Las Palmas de Gran Canaria, 25 nov (EFE).- El 55 % de los menores que llegan solos a Canarias en pateras o cayucos podrían ser candidatos a refugio, asilo u otras figuras legales de protección internacional por huir de guerras, discriminaciones, persecuciones o violaciones graves de sus derechos, una situación esta última que se da en la gran mayoría de las niñas.
Es lo que desvela un estudio realizado durante el primer cuatrimestre del año por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a partir de 576 entrevistas a menores acogidos en los centros de Canarias, cuya principal conclusión ha expuesto en Casa África su asesora legal en España, Margarita de la Rasilla.
De la Rasilla ha intervenido este lunes en la nueva edición del seminario sobre migraciones Migratlantes en una mesa redonda titulada "Niños y niñas: cada segundo cuenta para la infancia", junto a representantes de Unicef, Save the Children y Amnistía Internacional.
La representante de ACNUR ha explicado que, con ese más de medio millar de entrevistas, han tratado de conocer las historias que hay detrás de estos niños que emigran solos y que, en la mayoría de los casos, más allá de cama y comida, precisan de una atención psicosocial urgente, sobre todo las niñas, colectivo que crece notablemente, ya que tanto en tránsito como en la ruta marítima canaria, la más mortífera, suelen ser víctimas de violencia sexual.
Para propiciar la detección temprana de los riesgos que afectan a estos supervivientes de graves vulneraciones de derechos, ACNUR y Save the Children ponen estos días en marcha en Canarias una herramienta dirigida no sólo a cubrir las necesidades individuales de cada uno de estos menores, sino a procurar que sean tenidos en cuenta en el lugar donde sean reubicados.
La especialista en infancia en movimiento de Save the Children, Bárbara González ha destacado que este trabajo, y la información que se recabe con los cuestionarios, con la que se pretende constituir un sistema telemático de gestión de casos, puede evitar también "traslados a ciegas", de forma que un menor que tenga familia en una comunidad autónoma española determinada no sea derivado desde Canarias a otra muy lejana.
Se trata, ha dicho, de una herramienta adaptada a un contexto de emergencia que aporta información de base con la que los traslados de este colectivo, el más vulnerable, se hagan con más garantías por una cuestión, no sólo de responsabilidad, sino también de eficiencia.
En esta mesa de debate la técnica de políticas de infancia de Unicef, Sara Casero ha subrayado que "la integración de estos menores pasa por identificar las vulnerabilidades de cada niño y niña", de ahí que sea preciso formar a los profesionales que les acompañan en los centros para que puedan identificar en cada caso indicadores de riesgo individualizados.
"Son niños cuya situación es excepcionalmente preocupante, que han realizado duras travesías de años desde que salieron de casa y, si no se les atiende, el sistema impacta en ellos negativamente. Desde 2021 venimos diciendo que el Gobierno canario necesita ayuda de la Administración estatal y de otras comunidades autónomas", ha aseverado.
Su compañera en Unicef, Marta Passerini, especialista en gestión de casos de protección humanitaria de la infancia, quien ha visitado recientemente las islas por invitación del Gobierno canario, ha destacado, tras conocer la realidad de centros de acogida de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro, "el increíble trabajo" que está haciendo esta comunidad autónoma con los menores migrantes.
"Tienen un sistema decidido a satisfacer las necesidades que se multiplican" y dan lugar a "un desafío profundo", ha referido, al tiempo que ha incidido en la importancia de identificar los riesgos específicos para tratar de la mejor manera posible las vulnerabilidades de estos niños a los que afectan, cada vez más, las crisis globales.
A juicio de Bárbara González, de Save the Children, los sistemas autonómicos que procuran acogida a estos menores migrantes no acompañados "deben adaptarse a los nuevos perfiles e incorporar la movilidad de estos chicos", dotarse de más recursos económicos y de expertos en mediación intercultural.
Además, habría que revisar la solidaridad entre comunidades autónomas y establecerse la corresponsabilidad de cada una de ellas, ha dicho. EFE
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