Madrid, 17 mar (EFE).- Familiares de mayores fallecidos en residencias madrileñas durante la pandemia han aplaudido el "primer paso decisivo para conocer la verdad y hacer justicia," tras la decisión de la Fiscalía de Madrid de interponer 9 denuncias para investigar si alguna denegó prestación sanitaria a los ancianos por motivos discriminatorios al no derivarlos a hospitales.
En un comunicado, las plataformas Verdad y Justicia y Marea de Residencias subrayan que el Ministerio Público señala que se dispensó un trato diferente y se denegó la hospitalización a muchos de los residentes a la que tenían derecho, cuando previamente a la pandemia habían disfrutado de ello, "cambiándose la pauta de actuación".
Las plataformas coordinaron la presentación de la denuncia colectiva que interpusieron en octubre de 2024 más de un centenar de familiares contra altos cargos del entonces Gobierno regional y los geriatras de 25 hospitales por un presunto delito continuado de denegación discriminatoria de la prestación sanitaria, tipificado en el artículo 511 del Código Penal.
Se han judicializado 9 de los 109 casos denunciados porque el resto ya se investigaban en algún juzgado como consecuencia de las querellas que interpusieron familiares de fallecidos -la mayoría ya archivadas- contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, dos de sus exconsejeros y contra directores de residencias por delitos como homicidio imprudente u omisión del deber de socorro.
Las plataformas recalcan que el Ministerio Público significa "especialmente" a la Comunidad de Madrid con los protocolos de no derivación de residentes a hospitales, al reconocer que "fueron muy pocas las comunidades autónomas de nuestro país que dictaron este tipo de protocolos".
Por ello, piden que el ex director general de Coordinación Sociosanitaria de Madrid Carlos Mur y el resto de denunciados "tiren de la manta y señalen quiénes fueron esos autores intelectuales" de los conocidos como los protocolos de la vergüenza, que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños.
Al Gobierno regional, le solicitan que colabore con la justicia y entregue en los juzgados "toda la documentación que obre en su poder para esclarecer lo ocurrido".
Y reclaman a los Juzgados de Instrucción que "dicten las medidas de investigación necesarias para evitar la prescripción de los delitos", ya que está en sus manos que "se haga justicia". EFE
