Madrid, 15 dic (EFECOM).- La ley para combatir el uso fraudulento de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones, propuesta por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG, ha arrancado su tramitación en el Congreso, tras consensuar sus impulsores algunos cambios con Junts per Catalunya, que hace tres meses la tumbó por sorpresa.
A falta de la votación, la toma en consideración de la ley ha contado este martes con el apoyo, en el pleno del Congreso, del PSOE, PNV y Junts y la oposición del PP y Vox.
El texto establece, como novedad acordada con Junts, que si un alquiler temporal dura más de nueve meses (en lugar de los seis meses del texto que decayó en septiembre) o encadena más de dos contratos consecutivos, se entenderá como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual y se le podrán aplicar los mismos preceptos, plazos y prórrogas.
Subraya además, en una disposición adicional, que en los casos de las comunidades autónomas que hayan desarrollado legislación propia en esta materia, "será de aplicación la normativa autonómica, respetando así la división competencial".
Así, por ejemplo, mientras que la LAU obliga al arrendador a realizar contratos de cinco o siete años, durante los cuales el precio del alquiler no puede aumentar más allá de la inflación, los de temporada y los de habitaciones permiten subir los precios cada seis o nueve meses a inquilinos que viven en esa vivienda de forma estable.
Durante el debate, los representantes de ERC y Bildu han responsabilizado a los socialistas de este fenómeno, al recordar que ya les advirtieron, durante la negociación de la ley de vivienda, de que ocurriría ese trasvase del alquiler estable al de corta duración.
"Esta ley pretende achicar la vía de agua que supuso no regular los alquileres de temporada y de habitaciones en la ley de vivienda de mayo de 2023, cuando ya advertimos de que era por ahí por donde se iban a fugar los que buscan mayores niveles de especulación", ha señalado el diputado de Bildu Oskar Matute.
Este ha suscitado la protesta de la bancada del PP al afirmar que "cuando hay miedo (a no tener vivienda) no hay libertad" para tomar decisiones, aunque puede que la haya "para tomar cañas".
La diputada de Sumar Gala Pin ha reivindicado el trabajo de la sociedad civil en esta iniciativa, de la que ha dicho que también es una "forma de luchar contra empresas carroñeras y filonazis como Desokupa", mientras que Ione Belarra (Podemos) ha criticado la "falta de valentía" del Gobierno para "cambiar entero un sistema violento".
Tanto el PNV como Junts han subrayado que su voto a favor de la tramitación de esta ley no significa que apoyen el modelo de vivienda de la izquierda, el cual, en su opinión, ha agravado el problema habitacional en España por la inseguridad jurídica que ha generado entre los pequeños propietarios.
La parlamentaria del PNV Pilar Vaquero ha avanzado que presentará enmiendas que no solo afectarán a la LAU, sino que intentarán responder a la necesidad de hacer "retoques" a la ley de vivienda.
En esa línea, Marta Madrenas (Junts) ha advertido de que su grupo hoy "abre la puerta a negociar, nada más y nada menos" y ha avanzado que no aceptará "equiparar una habitación con una vivienda", al tiempo que ha reclamado a los socios del Gobierno que "dejen de liar más la cuestión con retoques legislativos de poco calado y aumenten el parque público de vivienda".
Desde Vox, Carlos Hernández Quero ha responsabilizado del "drama" de la vivienda a cinco años de legislación "fallida" y "devastadora", mientras que el 'popular' Joan Mesquida ha sostenido que el "intervencionismo sectario" del Ejecutivo de Pedro Sánchez es lo que la ha llevado del número diecisiete al primero en la lista de problemas que más preocupan a los españoles.
También el socialista Guillermo Hita ha explicado el voto favorable de su grupo para que esta iniciativa "pueda ser debatida y mejorada" y ha recordado que el Gobierno sigue trabajando para publicar en el BOE antes de fin de año el decreto de creación de un registro único para los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. EFECOM