Palma, 23 nov (EFE).- Dos hombres y una mujer han sido detenidos como presuntos autores de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, por captar trabajadores en Colombia y obligarlos a trabajar en semiesclavitud como repartidores y vivir en condiciones extremas en Mallorca, por 3 euros la hora.
A los detenidos se les atribuyen los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, organización criminal, contra los derechos de los trabajadores, falsedad documental y amenazas, en esta operación policial que ha concluido tras cuatro meses de investigación, ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Baleares en un comunicado.
La investigación del grupo IV de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) comenzó a partir de información de un extranjero que alertó de un posible caso de explotación laboral.
Los agentes han logrado identificar un grupo criminal organizado, dedicado a captar trabajadores en Colombia para su explotación laboral en España, que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad económica de las víctimas en su país de origen, trasladándolas a Mallorca bajo falsas promesas laborales.
La organización les facilitaba el dinero para trasladarse a España, les aleccionaba sobre cómo comportarse y qué declarar en los controles policiales.
Una vez en España, eran obligados a cortar el contacto con sus familias y a eliminar su presencia en redes sociales, con el objetivo de aislarlos y enfocarlos únicamente al cumplimiento de las jornadas laborales.
Ya en Mallorca, les asignaban una cuenta de usuario de una empresa de entrega de pedidos a domicilio -que controlaba una miembro de la organización-, donde trabajaban en condiciones extremas, con jornadas laborales de 12 horas diarias sin ninguna libranza.
Mediante coacciones y engaños, la organización se quedaba con la mayor parte de sus ingresos, lo que dejaba a los trabajadores percibiendo apenas 3 euros por hora de trabajo.
Para mantener esta situación de "semiesclavitud", los delincuentes se aprovechaban de la situación irregular de los trabajadores, no formalizaban ningún contrato laboral ni ofrecían cobertura sanitaria, dejándolos en completa indefensión.
Además vivían en condiciones deplorables, con cuatro personas compartiendo una habitación y durmiendo en colchones en el suelo.
Los trabajadores eran trasladados a Inca, donde se les asignaba una motocicleta para realizar los repartos. En caso de accidente, únicamente se ocupaban del estado de los vehículos pero no atendían a las víctimas.
El cabecilla del grupo era conocido por su carácter violento. Ante cualquier sospecha de una posible investigación policial, presionaba a las víctimas para que regresaran a su país de origen o, en algunos casos, las expulsaba del domicilio, llegando incluso a dejar a familias con niños en situación de indigencia.
Su objetivo era lograr la total dependencia de las víctimas, aislándolas de cualquier apoyo familiar o social.
Otra investigada se encargaba de la logística del reparto y del control de las jornadas laborales, mientras que el tercero era quien gestionaba las cuentas bancarias de la organización y adquiría los vehículos utilizados en la trama criminal.
La operación policial concluyó el miércoles pasado, con la detención de los tres investigados: una de las detenciones fue en Inca y las otras dos en Palma. Además se incautaron las cuatro motos y un automóvil utilizados en la explotación laboral.
Los detenidos pasaron el viernes a disposición judicial y el juez ordenó el ingreso en prisión provisional del cabecilla. EFE
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