Madrid, 11 mar (EFECOM).- El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, ha llamado este martes en el Congreso al "consenso pluripartidista" para aprobar la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, a la que se ha referido como "pieza fundamental en una nueva era económica que durará entre treinta y cuarenta años".
Costas, que ha comparecido en la Comisión de Industria para dar su opinión sobre este proyecto de ley, ha apuntado que esta nueva era, que empieza a conocerse como la del "produccionismo", sucederá al keynessyanimo y al liberalismo, la dos eras anteriores, que también duraron entre tres y cuatro décadas.
A su juicio, este cambio de era supone pasar de un tiempo en el que el bienestar y la prosperidad se basaba en consumir bienes y servicios baratos a otro enfocado en el empleo y la producción.
Costas ha afirmado que la pérdida de prosperidad y de buenos empleos en las últimas décadas, vinculada a la desindustrialización, está en la "raíz profunda del malestar y el mal humor de las sociedades occidentales", al tiempo que ha alertado de que "recuperar la prosperidad asociada a los buenos empleos y la industrialización es un reto fundamental pero endiablado".
En esa línea, ha advertido de los conflictos que habrá en relación a la economía verde, en los que habrá que lograr "equilibrios" entre objetivos deseables en sí mismos pero incompatibles entre sí, como por ejemplo el crecimiento y la sostenibilidad.
Unos equilibrios que, en su opinión hay que buscar con "diálogo, negociación y acuerdo" y con procesos que vengan "de abajo a arriba, para dar legitimación y permanencia en el tiempo a esa decisión".
En ese contexto, ha dicho que la nueva ley de industria debería favorecer eso y ha planteado la duda de si sectores como el turismo y el comercio no deberían considerarse también "estratégicos", ya que España vive de ellos.
Ha propuesto incluso llevar la "cultura industrial" a los servicios, es decir, "pensar estos como industrias para comenzar a enfocarlos de otra manera y darle una reputación como de actividades económicas capaces de generar buenos empleos".
Durante su comparecencia, ha hecho también hincapié en la importancia empírica de la formación profesional dual -aquella en la que empresa y escuela van de la mano- y en que la ley debería "fortalecer mucho" esa función.
Ha coincido además con el dictamen del Consejo de Estado en que en el texto hay un "problema de distribución competencial muy importante" y ha defendido la necesidad de crear un órgano interministerial para integrar en la política industrial los ámbitos de la energía que están en otros ministerios.
Para evaluar el proyecto de ley de industria que se tramita en el Congreso y que el Gobierno aspira a aprobar antes del verano, ha comparecido también Fernando Ley Llano, ingeniero industrial y asesor nacional e internacional en el sector Energético y Oil & Gas.
Este experto ha criticado el texto porque, a su juicio, supone un "férreo control" de lo que tiene que hacer la industria española, sin que ésta esté representada en ninguno de los órganos de gobernanza que se van a crear.
También se ha quejado de que la industria no tenga "ni voz ni voto en una agenda de descarbonización sin sentido", de que la ley imponga requisitos "infumables" a la industria para obtener ayudas publicas y de que se ocupe de la "brecha de género" en el sector y no de la "brecha de edad" que sufren los mayores de 50 años.
Ha planteado además que la red eléctrica no está preparada para la transformación industrial que se pretende hacer.
Por su parte, Josep Soto Pérez, presidente de Industria y Nueva Economía de Pimec, la patronal de pymes, micropymes y autónomos de Cataluña, ha dado cuenta de sus propuestas para que la ley incorpore la realidad de las pymes y que éstas no queden en desventaja frente a las grandes empresas, sino que les permita crecer.
Para ello ha pedido que las pymes se incorporen a todos los órganos gobernanza que prevé el texto, que en él se garantice unos trámites administrativos "ágiles" y la creación de ayudas específicas con requisitos adaptados a ellas y con mecanismos de financiación y refinanciación más flexibles.
También, la modernización de los polígonos industriales considerados estratégicos, la reforma de los estándares de calidad industrial para evitar la competencia desleal y una adaptación del régimen sancionador a la realidad de las pymes. EFE
