Airbnb apelará la decisión de Consumo, con la que está "en profundo desacuerdo"

Madrid, 18 dic (EFE).- Airbnb ha informado este miércoles de que apelará la decisión de Consumo, que le ha abierto un expediente sancionador después de pedirle que retirara "de forma inminente" miles de anuncios con publicidad "ilícita" de alojamientos, con la que la plataforma está "en profundo desacuerdo".

Un portavoz de Airbnb ha dicho a EFE que no son proveedores de servicios de alojamiento, sino de servicios de internet, por lo que se les debe aplicar la ley de servicios digitales; y ha añadido que la información de los anuncios es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.

Según ha explicado, piden siempre a los arrendatarios, "anfitriones", que confirmen que disponen de los permisos necesarios y que cumplen con las regulaciones locales antes de anunciarse en la plataforma.

Por ello, estas fuentes consideran que el Ministerio de Consumo "ha eludido los procesos legales" y ha proporcionado un listado de anuncios utilizando una metodología "indiscriminada", que incluye anuncios que muestran licencias y otros que podrían no necesitarlas, como arrendamientos de temporada que no son oferta turística.

El Ministerio, han denunciado, "no sólo se extralimita, ya que no es competente para hacer cumplir las regulaciones en materia de alojamientos turísticos, sino que también ha ignorado de manera deliberada las resoluciones del Tribunal Supremo de España y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

De acuerdo con la plataforma, estas resoluciones "han dejado claro" que no todos los anuncios en Airbnb requieren un número de licencia y que no es un proveedor de servicios de alojamiento, sino un proveedor de servicios de internet, por lo que se aplican diferentes reglas "que Airbnb cumple plenamente".

Explican que se trata de una plataforma sujeta a la Ley de Servicios Digitales, que no tiene obligaciones de supervisión.

En su interpretación, en diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que Airbnb debe ser regulado como un servicio de la sociedad de la información y no como un agente inmobiliario; y determinó que no presta el servicio final de hospedaje.

Las fuentes han recordado también que, en enero de 2022, el Tribunal Supremo dictaminó que la información de los anuncios, incluido el número de registro cuando ello es necesario, es responsabilidad del prestador del servicio turístico final y no de la plataforma donde se anuncia.

Este tribunal sentenció también que Airbnb es un "intermediario neutro" de los servicios de la sociedad de la información y no debe considerarse un proveedor inmobiliario ni prestador de servicios turísticos, por lo que le aplica la Directiva de Comercio Electrónico, a juicio de la plataforma.

Finalmente, afirma que no sólo anuncia viviendas turísticas, sino también otros tipos de alojamiento (como apartamentos turísticos, hoteles, hostales o viviendas de temporada, entre otros) que no están sujetos a las mismas obligaciones que los alquileres a corto plazo.

El Ministerio de Consumo ha informado este miércoles de la apertura del expediente sancionador, aunque no ha identificado a la empresa. Sin embargo, fuentes del sector ha confirmado a EFE que la plataforma requerida es Airbnb.EFE