España fracasa en la acogida a menores migrantes en el año récord de llegadas a Canarias

Madrid/Las Palmas de Gran Canaria, 20 dic (EFE).- Este 2024 ha estado marcado por las intensas negociaciones en torno a la acogida de los menores migrantes no acompañados que llegan a España, conversaciones que no han conseguido una solución para estos jóvenes en un año récord de llegadas irregulares a las Islas Canarias.

Una derivación ágil y efectiva de estos niños y jóvenes desde zonas de llegada como Canarias al resto de comunidades ha sido una reivindicación histórica del archipiélago, que ha cobrado más fuerza en los últimos años tras un repunte en las llegadas por mar a las islas que ha dejado bajo la tutela de Canarias a casi 5.500 niños y jóvenes.

El PSOE se comprometió en su pacto con CC para investir a Pedro Sánchez a iniciar una solución legislativa en esta materia y, por primera vez, se ha planteado una modificación de la ley de extranjería -concretamente, su artículo 35- para establecer un mecanismo obligatorio de derivación de menores a otras comunidades.

Un sistema consensuado entre el Gobierno central y Canarias como alternativa al actual, basado en repartos voluntarios de unos pocos centenares de estos jóvenes acordados con las comunidades en Conferencia Sectorial y que, en la práctica, no se cumple.

El Gobierno pactó en junio con Canarias ese cambio legal alcanzó en junio un principio de acuerdo con Canarias para llevar a cabo esta modificación, pero un mes después la ley no consiguió superar su toma en consideración ante la falta de apoyo de Vox, Junts y el PP.

Desde entonces, la formación de Alberto Núñez Feijóo se ha mostrado reticente a apoyar una medida de este tipo -a pesar de que gobierna en Canarias junto a Coalición Canaria- y ha planteado múltiples exigencias, muchas asumidas por el Gobierno para lograr un consenso.

Por otro lado, el PP ha recibido durante todos estos meses la presión de Vox, que rechaza frontalmente la acogida de menores migrantes no acompañados.

De hecho, el acuerdo suscitado el pasado julio en una Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Tenerife para la distribución de 347 menores de Canarias y Ceuta por el mecanismo voluntario vigente actualmente acabó con la ruptura, por parte de Vox, de los cinco Gobiernos autonómicos que compartía con el PP.

Mientras se prolongaban las discusiones políticas, la saturación en Canarias ha provocado que se presentaran denuncias por el estado insalubre de algunos centros de menores y que se recordasen de nuevo las imágenes del muelle de Arguineguín de 2020, al volver a instalarse carpas en los muelles para alojar temporalmente a los recién llegados, esta vez en Lanzarote y El Hierro.

El Gobierno de Canarias intentó buscar su propia solución aprobando un protocolo que atribuía al Estado la primera responsabilidad sobre los chicos, pero la medida ha sido suspendida cautelarmente tanto por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma como por el Tribunal Constitucional.

El último movimiento de Canarias en este asunto ha sido poner sobre la mesa una propuesta en forma de decreto ley para hacer una distribución puntual de los jóvenes con el fin de aliviar las zonas de llegada sin reformar la ley de extranjería, una fórmula que, según el Gobierno de las islas, podría contar con el apoyo de Junts.

España termina 2024 con cifras de llegadas de migrantes por vía marítima que han rebasado el récord que se estableció en la crisis de 2018, cuando entraron en el país 57.498 inmigrantes en pateras, el 95 % de ellas por el Estrecho de Gibraltar y la costa mediterránea.

Este año, de nuevo, el foco está puesto en Canarias. Por quinto año consecutivo, las islas son la principal vía de entrada de inmigrantes irregulares a España y la Ruta Canaria marca registros sin precedentes, con 43.737 personas rescatadas hasta el 15 de diciembre, 3.827 más que las registradas en todo 2023 (39.910).

La situación de Canarias es observada con atención por la Unión Europea, que ha expresado su preocupación a través de varios comisarios y de los altos cargos de Frontex, la agencia de fronteras.

No es solo -ni fundamentalmente- una cuestión de números: pese a estar en máximos históricos, la Ruta Canaria aún está lejos de los registros del Mediterráneo (62.034 entradas hasta noviembre por el Mediterráneo central y 63.935 por el oriental).

Es un problema de tendencias. Hasta el final de tercer trimestre, el tráfico de inmigrantes por el Mediterráneo central había caído un 64 %, mientras que el de la Ruta Atlántica se había duplicado, de acuerdo con Frontex. Y también de mortalidad: no hay un registro oficial, pero todas las aproximaciones a la Ruta Canaria alarman.

Según Acnur, hasta octubre habían muerto intentando llegar en patera o cayuco a las islas 872 personas, casi tantas como en el Mediterráneo central, 946, solo que por esta última vía se movieron hasta esa fecha casi 11.000 personas más (33.226 frente a 55.568).

La agencias de Naciones Unidas siempre precisan que sus cifras de muertos y desaparecidos son solo la punta de iceberg. De hecho, la ONG Caminando Fronteras, que sigue muy de cerca las rutas migratorias a España, calcula que solo de enero a mayo murieron 4.808 personas en el Atlántico; es decir, una cada 45 minutos.

En septiembre, El Hierro asistió la tragedia más grave ocurrido en Canarias en 30 años de llegada de pateras: 63 personas murieron a apenas cuatro kilómetros de la costa al hundirse su cayuco cuando ya estaba siendo asistido por un barco de Salvamento Marítimo. Sobrevivieron 27 personas y solo se recuperaron nueve cadáveres.

