Miriam Mejías
Madrid, 25 ene (EFE).- El denominado 'caso hidrocarburos', que llevó poco más de un mes a prisión al empresario Víctor de Aldama, ha destapado el empleo de una maraña de empresas destinadas, una a una, a perfeccionar un presunto fraude millonario a Hacienda mezclado con otras "operativas criminales".
La investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sitúa a este empresario -a su vez presunto conseguidor del caso Koldo- y a su socio Claudio Rivas en la "cúspide" de una presunta organización criminal que habría defraudado 182,5 millones en IVA entre 2022 y 2024, aunque uno de los últimos informes policiales eleva la cifra a 231 millones desde 2021.
Unos hechos que le llevaron a la prisión de Soto del Real (Madrid) hasta que llegó a un pacto con la Fiscalía por el que prometió colaborar con la Justicia: asumió el cobro de comisiones en el caso Koldo y acusó a altos cargos del Gobierno y del PSOE de recibir supuestas mordidas.
Los detalles de esta segunda causa conocidos esta semana permiten dibujar una telaraña de empresas que tendría, presuntamente, dos objetivos: eludir el correspondiente pago de impuestos en el sector de hidrocarburos y después, testaferros mediante, posibilitar el blanqueo de los beneficios fuera de España, en países como Portugal, China o Colombia.
Tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción, el juez investiga una presunta trama codirigida por Víctor de Aldama y Claudio Rivas. En total, las pesquisas afectan a más de una treintena de personas y casi 50 sociedades por delitos contra Hacienda, blanqueo, organización criminal o falsedad documental, según el sumario al que ha tenido acceso EFE.
La trama pivota sobre Villafuel SL, una operadora que habría simulado transmitir hidrocarburos a un puñado de sociedades interpuestas, que actuarían bajo su control, cuando, en realidad, se enviaba a sus clientes finales (estaciones de servicio).
Una "operativa criminal que tenía como fin principal" eludir el pago de IVA, de modo que la organización "dispondría de un importante margen" con el que bajar el precio del hidrocarburo y subir sus ventas, "acaparando el mercado y obteniendo un beneficio directo", según una de las resoluciones del juez.
La Guardia Civil cifró inicialmente el presunto fraude en 182,5 millones de euros entre 2022 y 2024, si bien a medida que avanzó la investigación lo elevó a 231,4 al descubrir que se extendía también a 2021 y que entraban en juego otras empresas.
En la cima de la trama los investigadores sitúan a Claudio Rivas -ya investigado por otro presunto fraude anterior- y a Víctor de Aldama como "máximos dirigentes" e "ideólogos de la estructura empresarial y de la operativa perfeccionadora del fraude"; sin ellos "la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva".
Le siguen la hermana de Rivas como "subdirectora", y después se concentran "cooperadores y una serie de testaferros".
Diecisiete de los investigados comenzarán a desfilar por la Audiencia Nacional a partir de marzo, como es el caso de la empresaria Carmen Pano, detenida el pasado diciembre y quien dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE, un asunto que el juez rechazó investigar al no ver indicios suficientes.
En esta causa concurren también algunos de los investigados en el caso Koldo, como varios socios de De Aldama, algunos de ellos integrantes junto a él de un chat de WhatsApp llamado "los cuatro mosqueteros".
Una de las principales líneas de investigación se centra en seguir el rastro del dinero y desgranar las presuntas operativas internacionales de blanqueo. Para ello el juez se ha dirigido hasta en dos ocasiones a Portugal para pedir información sobre una batería de empresas y cuentas bancarias.
Primero se descubrió que los fondos iban a parar al país vecino, pero más tarde se hallaron indicios de que 73,9 millones de euros acabaron, además de en Portugal, en China y Colombia mediante transferencias "amparadas en presuntos contratos ficticios de servicios de asesoramientos, confeccionados en su mayoría por Víctor de Aldama".
Los agentes han hecho la trazabilidad de fondos desde empresas portuguesas a una sociedad controlada por De Aldama. Un "retorno" de dinero que "se transformó" en inmuebles, vinos de alta gama o joyas.
Uno de los informes policiales conecta la trama con el caso Koldo, por el que el exministro José Luis Ábalos está investigado, al mencionar el chalé en Cádiz del que habría disfrutado como presunta contraprestación.
Ese chalé fue adquirido por la empresa Have Got Time -implicada en el presunto fraude de hidrocarburos- y la UCO encuadra su compra en las gestiones realizadas por De Aldama, "con la mediación de Koldo García", exasesor de Ábalos, para que Villafuel lograse la licencia de operador "evitando hacer frente a los requisitos financieros".
Entre esas gestiones también figura la presunta intervención de Koldo para celebrar una reunión en 2021 entre los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano con Juan Ignacio Díaz, jefe de gabinete de la exministra de Industria Reyes Maroto.
También en este procedimiento aparecen referencias a Venezuela y a su vicepresidenta Delcy Rodríguez, cuando los agentes mencionan "un sobre de color marrón" custodiado por un socio de De Aldama en el que aparece como remitente el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Manuel Quevedo y como destinataria Rodríguez, sin poder precisar qué contenía. EFE
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