Sevilla, 24 abr (EFE).- Organizaciones ecologistas han vuelto a expresar su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar (Sevilla) por sus riesgos ambientales cuando este viernes se cumplen 27 años de la rotura de la balsa de lodos de la mina de Boliden en Aznalcóllar, que provocó la "mayor catástrofe ambiental de Andalucía hasta la fecha".
En este aniversario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar, cuyos derechos mineros la Junta de Andalucía otorgó en febrero de 2015 a la empresa Minera Los Frailes, participada en un 97 % por la multinacional Grupo México, han informado en un comunicado conjunto.
Han pedido a la Junta la suspensión provisional de la tramitación de las autorizaciones actualmente en trámite hasta la resolución del juicio oral que se sigue en relación con el proceso de adjudicación de derechos mineros a Minera Los Frailes, entre otras medidas.
En julio de 2024 la Consejería competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes para la extracción y para una planta industrial de obtención de concentrados de zinc, cobre y plomo durante un período operativo de 17 años, pero "todavía no se ha otorgado ni la autorización minera dependiente de la Dirección General de Minas, ni la concesión de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir", han señalado.
Las organizaciones ecologistas denuncian que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluido en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.
Han alegado que la autorización ambiental incluye un vertido de 85.520 millones de litros de aguas tóxicas en el río Guadalquivir a su paso por la ciudad de Sevilla, que incluiría el vaciado completo de la corta de Los Frailes (15.000 millones de litros) y el vaciado parcial de la corta de Aznalcóllar (2.520 millones de litros), de aguas ácidas muy contaminadas, durante una primera fase de 18 meses, y un vertido continuo posterior de 4.000 millones de litros anuales durante 17 años en la fase operativa de explotación minera.
Según los ecologistas, este vertido contaminaría el río con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda , afectando gravemente los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir, lo que además pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos.
La rotura de la balsa de Aznalcóllar en 1998 cubrió de lodos tóxicos 4.634 hectáreas, contaminó 60 kilómetros de cauce del Guadiamar y costó más de 240 millones de euros públicos limpiar sus efectos, han recordado las organizaciones ecologistas. EFE

