Madrid, 13 ene (EFE).- La Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha manifestado su "absoluta disconformidad y perplejidad" por la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que califican de "auténtica caza de brujas" y supone "criminalizar" el funcionamiento normal de la institución.
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado ha citado este lunes como investigados a García Ortiz y a Rodríguez para que declaren los próximos 29 y 30 de enero respectivamente, por supuesta revelación de secretos.
Según la UPF, la citación a declarar de García Ortiz y Rodríguez, así como la investigación del teniente fiscal de la secretaría técnica, Diego Villafañe Díez, es un "ataque sin precedentes a la institución del Ministerio Fiscal, al trabajo diario de los fiscales y al Estado de derecho".
Manifiestan, a través de un comunicado, su sorpresa por el hecho de que en "esta auténtica caza de brujas se haya contado con la entusiasta participación de una de las asociaciones de fiscales que ejercen la acusación popular".
Los fiscales progresistas han hecho un "solemne" llamamiento a la carrera fiscal ya que se está atacando al funcionamiento propio de la carrera, y advierten de que "cualquiera de nosotros podemos ser llamados por nuestro jefe a dar cuenta de nuestro trabajo. No se nos puede investigar por dar cuenta de nuestro trabajo", señalan.
"La sociedad española debe saber que la autonomía del Ministerio Fiscal, pieza fundamental de la Justicia democrática, está en verdadero peligro", advierten.
Esta resolución judicial, "al margen de lo altamente discutible de sus razonamientos, ignora la norma esencial que rige la actuación del Ministerio Fiscal" y supone un ataque directo a la institución y a su funcionamiento interno en aras a la aplicación del principio de jerarquía y unidad de actuación de la carrera.
Recuerdan que "una vez más que la actuación de todos las y los fiscales que intervinieron en el asunto fue exclusivamente técnico-jurídica y estuvo destinada a informar a la opinión pública en relación a la fabricación de un bulo que, además de faltar a la verdad, atacaba a la independencia y profesionalidad de determinados fiscales y por ende de la Fiscalía como institución".
"Lo que evidencia la resolución judicial no es solo la falta absoluta de indicios de criminalidad contra las personas a las que se dirige sino, además, la existencia de sólidos contraindicios que deberían llevar de forma inmediata al archivo de este procedimiento", agregan. EFE
