Protesta por el cierre de un colegio público en Castro (Cantabria)

Castro Urdiales (Cantabria), 22 mar (EFE).- Más de 200 personas se han concentrado este sábado en la plaza del Ayuntamiento de Castro Urdiales, en Cantabria, para protestar por el cierre del colegio público El Pedregal anunciado por la Consejería de Educación tras finalizar el contrato de arrendamiento del edificio, propiedad de la Fundación Barquín Hermoso.

El encuentro, convocado por la asociación de madres y padres (Ampa) del centro educativo, ha servido también para recoger firmas en contra de esta decisión que, de materializarse según lo previsto a final del presente curso escolar, provocará la reubicación de los 86 alumnos que acuden a esas aulas a otros colegios del municipio.

Precisamente, la jefa de estudios de El Pedregal, Isabel Rabasot, ha leído un comunicado del Consejo Escolar en el que se defiende el modelo educativo que se imparte en el colegio y que, según dice, cada año influye en un aumento del número de matriculaciones.

"Si hay familias que nos conocen y, conscientemente, nos eligen... ¿Por qué tenemos que desaparecer?", se pregunta el Consejo Escolar, conformado por el equipo directivo, representantes del profesorado, familias, Ampa, personal laboral no docente y Ayuntamiento.

Ente los asistentes a la concentración ha estado, entre otros, la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), quien a preguntas de los periodistas ha acusado al Gobierno regional del PP de querer "desmantelar todos y cada uno de los servicios públicos básicos del Estado de bienestar".

También ha cargado contra la Consejería de Educación por respaldar "de manera sibilina, torticera y tendenciosa" la decisión de la Fundación Barquín Hermoso de resolver el contrato de arrendamiento del colegio El Pedregal, cuando "no es un ente abstracto" y son "ellos mismos quienes votan" las decisiones que se proponen desde ese patronato.

Y ha rechazado la justificación de que el cierre del colegio se deba a una cuestión económica ya que el contrato de alquiler del edificio supone a la Consejería de Educación "20.000 euros al año".

Para la alcaldesa, la solución es "muy fácil" y pasa por la prórroga del contrato de arrendamiento del edificio.

No obstante, ha dicho que desde el Ayuntamiento se baraja un "plan B": poner a disposición las antiguas escuelas de la Junta Vecinal de Otañes para que los escolares puedan trasladarse allí en bloque y no tener que separarles en otros colegios. EFE

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