Madrid, 13 dic (EFE).- Una de las acusaciones populares en la causa que investiga al exministro de Transportes Jose Luis Ábalos en el Supremo ha recurrido ante el CGPJ la decisión del magistrado de no permitir, a excepción del PP, la entrada en Sala a las acusaciones populares en las comparecencias ni de recibir notificaciones.
La Asociación Liberum ha presentado un escrito ante el Consejo General del Poder Judicial contra la decisión del magistrado Leopoldo Puente de excluir a las acusaciones populares de asistir a las comparecencias de los investigados y testigos, ya sea en otra sala o mediante una pantalla, así como a no recibir las notificaciones, un paso que también se prevé que den el resto de acusaciones.
Por eso reclama que se "revise e intervenga" en las formas seguidas por el Tribunal Supremo y "se lleven a cabo las actuaciones necesarias para corregir las decisiones señaladas que impiden la defensa en el libre ejercicio de la profesión de la abogacía".
Todo ello deriva de lo ocurrido este jueves cuando el magistrado prohibió a seis de las acusaciones populares personadas en el Tribunal Supremo, a excepción del PP, que estén presentes en la Sala para seguir la declaración del exministro.
Previamente, Puente había acordado que el PP represente y ejerza la dirección letrada de las siete acusaciones populares personadas, por ser la primera en hacerlo, para evitar dilaciones indebidas. Ayer, las acusaciones pidieron al juez quedarse a la declaración, aunque no interviniesen, pero Puente les negó esa posibilidad.
Los abogados de la asociación, Alexis Aneas e Inmaculada Jaén, denuncian en su escrito, al que ha tenido acceso EFE, las "severas limitaciones" que "no se han incluido en la parte dispositiva del auto de unificación de las acusaciones, ni se ha fundamentado en norma procesal alguna".
Consideran que la decisión del magistrado "supone de facto la abolición del derecho a ejercer la acción popular" y es al mismo tiempo un "impedimento al libre ejercicio de la profesión de la abogacía".
"Sin la capacidad de escuchar en tiempo real las declaraciones de los investigados y/o testigos en fase de instrucción, amén de no recibir las notificaciones en el momento de emitirse las mismas por el órgano judicial, sino supeditar todo ello a la voluntad de un tercero, y por ende, de su subjetividad interpretativa, se dificulta significativamente, sino totalmente, la capacidad de trabajo del resto de acusaciones populares", asegura la asociación.
Dicho de otro modo, "difícilmente se puede encontrar otro escenario más palmario que acredite la desigualdad de armas entre estas representaciones procesales". EFE