Juan Javier Ríos
Madrid, 25 mar (EFE).- La palabra 'alerta' asusta al consumidor cuando va aparejada a una información sobre seguridad alimentaria, pero una gran parte de esas alertas son activadas para retirar alimentos que ni siquiera han llegado a ponerse en las baldas del supermercado a disposición del consumidor.
Por ejemplo, en enero y febrero de este año la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha registrado 67 alertas pero sólo ha informado públicamente, por el riesgo para la población, de nueve (seis sobre alérgenos, dos de interés general y uno en complementos alimenticios).
Es decir, solo algo más del 13 % del total de alertas registradas tuvo el interés necesario y la necesidad de ser transmitidas para informar a la población.
Desde la Aesan han informado de que los criterios necesarios para publicar una alerta a través de su web y otros canales de información de acceso directo al consumidor son que exista una "certeza o duda razonable" de que el producto "ha sido distribuido" a la población y de que haya un "riesgo grave" con su ingesta.
También se sopesan una gran variedad de criterios adicionales como su capacidad para producir un brote alimentario, nivel de distribución del alimento (amplia, restringida o limitada) o tipo de peligro que representa.
Las autoridades sanitarias y de consumo están inmersas en un proceso de comunicación para intentar hacer pedagogía sobre el sistema de alertas para que los medios de comunicación y el propio consumidor final sepan separar el grano de la paja, como coloquialmente se dice, y diferenciar qué es lo verdaderamente relevante.
Una misión no exenta de dificultades porque la seguridad alimentaria y la salud despiertan interés entre la población, resultando por lo tanto atractivo para el 'amarillismo' o el conocido 'clickbait' y otros intereses de diversa índole.
Eso, unido a un consumidor que se puede perder entre la maraña de información sin acudir a una fuente oficial (en el caso de España sería la propia Aesan) hacen difícil la misión de una comunicación correcta.
Se trata de evitar casos en los que se informa, por ejemplo, de una alerta alimentaria cuando realmente se trata de un rechazo de la partida en frontera que no ha llegado a entrar siquiera al país.
En esta pedagogía que están impulsando desde las administraciones públicas se incide en la efectividad de la red de intercambio de información sobre seguridad alimentaria que funciona a nivel interno en España (Sciri), a nivel de la Unión Europea (Rasff) y a nivel global con Infosan (OMS-FAO) para minimizar los riesgos.
Desde la Aesan han incidido además en que la seguridad alimentaria europea es "la más alta del mundo" y su red de alertas es "un mecanismo adicional" de garantías a la población. EFE