Madrid, 28 nov (EFECOM).- La organización sin ánimo de lucro Ecodes y la Federación Española de Consumidores y Usuarios CECU han pedido este jueves la prohibición del alquiler para las viviendas menos eficientes, que podría plantearse como parte de una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) o dentro de leyes autonómicas.
Señalan que este tipo de medidas se han aplicado ya en países como Francia y Bélgica, en los que se considera que una vivienda poco eficiente no es una vivienda digna.
Así lo proponen en un informe en el que estudian la relación entre los precios del alquiler y la factura energética en tres ciudades de diferentes zonas climáticas de España: Santander, Madrid y Málaga.
Con el apoyo técnico del Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción (IETCC-CSIC), el estudio concluye que muchos de los hogares podrían estar dedicando más de un 30 % de sus ingresos a sus facturas energéticas y su alquiler.
Por ello, proponen también desgravaciones en el IRPF dirigidas a propietarios con menos de tres inmuebles en propiedad que mejoren la eficiencia energética de las viviendas que alquilan hasta, al menos, la calificación energética D y las incluyan en el mercado del alquiler por debajo del rango del índice de precios de viviendas que se arriendan.
También piden programas de ayuda específicos para las áreas vulnerables de las ciudades, liderados desde las administraciones públicas y la sociedad civil, tras corroborar el mal estado del parque residencial en el que vive buena parte de la población con menores rentas.
Asimismo, consideran necesario otro tipo de programas para captar vivienda en desuso o turística e incluirla en alquiler social, destinando partidas para la rehabilitación energética de las mismas.
Además, lamentan que, tras haberse dedicado importantes cantidades de dinero público a lograr la rehabilitación del parque edificado, un propietario que se haya beneficiado de esas ayudas pueda subir el precio del alquiler de una forma importante.
Otra de sus propuestas pasa por hacer un seguimiento activo de las viviendas que abandonan el mercado del alquiler, evitando una traslación de las que se encuentran en peor estado a modelos de alquiler irregulares.
De acuerdo con el estudio, el 45 % de los hogares alquilados en Madrid, un 32 % de los de Málaga y un 1 % de los de Santander podrían estar dedicando más de un 30 % de sus ingresos a sus facturas energéticas y su alquiler, agravando la situación de zonas tensionadas.
Así, señala que dos tercios de las zonas con mayores consumos energéticos agrupan también los alquileres más altos y los ingresos más bajos, haciendo inviable la vida en unas condiciones dignas; y lamenta que el mal estado de las viviendas sea una causa más del empobrecimiento de los inquilinos. EFECOM