Bruselas, 2 dic (EFECOM).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dijo este lunes que España se opone a la propuesta de compromiso presentada por el gobierno húngaro de Víktor Orbán sobre la directiva de prácticas laborales en la Unión Europea puesto que conllevaría un recorte de derechos.
"Es inaudito que una directiva que tiene que ver, nada más y nada menos, con propiciar derechos laborales y dar seguridad a las personas que se encuentran (...) en las prácticas formativas vean laminados sus derechos", dijo Díaz a su llegada a un consejo de Empleo de la UE en el que los Veintisiete intentarán lograr un acuerdo sobre la directiva.
La vicepresidenta segunda española dijo que España votará "radicalmente en contra" de la propuesta de compromiso que ha presentado Hungría, que ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE, puesto que propicia un "recorte de derechos", y aseguró que ha trabajado con muchos otros socios comunitarios para que se sumen a esta negativa.
Según el ministerio de Trabajo, además de España, tampoco pueden apoyar la propuesta húngara Alemania, Austria, Portugal, Bélgica, Rumanía, Chipre, Eslovenia, Bulgaria y Lituania.
Díaz explicó que la propuesta húngara incluye una lista de exclusiones, de manera que "el aprendizaje y todas las prácticas formativas derivadas de las políticas activas de empleo y muchas otras quedan excluidas" de la protección que proporcionaría la directiva y, en este sentido, es "radicalmente opuesta" al modelo de protección de derechos.
Consideró asimismo que va a "propiciar un efecto de sustitución" que haga que empeoren las condiciones que ciertos trabajadores tienen a día de hoy al permitir acogerse a fórmulas "degradadas" y criticó que está ligada al "fallido" modelo "low cost" (de bajo coste), de precarización de las relaciones laborales y bajas cotizaciones.
"Ir al modelo que se está desarrollando hoy por la presidencia Orbán es justamente el modelo de las relaciones laborales degradadas, es decir, 'low cost' y con empresas insanas. Por lo tanto, no se puede competir a la baja. El mandato que hoy da esta directiva es muy malo para el conjunto de los trabajadores en formación y las trabajadoras del conjunto de Europa", insistió.
La directiva que hoy debaten los ministros fue presentada en marzo pasado por la Comisión Europea con el objetivo de garantizar en toda la UE que las prácticas no se utilicen para camuflar puestos de trabajo regulares, mediante controles e inspecciones, y que los becarios tengan las mismas condiciones que los empleados, incluido el pago, salvo que el trato diferenciado esté justificado por razones objetivas.
La propuesta del Ejecutivo comunitario incluye a todos los becarios, con independencia de su situación laboral, incluidas las prácticas que forman parte de los planes de estudios de educación formal y las necesarias para acceder a profesiones específicas.
En la UE había 3,1 millones de personas en prácticas, de los que solo 1,6 millones recibían una remuneración, según datos de 2019 de la Comisión Europea. EFECOM
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