Madrid, 9 abr (EFE).- La autorización de un proyecto de sondeo de inyección de gas bajo el acuífero de Doñana, denominado Marismas-3NE, pone "en peligro" dos espacios protegidos europeos de la Red Natura 2000 ubicados en la zona al implicar "riesgos sísmicos, vertidos de hidrocarburos y contaminación", según Ecologistas en Acción.
Un comunicado facilitado por la organización conservacionista señala que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha expuesto a información pública la autorización administrativa y el proyecto de ejecución de este "polémico proyecto" de la compañía energética Trinity Energy Storage, que forma parte de una iniciativa denominada Marismas Occidental.
Pese a la "fuerte oposición y potentes alegaciones" durante un trámite que se prolongó 6 años, Marismas Occidental obtuvo finalmente la declaración de impacto ambiental en 2010 y la posterior autorización administrativa y de ejecución en 2016.
Ecologistas en Acción considera "contradictoria" la reactivación de la iniciativa ya que el propio MITECO a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir "está ejecutando en la misma zona un proyecto de recuperación del Arroyo de El Partido y su llanura de inundación" y Marismas-3NE se situaría en esa llanura por lo que su construcción y funcionamiento "afecta indirectamente" a dos espacios protegidos europeos de la Red Natura 2000, cerca del límite del Espacio Natural de Doñana.
Esto se debe a que necesita atravesar el acuífero 27, a través de la masa de agua de La Rocina, declarada en julio de 2020 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en riesgo de "no alcanzar el buen estado ni cuantitativo ni químico" y que podría sufrir contaminación por vertido de hidrocarburos.
Además, los últimos estudios científicos sobre los riesgos sísmicos en Doñana advierten de que se trata de un escenario tectónico, "donde la actividad inducida por la inyección de gas resulta impredecible" e incluso podría generar "un posible enjambre de terremotos, como ocurrió en el yacimiento de Castor" hace pocos años para inyectar gas natural frente a las costas de Castellón y Tarragona, que forzó un coste de indemnización de 1.350 millones de euros.
Por ello la ong pide al Gobierno que "desista de la inyección de gas fósil" y evite convertir "definitivamente" el espacio protegido y su subsuelo en "una infraestructura industrial de energía fósil”. EFE

