite”. “Tiene que estar muy justificado que hay otro valor que se contrapone superior. Es decir, que puede haber un perjuicio social, a la seguridad pública… En este caso, es muy difícil justificar eso más allá del interés económico”, recalca el experto consultado por este periódico.

“Se está haciendo una identificación de usuarios que no deja de ser compleja”, prosigue Jiménez Illana, que aporta un nuevo ejemplo para clarificar lo que puede ocurrir próximamente: “Imaginemos que una persona tiene contratado su canal de Movistar sin el fútbol y su hijo o nieto tiene un dispositivo que le permite ver de forma ilegal los partidos de fútbol. La sanción le va a llegar a la persona que tiene el contrato. ¿Va a tener que identificar ese padre o ese abuelo a su hijo o nieto y denunciarle porque ha cometido un acto ilícito? Porque la multa le ha llegado a él. Está abriendo una puerta muy peligrosa respecto a cómo equiparan a los usuarios con respecto a las mafias”.

Ante todo, hay que evidenciar que “LaLiga va a poder actuar desde ya con estos temas”. Lo cual suscita una cuestión: “¿Por qué LaLiga, una entidad privada, puede tener derecho a acceso sobre datos personales de un ciudadano particular sin una causa probada, sólo por indicios y sin ninguna orden judicial concreta? Independientemente de que a mí me sancionen o no, ¿por qué va a tener acceso y cómo las plataformas van a saltarse esos acuerdos de confidencialidad y de protección de datos con sus propios usuarios?”.

Para Jiménez Illana, se trata de una pregunta lícita. “LaLiga, hasta donde yo sé, tampoco es nadie para poder multar a ciudadanos particulares. Si a ti te llega una notificación de LaLiga, tendrá que estar refrendada por algún órgano judicial”, aclara. “Las plataformas tienen que velar por la protección de datos de sus clientes, que son los usuarios. No por lo que diga o no una compañía privada. Además, esto amplía el debate a por qué el fútbol sí y otros elementos no. Acabamos de otorgar a un tipo de evento o de contenido un valor supremo sobre cualquier otro”, lamenta, en ese sentido.

No parece que lo sucedido vaya a conseguir el abaratamiento que tanto se pide últimamente. “Protege los derechos de las plataformas y de la propia Liga para poder vender incluso más caro. Porque, en este caso, están diciendo ‘oye, estoy protegiendo y todo usuario que quiera ver el fútbol va a tener que pasar por vuestra plataforma’. Por lo tanto, estáis ganando este porcentaje de personas que lo estaban viendo de forma ilícita. Ahora mismo, la gran mayoría van a tener que pasar por el aro, y entonces incluso va a aumentar el precio”, aventura el jurista.

Bajo su punto de vista, la conclusión es rotunda. “Todos los ciudadanos, consumamos o no el contenido de estas características, tenemos que estar asustados, porque es una vulneración muy importante de las libertades y la propiedad de los datos de cada usuario. Esto no afecta exclusivamente a quien lo esté haciendo mal ni podemos decir ‘bueno, mientras yo lo haga bien no me afecta’. Pueden pedir tus datos por meros indicios. Entonces, ¿quién evalúa esos indicios? Teóricamente, debería ser un juez. Si este auto habla de que no se necesita comparecencia judicial, creo que no es ese usuario el que tiene que estar preocupado, sino todo ciudadano que ve en cierto modo afectada esa protección de datos que pensaba que tenía. Ahora es al contenido de fútbol, pero en un futuro puede llegar a ser extensivo a casi cualquier contenido con esta teoría”, sentencia.