Albares pide al PP no hacer "disputa política" de la oficialidad del catalán tras primera reunión con Metsola

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha pedido este miércoles desde Bruselas al Partido Popular que no haga "disputa política" de los esfuerzos para avanzar hacia la oficialidad del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea y, entre tanto, lograr que el Parlamento Europeo acepte el uso de las tres lenguas cooficiales en sus sesiones plenarias en base a un acuerdo administrativo como los que ya existen con otras instituciones comunitarias como el Consejo y la Comisión.

"He puesto de relieve que no es un asunto de política partidista (...) sino de identidad nacional española, una identidad que es plurilingüe", ha indicado Albares en declaraciones a la prensa a la salida de una reunión con la presidenta de la Eurocámara, la conservadora maltesa Roberta Metsola, para abordar esta cuestión, aunque el encuentro ha finalizado sin resultados concretos ni un calendario para los próximos pasos.

Albares ha afirmado estar "abierto a hablar con el Partido Popular Europeo" y con el Partido Popular español en particular, de cuyo líder, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado que "se ha expresado en muchas ocasiones en gallego". "No debe verse como una victoria de unos españoles sobre otros", ha pedido el ministro, quien ha dicho no entender que "se pueda ver una especie de confrontación política".

La reunión entre ambos ha durado unos veinte minutos durante los que ambos han abordado la cuestión de las lenguas cooficiales, pero también el nuevo ciclo político en las instituciones de la UE y la situación tras la catástrofe de la Dana en el sur y este de España, así como los mecanismos de asistencia que ofrece la UE.

También ha permitido a Albares expresar su determinación a "hacer todos los esfuerzos posibles" para que "todos los eurodiputados españoles, sean del partido que sean", se sumen a la reivindicación de que se permita intervenir en catalán, euskera o gallego en las sesiones plenarias de la institución.

ESTUDIO DEL IMPACTO

Metsola, a quien el jefe de la diplomacia española ha pedido reiteradamente por carta que examine la petición, ya dio el pasado octubre un primer paso al encargar al grupo de trabajo de la Mesa encargado de los servicios lingüísticos que lleve a cabo un estudio de impacto sobre las consecuencias prácticas, legales y económicas de tal medida.

El encargo está en manos del grupo de trabajo de la Mesa sobre Lenguaje de los Ciudadanos y Servicios Lingüísticos en el que participan cinco vicepresidentes de la Eurocámara, entre ellos dos españoles: Esteban González Pons (PP) y Javi López (PSC). Metsola no puso un calendario al grupo de trabajo, si bien desde su equipo apuntan que el objetivo es tener conclusiones en meses, sin agotar la legislatura.

Fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press indican que los trabajos técnicos preparatorios están marcha, pero precisan que el grupo responsable del estudio no se ha reunido todavía y que se baraja que el primer encuentro tenga lugar a mediados de diciembre.

En este contexto, Albares ha defendido en su encuentro con la prensa que la lenguas cooficiales ya se usan en otras instituciones comunitarias gracias a acuerdos administrativos que "han estado en vigor con gobiernos de distinto signo" sin que haya habido "ningún problema ni ninguna queja"; por lo que considera que la "excepcionalidad" de la situación en la Eurocámara "hay que cerrarla".

"No hemos hablado de plazos", ha dicho Albares, no obstante, apuntando que el proceso ahora es un "asunto de soberanía del Parlamento Europeo" que seguirá el trámite "normal" y no ha querido aventurarse a poner fecha para una eventual discusión en la Mesa que permitiera después elevar el asunto a una votación en sesión plenaria.

PROCEDIMIENTO PARALELO EN EL CONSEJO

Tampoco ha querido hablar de plazos el ministro español sobre el procedimiento que, en paralelo, busca impulsar el Gobierno en el seno del Consejo de la UE para que los Veintisiete acepten reformar el reglamento común europeo que establece cuáles son las lenguas oficiales de la UE, lo que normaliza su uso en las instituciones y garantiza que las arcas comunitarias asumen el coste de la oficialidad.

La modificación genera dudas en varios países por distintas razones, tanto por su coste como por sus consecuencias prácticas (la viabilidad de contar con personal suficiente) y por su impacto legal para otros Estados miembro con otras lenguas minoritarias que podrían ver en el caso español un precedente que seguir.

Por ello, cuando se ha abordado a nivel de ministros la petición del Gobierno --uno de los compromisos del PSOE con Junts de cara a la nueva legislatura-- otras delegaciones han pedido informes de los servicios legales del Consejo y una evaluación de impacto antes de volver a debatirlo a nivel ministerial.

Así las cosas, la discusión no ha vuelto a la agenda de los ministros desde el primer semestre de este año, bajo presidencia belga, y el ministro ha asegurado que España quiere mantenerlo en el debate europeo "el tiempo que sea necesario" aunque no ha aclarado si ello ocurrirá en el próximo semestre, cuando Polonia tome el relevo de Hungría como presidencia rotatoria que marca la agenda de las reuniones.

Para sumar apoyos, el Gobierno ha ofrecido a los socios que España asuma el coste total del uso de las tres lenguas cooficiales y defiende que es en todo caso una "excepcionalidad" española no extrapolable a otros países, ya que el catalán, gallego y euskera están reconocidos por la Constitución, se usan en el Congreso y en el Senado y lo hablan varios millones de personas.