Madrid, 4 dic (EFE).- La presidenta de la patronal del sector asegurador español, Unespa, Mirenchu del Valle, confía en que "impere el sentido común" en la resolución del contrato de prestación de servicios sanitarios a los funcionarios a través de Muface durante los años 2025, 2026 y 2027, que se conocerá en los próximos días.
Las aseguradoras interesadas en el contrato de Muface, que dejaron desierta una primera convocatoria por considerar insuficiente la prestación económica ofrecida por el Gobierno, tenían de plazo hasta este miércoles para responder a una consulta de mercado hecha por Función Pública y explicar el pago que consideran que deberían recibir, entre otras cuestiones.
En declaraciones a EFE, del Valle ha reconocido que se trata de una cuestión "compleja", pero ha insistido en que la colaboración público-privada es "la fórmula más adecuada" para afrontar algunos retos que tiene España como sociedad, como la atención sanitaria, y "Muface siempre ha sido un buen ejemplo de eso".
Con este y otros acuerdos con aseguradoras para atender a determinados colectivos en la sanidad privada, como Mugeju (jueces y fiscales) e ISFAS (militares) lo que se consigue es contribuir a desahogar a la Seguridad Social, ha recordado del Valle.
Las aseguradoras que atienden a estos colectivos han puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones la necesidad de que se actualizaran los términos económicos del contrato teniendo en cuenta el coste que asumen.
En el caso concreto de Muface, Asisa, DKV y Adeslas rechazaron la primera oferta del Gobierno, que implicaba una subida del 17,12 % de la prima respecto al contrato vigente, frente al 40 % que llegaron a solicitar las aseguradoras, que argumentan que no logran cubrir gastos.
"Como patronal, no podemos valorar esos datos", explica del Valle, que, en cualquier caso, recuerda que el coste medio per cápita de la atención en la sanidad pública se sitúa en unos 1.700 euros y el coste del funcionario que opta por la sanidad privada estaba en unos 1.050 euros.
"En esa escala tiene que haber un punto donde las partes puedan encontrarse", sentencia.
Preguntada por la necesidad de que existan servicios como esos, que benefician solo a determinados colectivos, Del Valle admite que en el marco de esa "colaboración público-privada" el sector del seguro ha llegado a plantearse ampliar la atención a otros colectivos, "porque las necesidades que tenemos en materia de salud son cada vez mayores".
Sin embargo, la posibilidad de que desaparezca Muface, que atiende a 1,5 millones de personas entre funcionarios y familiares, ha vuelto a debatirse después de que ninguna aseguradora quisiera asumir las condiciones planteadas por la Administración.
Al respecto, Del Valle se limita a señalar que si desapareciera el modelo de Muface el sistema público "está claro que tendría más presión".
En cualquier caso, no ha querido opinar sobre la prima que se debería ofrecer por paciente ni otros aspectos del nuevo concurso que, de revisarse, podrían hacer que las aseguradoras estuvieran dispuestas a prestar atención sanitaria a los funcionarios.
Ninguna aseguradora pujó por hacerse con el concierto sanitario de Muface para 2025 y 2026, que incluía un aumento del 17,12 % de la prima por asegurado, lo que situaría en 2026 la prima media anual en 1.208,81 euros, 176,69 euros más que los 1.032,12 euros actuales.
En total, se contemplaba una financiación de 3.521 millones, lo que suponía un incremento de 300 millones.
Se trataba, según explicaba en su día el Gobierno, de la mayor subida de la historia y contrasta con el 4,4 % de incremento medio de los últimos años, aunque siguió resultando insuficiente para las aseguradoras. EFEECOM