Collboni resuelve el conflicto de la Casa Orsola con la compra de la simbólica finca

Barcelona, 7 feb (EFE).- El Ayuntamiento de Barcelona ha resuelto el conflicto vecinal de la Casa Orsola, convertido en símbolo de los inquilinos de larga duración afectados por la especulación de los fondos de inversión, comprando la finca, una solución que representa un nuevo punto de inflexión en la gestión de la crisis de la vivienda en la ciudad.

El alcalde Jaume Collboni ha explicado en rueda de prensa que todos los inquilinos actuales de Casa Orsola podrán seguir en sus hogares y que ninguno será desahuciado después de que el ayuntamiento de la ciudad y la entidad del tercer sector Hàbitat3 hayan llegado a un acuerdo para su compra por 9,2 millones.

"Convertiremos todo el edificio en pisos de alquiler asequible", "ningún inquilino tendrá que marcharse de Casa Orsola y todos los pisos pasarán a ser gestionados por Hàbitat3", ha explicado el alcalde que ha precisado que los siete pisos que están en alquiler de temporada pasarán a la bolsa de alquiler asequible junto con los dos que están vacíos cuando terminen los contratos.

Casa Orsola (el número 137 de la calle Calàbria y el 122 de la calle Consell de Cent) se ha convertido en referente de la lucha vecinal en defensa del derecho a la vivienda desde que, en octubre de 2021, el fondo Lioness Inversiones la adquirió y notificó a los inquilinos de sus 26 viviendas que debían abandonar los pisos una vez finalizaran sus contratos.

El anunciado desahucio de uno de los inquilinos, Josep Torrent, el pasado 31 de enero, fue contestado por una gran movilización ciudadana que acabó retrasando el alzamiento y ejerciendo presión para que la propiedad de Casa Orsola y el consistorio se sentaran a negociar con la mediación de la Sindicatura de Greuges.

Pese a la buena noticia para estos inquilinos, el propio consistorio ha reconocido que existe mucho trabajo por hacer para garantizar el acceso a la vivienda de las personas vulnerables de la ciudad.

Así, para Collboni, la compra de Casa Orsola es un "mensaje claro" de que están a favor del derecho a la vivienda y de que "otras fórmulas de gestión son posibles".

"Hoy sacamos adelante una operación de compra social-colaborativa, yendo de la mano de una entidad social, pero debemos seguir cambiando las reglas del juego con más medidas estructurales para generar un verdadero escudo contra la escalada de los precios de la vivienda, tal y como estamos haciendo con la aplicación del tope en los alquileres o con la decisión de eliminar los pisos turísticos", ha añadido.

Con ese mismo ánimo de cambiar las "reglas del juego", el alcalde socialista ya anunció hace unos meses la prohibición de nuevas licencias a pisos turísticos, otro de los fenómenos que las ONG y entidades vecinales denuncian.

Las reacciones han pasado por el propio Gobierno, empezando por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien ha señalado en su cuenta de X que celebraba la resolución como "resultado de las movilizaciones sociales, la mediación, el diálogo y el compromiso político".

También el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, ha celebrado la compra de la Casa Orsola, aunque ha exigido una "auténtica política pública de intervención" en el mercado de la vivienda.

Desde la entidad impulsora de las movilizaciones, el Sindicat de Llogateres, han defendido que se trata de una "victoria", si bien no soluciona todo el problema de la vivienda pues "hay otras Casas Orsola", ha señalado la portavoz Carme Arcarazo.

De hecho, la entidad Sindicat de Llogateres ha hecho este viernes un llamamiento a todas las 'Casas Orsola' a movilizarse de forma colectiva por la "lucha por la vivienda" y contra el desmantelamiento de la medida de que las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones de Barcelona deban destinar el 30 % a vivienda protegida.

El sindicato ha convocado un encuentro de "bloques en lucha" delante de la Casa Orsola el próximo 17 de febrero, la víspera del día que se tenía que ejecutar el desalojo de Josep, uno de los vecinos de la finca.

La forma de proceder de esta entidad ha sido sin embargo considerada "violenta" y "coaccionadora" por parte del hasta ahora propietario de la Casa Orsola, Albert Ollé, quien ha apuntado que la organización "solo busca el conflicto".

Más críticas ha recibido la medida desde colectivos como la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC) y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Barcelona, que consideran "un precedente peligroso para la seguridad jurídica" la compra de la Casa Orsola por parte de Hàbitat3 y del Ayuntamiento de Barcelona, administración a la que califican de "acomplejada" y a la que acusan de ceder al chantaje.

Asimismo, grupos políticos tan alejados como la CUP y Junts, entre otros, han rechazado la solución de Collboni.

Para los anticapitalistas, el precio de 9,2 millones implica 3 millones de beneficio para la anterior propiedad a costa de las arcas municipales. Por su parte, el concejal de Junts Damià Calvet ha tachado de "mala noticia" una operación que "además responde a la improvisación y es económicamente insostenible".

La noticia ha cogido por sorpresa a los vecinos de la Casa Orsola, que se han enterado por los medios de comunicación y se mostraban expectantes sobre las consecuencias del cambio de propiedad para el futuro de sus contratos de alquiler.

"¿Cómo que la ha comprado el ayuntamiento?, ¿Pero no nos podrán echar no?", ha preguntado a EFE Concepción Caballero, una vecina de renta antigua desde hace más de tres décadas en el edificio.

Josep Torrent, visiblemente emocionado, ha reconocido a los periodistas sentir "por fin" algo de "esperanza" tras "más de tres años de sufrimiento y dolor".

"Gracias al Sindicat de Llogateres y gracias a los vecinos que nos han apoyado", ha dicho el docente de profesión, quien ha querido asimismo llamar la atención sobre que la crisis de la vivienda afecta a mucha otra gente y "existen otras 'Casas Orsola'". EFE

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