Madrid, 16 abr (EFE).- El Gobierno ha informado al Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del grado de cumplimiento de sus recomendaciones y asegura que España cumple, total o parcialmente, 24 de las 30 realizadas por este organismo del Consejo de Europa, mientras estudia la implementación de las restantes.
Según ha informado en un comunicado el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en 2024 España cerró la IV ronda de evaluación del GRECO, referida a la prevención de la corrupción en miembros de parlamentos nacionales, jueces y fiscales.
En su informe, el propio organismo consideró implementadas, de forma total o parcial, diez de sus once recomendaciones. No obstante, finalizada la ronda de evaluación, España ha informado de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), exigencia reiterada desde este organismo.
Con ello -señalan desde Presidencia- se da por cumplida la única recomendación pendiente de esta evaluación.
En cuanto a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad de miembros de Gobiernos centrales, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el GRECO ha anunciado este miércoles desde París que España incumple, o lo hace de manera insatisfactoria, las 19 recomendaciones que el Consejo de Europa lleva haciéndole desde junio de 2019 para luchar contra la corrupción en este ámbito.
Ha detallado que en su sesión plenaria que celebrará del 2 al 5 de junio, examinará el informe que le reclamó a España para antes del 31 de diciembre de 2024 ante esos incumplimientos (13 parciales y 6 totales), y en función del resultado podría tomar diferentes medidas de presión.
Además, se ha enviado una carta al representante español ante este organismo de defensa de la democracia y de los derechos humanos para llamarle la atención sobre esos incumplimientos y para que tome "medidas decididas con vistas a lograr progresos tangibles lo antes posible".
Según el comunicado de Presidencia, España ya está cumpliendo parcialmente 13 de esas 19 recomendaciones y cita en concreto la adopción del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado, basado en la evaluación de riesgos, un código ético, disposiciones sobre integridad y conflictos de intereses, formación o canales internos de denuncia, entre otras medidas.
Con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones pendientes, el Gobierno ha dado traslado al GRECO de algunas medidas adoptadas a lo largo de 2024 y 2025, con posterioridad al informe.
La principal es la aprobación del "Plan de Acción por la Democracia", una hoja de ruta para fortalecer los principales elementos del Estado de Derecho y dotar de más herramientas a la sociedad civil para evaluar la acción de los poderes públicos.
Y entre las primeras iniciativas desarrolladas en este Plan destaca la creación del Estatuto de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, o el proyecto de Ley de transparencia e integridad de los grupos de interés, que será la primera regulación de las relaciones entre los ‘lobbies’ y los empleados públicos susceptibles de recibir influencia. EFE
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