Madrid, 28 nov (EFE).- Nervis Vilallobos, ex dirigente del Gobierno venezolano de Hugo Chávez entre 2001 y 2006 e investigado en varias causas en España, Andorra y EE.UU., ha denunciado que estuvo trece meses en prisión después de negarse a hablar con policías, jueces y fiscales en contra de Podemos, la familia Pujol, la banca Madrid, la banca andorrana o la empresa Duro Felguera.
Villalobos ha protagonizado esta jueves la sexta comparecencia de la comisión parlamentaria denominada operación Cataluña que indaga sobre la existencia de una presunta trama parapolicial orquestada por el PP para atacar al independentismo.
El citado no figuraba en la lista inicial de comparecientes acordada, pero su nombre se incorporó la semana pasada después de que el exjefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional Marcelino Martín Blas aportase a la comisión un documento que demostraría que efectivos de la bautizada como policía patriótica le interrogaron para buscar pruebas contra la financiación de Podemos.
Además, su nombre se vinculó también en la comisión con el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, pues fue este magistrado el que, según ha denunciado Villalobos demoró su puesta en libertad pese a una de la causas relacionadas con causa con la petrolera venezolona PDVSA quedó archivada.
Durante dos horas de preguntas y respuestas, el exministro venezolano de Energía con Hugo Chávez -fue cesado en 2006 y en 2014 se trasladó a España- ha mostrado su confianza en la justicia, ha dicho que no conoce a ningún político español y ha aprovechado para relatar el "calvario" y la "persecución" que ha asegurado padecer desde que en 2015 le llamaron para hablar de las cuentas que tenía abiertas en la banca Andorrana y en la banca Madrid.
Ha asegurado que fue el inspector de Policía Bonifacio Díez, investigado en el caso Kitchen, quien contactó con él y le citó en unas cinco ocasiones en hoteles de Madrid. En uno de estos encuentros le dio una carpeta con datos de dirigentes de Podemos para que averiguara si la petrolera les había hecho algún pago.
Él le respondió al agente, ha sostenido ante los diputados, que no sabía ni quiénes eran, a lo que el inspector le prometió que si cooperaba con la Policía le ayudarían a conseguir la residencia en España y la nacionalidad de forma "casi inmediata".
En otro momento, ha relatado el primer encuentro en febrero de 2016 con el entonces fiscal anticorrupción José Grinda que le pide que sea "testigo de cargo".
"Yo no tengo nada que aportar en contra del Banco Madrid. No tengo nada que aportar en contra de la empresa (...) Para mi cooperar es aportar, no es inventarme lo que no sé", dice que le respondió y que el exfiscal perdió "el control" y dio "dos puñetazos en la mesa".
A continuación, ha asegurado que Grinda le amenazó: "Si usted no va a cooperar conmigo, entonces aténgase a las consecuencias. Va a pasar a ser de testigo a investigado y a terminar en la cárcel".
El compareciente ha lamentado que esa advertencia se cumplió hasta en dos ocasiones que estuvo en prisión por un tiempo de 13 meses, porque a pesar de que la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela no aceptó la detención solicitada, finalmente se inhibió y envió la causa a un juzgado de Plaza de Castilla, del que es titular Juan Carlos Peinado.
"Entonces se me detiene y cuando la Audiencia Provincial me da la libertad me vuelven a detener", ha recordado Villalobos, antes de reiterar que en los últimos nueve años ha sufrido un "calvario" y de defender que él no ha lavado dinero de ninguna actividad. "Los informes de la UDEF son falsos, están manipulados", ha denunciado.
Respecto a la familia Pujol, Villalobos ha dicho que conoció a uno de los hijos en prisión, pero que no conoce ninguna información sobre ellos, aunque se considera un "daño colateral" de la denominada operación Cataluña.
"Mi calvario comienza porque tengo cuentas en Banca Madrid y Banca Andorrana", ha replicado al diputado de Vox que ha cuestionado que no tenga nada que ver en este caso y que su presencia en la comisión se justifica por la necesidad de algunos grupos de "desacreditar" al juez Peinado. EFE