El Pleno del TC será quien decida sobre la admisión del amparo solicitado por Delgado por la anulación de su ascenso

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado la avocación solicitada desde sus dos salas de los amparos presentados por la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado y el fiscal Eduardo Esteban Rincón contra las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que anularon el ascenso de ella a la máxima categoría de la carrera fiscal y el nombramiento de él como fiscal de sala coordinador de menores, según fuente jurídicas consultadas por Europa Press.

La admisión a trámite de estos asuntos debía haber quedado resuelta en las salas Primera y Segunda que se convocaron a principio de diciembre, pero tres magistrados de la minoría conservadora del TC solicitaron que se viera en Pleno, propiciando así que se elevaran. Finalmente, ha sido este martes cuando el Pleno de 12 magistrados ha acordado asumir el estudio de la admisibilidad para decidir sobre este extremo más adelante.

LOS LETRADOS EN CONTRA

Desde la sede de Domenico Scarlatti anticipan que el verdadero debate se dará entonces, cuando los magistrados decidan si los admiten. Y ello porque los informes emitidos por los letrados del TC se oponen al entender que no se dan las circunstancias que permitirían darles entrada al Constitucional, esto es, que las sentencias recurridas sean arbitrarias. En este caso, los informes defienden que los fallos sobre Delgado y Esteban Rincón estaban suficientemente argumentados.

En sucesivas sentencias, el Supremo anuló la promoción de Delgado a fiscal de sala, concretamente de la Sala de lo Militar del TS, al apreciar una "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, para encumbrar a su antecesora; así como el posterior nombramiento como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Sin embargo, finalmente fue ratificada para este último, puesto que ostenta en la actualidad.

En cuanto a Esteban Rincón, el TS anuló por primera vez su designación como fiscal coordinador de menores en abril de 2022 al considerar que Delgado no lo había justificado suficientemente. Tras ello, la otrora jefa del Ministerio Público aportó un escrito explicando sus razones y volvió a nombrarlo, pero la Asociación de Fiscales (AF) y otro candidato, José Miguel de la Rosa, volvieron a impugnar y el TS les dio otra vez la razón en julio de ese año.

El Supremo recordó que el primer nombramiento se anuló por "falta de motivación del acto administrativo en lo específicamente atinente a la muy notable diferencia de experiencia y méritos en materia de derecho de menores" y afeó que sobre este mismo extremo la nueva motivación de Delgado "solo" decía que, "en el fondo, no es relevante". "No se ha satisfecho en absoluto lo exigido", recriminó la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

LA CONDENA A UNA ETARRA

En la misma línea, las fuentes consultadas indican que el Pleno ha aceptado igualmente la avocación del recurso de amparo presentado por Iratxe Sorzábal contra la sentencia del TS que confirmó otra de la Audiencia Nacional (AN) con la que fue condenada a 24 años y medio de cárcel por dos explosivos colocados en el Palacio de Justicia y en una farmacia propiedad del marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios en la ciudad de Gijón el 2 de noviembre de 1996.

Sorzábal alegaba que, tras ser detenida en régimen de incomunicación por parte de la Guardia Civil, fue obligada mediante torturas a declarar contra su voluntad dos veces en dependencias policiales. Añadió que, ya en sede judicial, pero aún en periodo de incomunicación y sin poder disponer de letrado defensor de su elección, negó las declaraciones policiales y denunció las torturas.