El nuevo año trae renovación en el TSJCV y juicios del caso Imelsa y contra Carlos Fabra

Jordi Ferrer

València, 28 dic (EFE).- Los tribunales valencianos afrontan la llegada de 2025 con la renovación de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) tras la jubilación de Pilar de la Oliva, un nuevo juicio del caso Imelsa, otro procesamiento del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y el previsible señalamiento de la causa contra Mónica Oltra.

El próximo jueves 2 de enero se hace efectiva la jubilación de Pilar de la Oliva (Alzira, 1956), presidenta del alto tribunal valenciano desde 2010, y los juristas que han presentado su candidatura para sustituirla esperan a que el Consejo General del Poder Judicial ponga fecha para examinar sus comparecencias.

Entre el 10 y el 19 de febrero la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia tiene previsto celebrar el juicio por la pieza E del caso Imelsa.

En esa pieza se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, cuando dirigía este departamento María José Alcón, fallecida en 2018 y que era pareja del entonces vicealcalde con Rita Barberá, Alfonso Grau.

Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, así como a la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y a la vigésima séptima edición de la edición del festival de cine Mostra de València.

Los investigados son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero"; el exgerente de esa fundación y exmarido de Alcón, Vicente Burgos, y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias: Carlos V.G., Carlos T.H., Enrique A.Ch. y Rafael G.B.

La Audiencia Provincial de Valencia ordenó en junio la reapertura de la causa contra la exvicepresidenta del Consell y ex alto cargo de Compromís Mónica Oltra por la gestión del caso de los abusos sexuales cometidos por su exmarido hacia una menor tutelada, lo que en la práctica supondrá la celebración de un juicio cuya fecha por el momento es una incógnita, aunque la Fiscalía ya descartase ejercer ninguna acusación por considerar que no existe delito.

Otro de los puntos de atención del nuevo año judicial será el transcurso de la instrucción del caso del incendio del edificio de Campanar en el que perecieron 10 personas, especialmente tras la reapertura de la causa ordenada por la Audiencia a finales de junio y las nuevas diligencias de investigación practicadas.

Hasta el momento, todas las comparecencias de los especialistas que intervinieron en el incendio y del personal técnico que tramitó las licencias del edificio se han producido en calidad de testigos, si bien la representación legal de las familias de los fallecidos ya ha pedido la imputación -denegada por el momento- del jefe de bomberos y de los responsables de la empresa que montó los paneles de la fachada, cuya composición contribuyó a la expansión de las llamas.

También tendrá trascendencia el desarrollo de las diligencias de investigación penal que la Fiscalía especializada en delitos de odio ha abierto a cuatro cargos públicos de Vox por diversos mensajes.

El segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, deberá declarar como investigado en el Juzgado de Instrucción número 7 por un posible delito de odio por unos comentarios que, según denunció el PSPV, eran de índole racista.

También están inmersos en causas similares el concejal de Vox en Paiporta (Valencia) David Furió, la exconsellera de Justicia Elisa Núñez (que se dio de baja de Vox por su “deriva radical”) y la concejala en el Ayuntamiento de València Cecilia Herrero.

Núñez está siendo investigada por sus declaraciones sobre un crimen en Gata de Gorgos (Alicante). “Nuestra seguridad y nuestras vidas están siendo sacrificadas en nombre de los caprichos multiculturales de la izquierda”, aseguró.

Del mismo modo, se analiza la trascendencia penal de otros comentarios publicados por la concejala de Emprendimiento y Agricultura en el gobierno municipal que preside María José Catalá (PP), que afirmó: "El moro nos está invadiendo mientras se rearma. Invasión consentida y patrocinada por el gobierno traidor”.

También sigue viva la instrucción del caso Azud, una causa que no ha dejado de ganar en complejidad desde su inicio en abril de 2019.

El levantamiento del secreto del sumario a finales de septiembre ha dado a conocer nuevas acusaciones contra dos de las personas más cercanas a Rita Barberá: su vicealcalde, Alfonso Grau, y su cuñado, José Corbín.

En Castellón, el ex presidente provincial del PP y expresidente de la Diputación Carlos Fabra afrontará entre el 16 y el 22 de mayo el juicio por un presunto delito de cohecho cometido al cobrar comisiones tras comprometer patrocinios vinculados al aeropuerto de Castellón.

Fabra permanece alejado de la vida política después de salir de la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de 2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales, pero deberá afrontar otras dos causas más relacionadas con la posible ocultación de su patrimonio y otra por supuestos delitos societarios en la gestión del campo de golf cedido a la familia de Sergio García.

En la Audiencia Provincial de Alicante, la repetición del juicio por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM, ordenado por el Tribunal Supremo, deberá esperar a que el Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por el procesado y yerno de la asesinada, que fue absuelto por un tribunal popular. EFE