Expertos en vivienda afines a ERC y Vox coinciden en pedir más recursos y cambios fiscales

Madrid, 26 nov (EFE).- Los expertos en vivienda que han comparecido este martes en el Congreso a petición de ERC y de Vox han alertado de la falta de presupuesto público para abordar este problema y han propuesto cambios fiscales y medidas para limitar la adquisición de segundas residencias.

Para el experto afín a ERC, Josep María Aguirre i Font, profesor agregado de Derecho Administrativo de la Universitat de Girona, el núcleo del problema de la vivienda en España reside en el retroceso de recursos públicos durante los últimos 20 años.

Según sus datos, la inversión del plan estatal de vivienda en 2025 es inferior a la de hace dos décadas, lo que impide a las comunidades ejercer sus competencias.

Como ejemplo ha puesto a Cataluña, que recibía en 2010 transferencias del plan estatal por valor de 107 millones anuales, mientras que dese 2018 a 2025 recibe 50 millones anuales, una cifra que ha considerado "ridícula".

En su opinión, la solución a largo plazo pasa por un pacto social y político en materia de vivienda que se traduzca en una estabilidad normativa.

También en la dotación de recursos públicos en una cantidad "muy superior" a la dedicada hasta ahora, para apostar por un parque de alquiler social y por la rehabilitación, a la que se ha referido como el "reto olvidado que va a ser un problema en las próximas décadas".

Este experto ha criticado que el grueso del gasto público en materia de vivienda haya ido a parar, desde 2010 a 2023, a beneficios fiscales, como la reducción del IVA a la vivienda nueva, la reducción del IRPF a arrendatarios y la deducción por inversión en vivienda habitual, que desapareció en 2013, pero que -por el régimen transitorio- sigue suponiendo más de 753 millones anuales.

Ha explicado que en 2010 se gastaron más de 7.000 millones en beneficios fiscales, frente a los 1.400 millones de gasto directo; mientras que en 2023 se dedicaron 2.778 millones a beneficios fiscales y 997 a gasto directo, sin contar los 2.480 recibidos de los fondos europeos.

"Hay recursos, pero hay que reequilibrar más el gasto en beneficios fiscales y articular una política más ambiciosa", ha afirmado, tras señalar que la política fiscal debería gravar más la acumulación de vivienda e incentivar la producción.

En esa línea, ha abogado por articular nuevas líneas de préstamos que faciliten a los promotores la construcción de vivienda pública de alquiler y por garantizar reservas de suelo en zonas tensionadas.

En cuanto a las medidas a corto plazo para actuar contra la emergencia habitacional, ha defendido la intervención "razonable" de precios, la concertación público-privada y los seguros públicos de impago.

También, la intervención en alquiler turístico (21 % de IVA entre otras medias), en el de temporada y en las viviendas vacías, así como la limitación de compra de segundas residencias.

En este punto, Diego Vigil de Quiñones, registrador de la propiedad que ha comparecido a petición de Vox, ha propuesto limitar la adquisición de viviendas a ciudadanos extracomunitarios.

Este experto ha explicado cómo el "desembarco de ricos americanos en el barrio de Salamanca está generando un honda expansiva en Madrid que encarece los barrios limítrofes una barbaridad y a su vez los municipios de alrededor".

En su intervención, ha planteado además diferentes fórmulas para facilitar el acceso a viviendas en propiedad a familias que no pueden hacerlo en el mercado libre, entre ellas el "leasing inmobiliario", y para ley de vivienda.

También ha propuesto restringir el "alquiler lujoso" y usar la cesión del derecho de superficie, prevista en la reforma de la ley del suelo de 2007, como forma de alquiler indefinido; y contemplar que el presupuesto en infraestructuras pueda ir a gastos de urbanización.

Tras apuntar que, debido a la falta de presupuesto, en los últimos años el Estado ha pasado "de gran promotor a pequeño agente que se hace con unos pocos pisos para ponerlos en alquiler social", ha sostenido que eso no soluciona el problema y que "el discurso público que solo reclama el alquiler social es escaso".

Este experto ha incidido en el problema presupuestario y ha señalado que, por falta de recursos, no se ejercitan instrumentos legales existentes como los derechos de adquisición preferente en algunas comunidades autónomas.

Respecto a la política tributaria, ha abogado por supeditar los beneficios fiscales a "formas de tenencia y ocupación más estables".

En cuanto a la ley de vivienda, ha opinado que no se puede sostener que esté estropeando el mercado, cunado no se está aplicando prácticamente en ninguna comunidad, salvo en Cataluña.EFE