Este año, ha habido cambios de fondo en la Ruta Canaria: Mauritania ha sustituido a Senegal como principal punto de salida de los cayucos; los refugiados malienses, que huyen de un país asolado por años de guerra y yihadismo, son ya mayoría entre quienes llegan a las islas (13.273, hasta el 1 de diciembre); y hay signos de que determinados tráficos del Mediterráneo están girando al Atlántico.

De hecho, desde el final del verano, casi no hay semana en que no lleguen en cayuco a El Hierro personas de Pakistán, Afganistán, Siria o Yemen, gente que hasta ahora intentaba entrar en Europa a través de Grecia o por la peligrosa ruta de Libia a Italia.

También llama la atención este año en las rutas migratorias a España la Ruta Argelina, que repercute sobre todo en Baleares.

Los datos que publica el Ministerio del Interior solo distinguen dos grandes categorías, Canarias y el resto de España, por lo que transmiten una imagen de la situación en la costa mediterránea donde solo se aprecia una caída global del 2 % en las llegadas.

Sin embargo, las cuentas que lleva Acnur sí permiten ver lo que ocurre más al detalle: uno de cada tres inmigrantes que ha entrado a España en patera por el Mediterráneo lo ha hecho por Baleares (5.734 de 16.537), cuyo Gobierno ya ha expresado públicamente su temor a tener problemas como los que ya padece Canarias.

Hay otro dato que corrobora esa tendencia: según Acnur, tras los malienses (27,2 %), los argelinos son el segundo contingente más numeroso entre los llegados este año a España (15,1 %),  por delante ya de los marroquíes (15,1 %) y los senegaleses (13,9 %).

Al otro lado del Atlántico, en Mauritania, la presión migratoria ha aumentado este 2024. Las detenciones y expulsiones de migrantes llegaron a las 11.000 personas a finales de octubre, frente a las 9.500 de todo el año 2023, según ha indicado a EFE una fuente de seguridad mauritana.

No hay datos de la cantidad de personas migrantes que esperan en el país para cruzar a las islas españolas pero son generalmente de nacionalidad senegalesa, maliense, guineana y gambiana, ha precisado esta fuente, que coincide en que en los últimos meses han aparecido nacionalidades más lejanas, como la pakistaní, en nuevas rutas que se abren debido al control fronterizo en el norte de África.

La gran mayoría de los malienses que llegan a Mauritania, huyendo de la inseguridad y la pobreza de ese país del Sahel, tienen el estatus de refugiados o peticionarios de asilo, y decenas de miles viven en campos de refugiados.

Es el caso del campo de Mberra, en el extremo sureste del país, donde según datos de Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, a 31 de octubre había 113.743 personas, frente a las 92.375 de finales de 2023.

Uno de los hitos de este año en materia migratoria es la llegada al Congreso de una iniciativa legislativa popular avalada por más de 600.000 firmas para regularizar de forma extraordinaria al alrededor de medio millón de personas migrantes que viven sin papeles en España.

La propuesta superó su toma en consideración en el Congreso en abril con el apoyo de todos los grupos menos Vox y ahora los partidos debaten en Comisión las diferentes enmiendas con dificultades para llegar a un acuerdo sobre un texto definitivo.

De forma paralela, el Gobierno ha acometido una reforma integral del reglamento de extranjería que tiene como pilar facilitar, precisamente, la regularización de personas migrantes sin papeles a través de la figura existente para ello, el arraigo.

A través de una reducción de plazos y la flexibilización de requisitos, el Ejecutivo estima regularizar a unas 900.000 personas en los próximo tres años.

Sin embargo, los impulsores de la iniciativa popular han recalcado la necesidad de llevar a cabo la regularización extraordinaria planteada igualmente, para dar cobertura a muchas personas que la reforma deja fuera al seguir sin poder cumplir los requisitos exigidos.

2024 empezó con el aeropuerto de Barajas como uno de los focos más polémicos en cuanto a la política migratoria del Gobierno, a la vista de una saturación en sus salas de asilo, donde se hacinaban centenares de solicitantes de protección internacional en condiciones de insalubridad.

La situación se alivió a principios de año gracias, entre otras medidas, a la imposición de visados de tránsito a países como Kenia y Senegal, una lista a la que se han sumado este 2024 otros países como Sudán, Chad, República Centroafricana o Egipto bajo las críticas de entidades como CEAR, que considera que esta medida, en la práctica, obstaculiza el acceso al asilo.

El aeropuerto madrileño ha sido este año protagonista de otra polémica, en este caso por la retención en sus instalaciones de decenas de saharauis solicitantes de asilo que, frente al rechazo de entidades y en contra del criterio de Acnur en muchos de los casos, acabaron siendo deportados a Marruecos.

Además, este 2024, el Parlamento Europeo ha aprobado el Pacto Europeo de Migración y Asilo, muy criticado por las entidades sociales de defensa de los derechos de los migrantes porque abre vías a una mayor externalización de las fronteras, más detenciones de migrantes y nuevos obstáculos en los procedimientos de asilo

Su entrada en vigor está prevista para 2026 -aunque varios países, como España, han pedido adelantar su fecha de aplicación- y aún no se conocen las modificaciones normativa que supondrá, pero el Gobierno ya ha avanzado que no incrementará la privación de libertad a los migrantes y apostará por medidas alternativas al internamiento y un refuerzo en el sistema de acogida. EFE