Madrid, 25 mar (EFE).- El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, envió de oficio en 2024 once recomendaciones a 33 ayuntamientos, entre ellos los de Alicante, Bilbao, Málaga, Valencia y Valladolid, por su retraso en la implantación de las zonas de bajas emisiones (ZBE).
Estas recomendaciones, recoge el informe presentado este martes por Gabilondo en el Congreso, pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por la ley a implantar una ZBE, y también a los municipios que ya cuentan con una zona de bajas emisiones en funcionamiento.
La ley establecía para antes del 1 de enero de 2023 la obligación de implantar estas zonas en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes.
La lista de municipios a los que el Defensor trasladó sus recomendaciones la forman Alicante, Aranjuez (Madrid), Arganda del Rey (Madrid), Arona (Santa Cruz de Tenerife), Badalona (Barcelona), Barakaldo (Bizkaia), Bilbao, Calvià (Illes Balears), Castelló de la Plana (Castellón), Cerdanyola del Vallès (Barcelona), Coslada (Madrid), Córdoba, Elche (Alicante), El Puerto de Santa María (Cádiz), Ferrol (A Coruña), Gijón, Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife), Las Palmas de Gran Canaria, Lorca (Murcia), Majadahonda (Madrid), Málaga, Mijas (Málaga), Motril (Granada), Murcia, Orihuela (Alicante), Palma de Mallorca, San Cristóbal de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife), Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Telde (Las Palmas), Tres Cantos (Madrid), Valdemoro (Madrid), Valencia y Valladolid.
El Defensor actuó de oficio ante "el retraso advertido en la implantación" de las ZBE.
En el informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 2024 los expedientes relacionados con el medio Ambiente, 964, supusieron un 2,8 % del total, en una lista que encabeza la Administración de Justicia, con un 12,1 % de las actuaciones.
El desglose por comunidades autónomas muestra que se abrieron 17 expedientes sobre medio ambiente en el País Vasco, 61 en Cataluña, 34 en Galicia, 100 en Andalucía, 28 en Asturias, 15 en Cantabria, 4 en La Rioja, 53 en Murcia, 92 en la Comunidad Valenciana, 15 en Aragón, 74 en Castilla-La Mancha, 45 en Canarias, 3 en la Comunidad Foral de Navarra, 24 en Extremadura, 20 en Illes Balears, 277 en la Comunidad de Madrid, 61 en Castilla y León y uno en Melilla, más otros 40 expedientes sin origen territorial específico.
El Defensor del Pueblo señala asimismo en su informe que las administraciones hacen "una interpretación excesivamente restrictiva" de la intervención del órgano ambiental "en la supervisión de proyectos ya evaluados, cuya ejecución no avanza como debiera".
"Es frecuente", dice, "que los órganos ambientales consideren que no les corresponde realizar ningún seguimiento de la declaración de impacto ambiental, pronunciarse sobre su vigencia, ni instar el ejercicio de la potestad sancionadora al órgano sustantivo".
Por ello, el Defensor del Pueblo aboga por "una participación activa del órgano ambiental" en el seguimiento y cumplimiento de la correspondiente declaración de impacto ambiental o informe ambiental, "en aras de no debilitar la eficacia de los procedimientos de evaluación de impacto ambiental ni frustrar sus fines".
Ángel Gabilondo ilustra este tipo de incidencias con dos ejemplos: un tramo enlace de la autovía A7 con la Carretera de la Gombalda, en Valencia, y la construcción en Tenerife del Centro Insular del Motor.
En ambos casos las obras se iniciaron apenas unos días antes del plazo fijado por la ley.
"Es necesario que, una vez iniciadas, las obras avancen porque, si no es así, la declaración ambiental puede quedar desfasada", señala el informe del Defensor, que también destaca que "algunas comunidades autónomas han derogado su legislación de impacto ambiental, con lo que muchos proyectos de menor alcance que los descritos en la legislación estatal han dejado de someterse a evaluación".
Otras actuaciones emprendidas por el Defensor en materia de medioambiente estás relacionadas con el puerto de Almería, con dos recomendaciones sobre la reducción de emisión de partículas PM10 y PM 2,5 y la mejora del funcionamiento de las estaciones de medición; y con el de Málaga, para que se complete su red de control de emisiones.
El informe también insta al Ayuntamiento de Valencia a que haga un inventario de arbolado urbano; al de Bétera (Valencia) a renovar su alumbrado para combatir la contaminación lumínica; a los de Hormigos (Toledo) y Artesa de Segre (Lleida) a regularizar o eliminar unos vertidos; a los de Málaga, Almería (junto a Adif) y l'Alfàs del Pi a tomar medidas contra la contaminación acústica; y a la Comunidad de Madrid a regular la autorización de quema de restos vegetales.
Respecto a la contaminación acústica procedente de actividades de ocio, el Defensor cursó recomendaciones o sugerencias a otros 27 ayuntamientos. EFE
