Miguel Ángel Rodríguez testifica en el Supremo en la causa contra el fiscal general

Rafael Martínez

Madrid, 5 ene (EFE).- Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, declara como testigo este miércoles en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que éste cambió de móvil una semana después de que el Tribunal Supremo abriera una causa penal contra él.

La investigación al fiscal general por la supuesta filtración de información sobre la causa judicial de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, coge velocidad con la citación de hasta 13 testigos, la mayoría periodistas, que comparecerán entre el 8 y el 21 de enero ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Ángel Hurtado.

Abre el turno Miguel Ángel Rodríguez, quien a través de su red social X ha ido comentando esta y otras investigaciones que afectan a familiares del presidente del Gobierno o ex altos cargos.

Su citación responde a la petición de la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del fiscal general, que ve "indicios" de que accedió "a una parte del contenido de los correos" que el abogado de González Amador cruzó con la Fiscalía para reconocer un fraude a Hacienda y tratar de llegar a un pacto.

Es más, defiende que "la primera revelación de secretos fue de Miguel Ángel Rodríguez" el pasado 13 de marzo, para lo cual se basa en varias noticias en distintos medios publicadas aquella noche.

También la Fiscalía, en su informe al Supremo rechazando que se abriera causa penal contra García Ortiz, aseguró que "la nota de prensa emitida por la Fiscalía se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados" por tres medios de comunicación "así como por el Jefe del Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid", Miguel Ángel Rodríguez.

De hecho, Rodríguez llegó a escribir en X: "Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes 'de arriba' para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio".

Después de Rodríguez, comparecerán en calidad de testigos ocho periodistas de distintos medios entre ese mismo día -tres- y el día 9 -cinco-. Todos ellos vinculados con las publicaciones que se realizaron entre el 13 y 14 de marzo que daban cuenta de los correos y las supuestas revelaciones de secretos que se investigan.

Estas comparecencias llegan tras conocerse relevantes informaciones en este procedimiento. La última, el pasado viernes por un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que certifica que el fiscal general cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el tribunal abriera una causa contra él.

Ese cambio de terminal se produjo, además, una semana antes de que el juez Ángel Hurtado ordenara el registro de su despacho para requisar sus teléfonos y correos electrónicos, una diligencia que tuvo lugar el 30 de octubre.

Previamente, la Guardia Civil había dicho en otro informe que había hallado "0 mensajes" en el móvil del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude de González Amador.

Y la Fiscalía argumentó que una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones en la Fiscalía aconseja a los miembros de la institución borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad.

Pero la investigación no solo se limita a Fortuny, porque el análisis del teléfono de Juan Lobato, que acabó dimitiendo al frente del PSOE-M tras publicarse que llevó al notario mensajes de una asesora de Moncloa con el polémico correo, apunta a que Ferraz y Moncloa sí dispusieron del mismo antes de filtrarse, lo que podría dar lugar a nuevas citaciones, aseguran a EFE fuentes jurídicas.

El juez investiga si García Ortiz y la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, incurrieron en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia. EFE

(Recursos de archivo en www.lafototeca.com Código 22473423 y otros)