Una acusación popular pide al Supremo que no deje en manos del PP la dirección letrada en la causa contra Ábalos

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La acusación popular que ejerce Iustitia Europa en la investigación que se sigue contra el exministro José Luis Ábalos ha pedido a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que corrija la decisión del juez instructor de dejar en manos del PP la dirección letrada de las siete acusaciones populares personadas en el caso.

"Venimos a solicitar del Tribunal Supremo que garantice nuestro derecho a estar presentes en estrados durante las actuaciones procesales, aún sin intervención directa, con el fin de salvaguardar la efectiva participación de nuestra entidad en el ejercicio de la causa", señala Iustitia Europa en un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado este mismo miércoles, horas después de que trascendiese el criterio del juez Leopoldo Puente.

El magistrado del Supremo explicó que unificaba las siete acusaciones populares existentes --PP, Vox, Manos Limpias, Liberum, Hazte Oír, ADADE e Iustitia Europa-- al considerar que el ejercicio de todas ellas "perturbaría" el "buen orden del proceso" y conllevaría dilaciones indebidas. Y, ante la ausencia de acuerdo entre las acusaciones populares acerca de cuál debería asumir la representación, optó por designar al PP siguiendo el criterio que consideró "más objetivo": cuál se personó antes en la causa.

De cara a la declaración voluntaria como investigado de Ábalos, prevista para mañana jueves, Iustitia Europa defiende que dicha unificación de las acusaciones populares "no puede suponer la exclusión total de las entidades unificadas del control y supervisión de las actuaciones procesales".

Esta acusación popular insiste en que, aunque "se ha justificado la unificación de representaciones para evitar dilaciones indebidas", ello no puede derivar en la privación de su posibilidad de estar presentes en los estrados y de supervisar activamente las actuaciones procesales.

A su juicio, "esta limitación podría generar una situación de indefensión, vulnerando los principios de igualdad de armas y contradicción, que son pilares fundamentales del proceso penal y derechos fundamentales", por lo que pide a la Sala de lo Penal del Supremo que enmiende al juez.

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