Una España con leyes autonómicas de memoria a varias velocidades

Sol Carreras

Madrid, 14 dic (EFE).- Con la decisión del Govern balear de mantener la ley autonómica de memoria tras romper sus acuerdos con Vox, y la aprobación también esta semana de una ley de memoria en Cataluña, son diez las comunidades que cuentan con este tipo de normativa, mientras que en otras tres sigue vigente su derogación.

En concreto, Aragón, la Comunidad Valenciana y Cantabria son las comunidades que derogaron sus respectivas leyes de memoria, en las dos primeras cuando el PP y Vox eran todavía socios de Gobierno, y en la tercera a iniciativa exclusivamente de los populares.

En Castilla y León se inició el proceso para derogar la ley de memoria autonómica y sustituirla por una denominada ley de "concordia", pero el Gobierno del popular Alfonso Fernández Mañueco dio marcha atrás con este plan tras romper su coalición con Vox.

Por otra parte, en Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Galicia no hay ninguna normativa autonómica sobre memoria democrática, lo que dibuja una España a varias velocidades en esta materia.

Eso sí, en todo el territorio español rige la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022 por el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene la determinación de recurrir ante el Tribunal Constitucional la derogación de leyes de memoria autonómicas, como ya ha hecho en el caso de Aragón y podría hacer en la Comunidad Valenciana y Cantabria si no se llega a un acuerdo con estos ejecutivos.

Estos son los detalles del mapa autonómico de leyes de memoria:

ANDALUCÍA

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada en marzo de 2017, cuando gobernaba el PSOE, y ha seguido vigente desde entonces pese a que el actual presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP, se comprometió a sustituir esta norma por una de "concordia" en su pacto de investidura con Vox en 2019.

Ahora el PP gobierna en Andalucía con mayoría absoluta y no hay cambios previstos.

ARAGÓN

En Aragón, PP y Vox derogaron en febrero de 2024, cuando aún eran socios de Gobierno, la ley autonómica de memoria aprobada en 2018, con el socialista Javier Lambán como presidente, y aprobaron después un "plan de concordia", sin ninguna mención a la guerra civil o el franquismo.

El Gobierno de España recurrió la derogación de la ley ante el Tribunal Constitucional, que en junio decretó su suspensión cautelar.

ASTURIAS

Asturias cuenta con una ley autonómica de memoria aprobada en marzo de 2019, durante el Gobierno del socialista Javier Fernández, y que sigue adelante con el actual Gobierno autonómico de PSOE e IU pese a la presión ejercida por Vox, que con el apoyo del PP reclamó hace un año su derogación.

BALEARES

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, tenía previsto derogar el pasado martes la ley de memoria autonómica, pero ese mismo día pactó con la izquierda mantener esta norma tras romper negociaciones con Vox, que hasta entonces era socio parlamentario del PP en esta comunidad.

CANARIAS

Canarias tiene una ley de memoria que entró en vigor en 2018, con Coalición Canaria al frente del Gobierno, partido que sigue gobernando en la actualidad.

CANTABRIA

En Cantabria gobierna en solitario el PP, que en su programa electoral ya recogía la intención de derogar la ley autonómica de memoria histórica y democrática de 2021, algo que acaba de hacerse efectivo tras ser aprobado en el Parlamento regional con los votos a favor de los populares y de Vox.

CASTILLA-LA MANCHA

En esta comunidad, gobernada por el socialista Emiliano García-Page con mayoría absoluta, no hay ley autonómica de memoria y el propio Gobierno regional ha afirmado que no ve necesidad de promulgar una, al considerar correcta y representativa la norma estatal.

CASTILLA Y LEÓN

Una de las consecuencias de la ruptura de los gobiernos autonómicos entre el PP y Vox ha sido el fin del recorrido parlamentario en Castilla y León de la denominada proposición de ley de "concordia", que había sido acordada entre ambos partidos.

El PP y el PSOE tumbaron esta iniciativa en las Cortes el pasado mes de septiembre, durante su toma en consideración, por lo que sigue vigente el decreto de Memoria Histórica y Democrática aprobado en 2018, durante el Gobierno del popular Juan Vicente Herrera.

CATALUÑA

El Govern del socialista Salvador Illa aprobó el pasado martes el proyecto de ley de memoria democrática, una norma ya impulsada por el Ejecutivo que presidió Pere Aragonès (ERC) pero cuyo proceso legislativo decayó con el fin de la legislatura.

EXTREMADURA

Extremadura aprobó en 2018 una ley autonómica de memoria bajo el mandato del socialista Guillermo Fernández Vara, cuya derogación pidió Vox tras alcanzar en esta legislatura un pacto de Gobierno con el PP.

Tras la ruptura con Vox, el Gobierno de la popular María Guardiola ha asegurado que esta derogación no está encima de la mesa de trabajo.

GALICIA

No tiene ley propia.

LA RIOJA

En La Rioja hay una ley autonómica de memoria que fue aprobada en 2022 con los votos a favor del PSOE y Grupo Mixto y el rechazo de PP y Ciudadanos y que el actual Gobierno autonómico (con mayoría absoluta del PP) no tiene previsto derogar ni modificar.

MADRID

No tiene ley propia.

REGIÓN DE MURCIA

No tiene ley propia.

NAVARRA

Navarra fue pionera, ya que el Parlamento aprobó en 2013 la ley foral de reconocimiento y reparación moral de los ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936.

A ella se sumó en 2018 la aprobación de la Ley Foral de Lugares de la Memoria Histórica de Navarra.

Ambas normas siguen en marcha.

PAÍS VASCO

El Parlamento Vasco aprobó en septiembre de 2023 una ley de memoria con el único rechazo de los diputados de PP, Vox y Ciudadanos.

COMUNIDAD VALENCIANA

El Govern del popular Carlos Mazón aprobó en julio, cuando todavía gobernaba en coalición con Vox, una proposición de ley de la "concordia" que sustituye a la ley autonómica de memoria aprobada en 2017 bajo el Gobierno de izquierdas del Botànic.

El Gobierno de España planteó al Ejecutivo autonómico un proceso de diálogo, aún en marcha, con el objetivo de revisar esta norma y evitar recurrirla ante el Tribunal Constitucional. EFE