Madrid, 18 mar (EFE).- El pleno del Senado ha dado este martes luz verde -a falta de la votación- a la tramitación de la ley del suelo y vivienda del PP, con el apoyo de Vox, la abstención de Junts y el rechazo de la izquierda, que la considera una "puerta abierta para la corrupción urbanística".
Durante el debate, el PP ha defendido que esta ley es "imparable" y que se aprobará en el Congreso de los Diputados "cuando Feijoo sea presidente del Gobierno".
El texto implica la modificación de cuatro normativas existentes: la ley del suelo, la ley de jurisdicción contencioso-administrativa, la ley reguladora del contrato de concesión de obras públicas y la ley de vivienda, de la que suprime el control de los precios de alquiler.
La senadora 'popular' Paloma Martín ha sostenido que la "catastrófica" situación de la vivienda en España se debe a la política que lleva aplicando siete años el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha responsabilizado de haber "hundido la oferta" y de que "los okupas tengan más derechos que los propietarios".
Frente a eso, ha apelado una "amplia mayoría" para eliminar trabas burocráticas en la promoción de viviendas, reducir los plazos de construcción, limitar la nulidad de los planeamientos por defectos de forma, desalojar a los okupas en 24 horas y ofrecer un "marco esperanzador" a los jóvenes.
Su planteamiento ha contado con el respaldo de Vox, que ha atribuido el desequilibrio entra oferta y demanda de vivienda en España a la llegada de tres millones de inmigrantes con el mismo parque residencial que en 2009 y sin que nadie planificara su distribución.
"Hay que replantearse los consensos acerca de traer a cada vez más personas sin tener claro dónde van a alojarse y a vivir", ha afirmado el senador de Vox Antonio Gordillo, al tiempo que ha advertido de que esta ley "puede ser inane, si no va acompañada de otras reformas pendientes".
Tras votar en contra hace tres semanas en el Congreso de la reforma de la ley del suelo pactada por el PSOE y el PNV, Junts se ha abstenido hoy en la toma en consideración de la ley del PP, bajo la premisa de que "con bisturí y bolígrafo se puede eliminar la invasión competencial de esta propuesta".
Su portavoz Francesc Xavier Ten ha dicho que está "dispuesto a negociar algunos de los artículos", entre ellos los dirigidos a "acotar con matices que la nulidad de un instrumento de ordenación territorial y urbanística no conlleve por sí misma la de sus actos o disposiciones de desarrollo".
También el PNV ha criticado la "invasión competencial" del texto y que los 'populares' haya "decidido autoaislarse" y sacar adelante su ley "solos o con Vox como mucho".
Desde el PSOE, ERC y la Izquierda Confederal han arremetido contra el modelo del PP, por considerar que da "vía libre a la especulación y los pelotazos" y que es el modelo que ha conducido a la situación actual.
También han censurado que su proposición de desarrollo urbano y vivienda incluya rebajar el umbral de vulnerabilidad de un inquilino desde los 1.800 euros (tres veces el Iprem) en que lo sitúa la ley de vivienda a 1.080 euros (lo mismo que para el bono social), con el fin, según el PP, de eliminar el "efecto perverso" de que los propietarios exijan nóminas de casi 2.000 euros para alquilar su vivienda.
El socialista Javier Izquierdo ha acusado por ello al PP de "aporofobia" y Josu Estarrona (ERC) de "falta de ética, solidaridad y empatía".
En defensa de la política del Gobierno, Izquierdo ha hecho hincapié en que la aplicación de la ley de vivienda ha bajado los precios un 3,7 % en los 140 municipios de Cataluña donde se aplica y un 6,4 % en Barcelona, sin que se haya reducido la oferta, ya que hay 17.000 pisos más en alquiler que en 2023, 3.000 de ellos en Barcelona, con contratos de arrendamiento más "estables". EFE
