Manos Limpias pide que el Gobierno informe sobre un teléfono que usaba el fiscal general

Madrid, 4 ene (EFE).- Manos Limpias, que ejerce la acusación popular en la causa en la que se investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido al Tribunal Supremo que solicite al Gobierno que aclare si un teléfono que utilizaba es propiedad de la Administración y si es así, dónde se halla actualmente para que sea inspeccionado.

En un escrito dirigido a la Sala Segunda del Supremo, al que ha tenido acceso EFE, el denominado sindicato solicita una serie de diligencias tras conocer el oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que certifica que el fiscal general del Estado cambió de teléfono móvil el pasado 23 de octubre, una semana después de que el alto tribunal abriera una causa penal contra él por presuntamente revelar datos sobre una investigación a Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Ese cambio de terminal se produjo, además, una semana antes de que el juez del Supremo Ángel Hurtado ordenara el registro del despacho del fiscal general para requisar sus teléfonos y correos electrónicos, una diligencia que tuvo lugar el 30 de octubre.

En el informe de la UCO, al que ha tuvo acceso EFE, los agentes analizan los dos números de teléfono y los IMSI/IMEI (identificadores) asociados de las tarjetas del dispositivo telefónico intervenido a García Ortiz.

Los agentes encontraron dos números de teléfono, uno del que recibe mensajes de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada en la causa, y otro a nombre de un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, y concluyen que "el inicio de actividad de los IMSIs aparejados a estos IMEIs es de fecha del 23 de octubre de 2024, es decir, se habría producido un cambio de terminal telefónico ese día respecto a las tarjetas precitadas".

Ahora Manos Limpias afirma que de ese informe se deduce que el fiscal general utilizaba un único terminal móvil con sistema "Dual SIM", es decir, con dos números de teléfono en un solo aparato.

Y considera razonable pensar que "dado que una de las líneas telefónicas del investigado es su línea 'de trabajo' y consta en el oficio que su titularidad es del organismo correspondiente del Ministerio de Hacienda, el terminal móvil que la portaba podría ser también de propiedad pública, por lo que este debería estar conservado o, al menos, localizable, para la Administración".

Por eso solicita que se dirija oficio a la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación de la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministerio de Hacienda para que determine si este terminal "es de propiedad de la Administración" y, en caso de serlo, que se informe sobre si se halla actualmente "en uso por un nuevo usuario, archivado o del destino que se le hubiera dado".

También pide que se entregue al Supremo ese terminal para su posterior inspección y análisis por la Guardia Civil, y que "se informe de la persona o personas responsables del formateo o borrado de los datos en el terminal móvil una vez fuera entregado por el investigado o si este fue entregado ya formateado o borrado". EFE