Madrid, 2 abr (EFE).- España ya cuenta con una ley contra el desperdicio alimentario, que se ha materializado este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que busca prevenir y concienciar contra esta lacra.
Su proceso de tramitación con la aprobación en el Congreso de los Diputados -el segundo al decaer el primer intento por la convocatoria de elecciones generales- culminó el 20 de marzo, aunque entró en vigor el pasado 2 de enero, según detalla el BOE.
La ley tiene como objetivo frenar el desperdicio de alimentos en toda la cadena alimentaria, desde los productores primarios, en la fase de cosecha y recolección, hasta los consumidores finales, tanto en los hogares como en bares y restaurantes.
Con ella, España debe "recuperar el valor de los alimentos y valorizar el trabajo de quienes los producen: agricultores, ganaderos y pescadores", ha destacado en un comunicado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
Según el propio departamento, la norma beneficiará a todos los operadores de la cadena, ya que facilitará que "optimicen sus recursos y mejoren su eficiencia productiva y su rendimiento".
Para evitar el desperdicio de los alimentos, la norma obliga a los agentes de la cadena alimentaria a disponer de un plan de prevención de las pérdidas y el desperdicio; el objetivo es, según Agricultura, que hagan un autodiagnóstico de sus procesos productivos.
De este modo, se establece una jerarquía de usos, en la que tiene prioridad el consumo humano, bien a través de la transformación de los alimentos, por ejemplo, en zumos o mermeladas en el caso de la fruta, o mediante la donación o redistribución.
Como segundo uso en la jerarquía se contempla la alimentación animal o la elaboración de subproductos para la industria.
Asimismo, la ley obliga a adoptar acuerdos entre los operadores y las entidades sociales y bancos de alimentos para facilitar la donación y establece que los establecimientos de hostelería, salvo los de bufé libre, tendrán la obligación de facilitar al cliente que se pueda llevar los alimentos sobrantes en envases reciclables.
No obstante, quedan excluidas de la obligación de aplicar la jerarquía, elaborar un plan de prevención y de firmar acuerdos de donación las microempresas (menos de 10 trabajadores) y las pequeñas explotaciones agrarias (menos de 50 trabajadores),
En el comunicado, el Ministerio ha adelantado que se aprobará un plan nacional de control de las pérdidas y el desperdicio alimentario que incluirá los objetivos y prioridades a realizar por las administraciones competentes en la materia.
En el caso de las infracciones leves, como por ejemplo no aplicar la jerarquía de usos, se establecen sanciones que oscilan desde el apercibimiento hasta multas de un máximo de 2.000 euros; si se trata de una infracción grave, la multa oscila entre los 2.001 y 60.000 euros y si es muy grave puede llegar a los 500.000 euros.
EFE
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