El que fuera jefe de Información de la Policía Germán Rodríguez Castiñeira ha asegurado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño le pidió que buscase los antecedentes policiales de los 69 diputados de Podemos, indicando que se habría negado alegando que eso era ilegal.
Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Rodríguez Castiñeira se ha expresado así en su declaración como investigado ante el magistrado que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de la formación morada.
El exdirigente de la Policía, que solo ha contestado a la Fiscalía y a su defensa, ha sostenido que se enfadó mucho con la petición de García Castaño, lo que provocó que éste echase marcha atrás y asegurase que la misma era una broma. Rodríguez Castiñeira, según apuntan las citadas fuentes, ha señalado que García Castaño no llegó a revelarle de quien venía la orden por encima de él.
LA QUERELLA DE PODEMOS
Podemos presentó una querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.